La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha confirmado
hoy lo que ya todo el mundo sabía: que el 28 de junio de 2009, el
entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya fue víctima de un golpe
de Estado.
Además ha dictaminado que el Gobierno de Roberto Micheletti
que le sustituyó fue ilegal y que la crisis causó 20 muertos, 12
atribuidos a las fuerzas de seguridad.
En su informe final, la Comisión también señaló que la decisión de
la Organización de Estados Americanos (OEA) de acompañar la consulta
popular que Zelaya pretendía celebrar el día de su derrocamiento, con
miras a instalar una Asamblea Constituyente, “minó la confianza de
diferentes sectores hondureños en el organismo internacional”.
La Comisión fue instalada el 5 de mayo de 2010 por el actual
gobernante hondureño, Porfirio Lobo, y carece del reconocimiento de
Zelaya, quien este mismo jueves, poco antes de la presentación
del informe, afirmó que no tenía de antemano una “opinión favorable” ni
esperaba “nada nuevo” del mismo.
El organismo, coordinado por el exvicepresidente de Guatemala
Eduardo Stein, presentó sus conclusiones en un acto al que asistieron
Lobo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, así como
funcionarios gubernamentales, diplomáticos y algunos antiguos miembros
del gobierno de Zelaya.
“Golpe de Estado”
“Consideramos que lo sucedido el 28 de junio del 2009 tiene las cuatro características (…) de un Golpe de Estado”, puntualizó la Comisión en su informe.
El documento identificó entre esas condiciones “que la víctima sea el
presidente u otra autoridad civil o militar que tenga el mando máximo
del Poder Ejecutivo de un país”, y “que el perpetrador del golpe haya
ejercido violencia o coerción contra la víctima para que abandone su
cargo”.
También “que la acción o acciones sean abruptas y rápidas”, y,
por último, que “esta acción se produzca en clara violación del
procedimiento constitucional para la destitución del Presidente”.
Los militares derrocaron a Zelaya y lo expulsaron a Costa Rica, en
pijama, la madrugada del 28 de junio de 2009, cuando intentaba celebrar
la consulta popular, declarada ilegal por varios órganos del Estado,
para instalar una Asamblea Constituyente que, según sus detractores,
tenía como objetivo abrir las puertas a la reelección presidencial.
El mismo 28 de junio, el Congreso Nacional conoció primero una
supuesta renuncia de Zelaya, pero luego lo destituyó y designó a su
titular, Roberto Micheletti, como nuevo presidente del país, en lo que
éste llamó una “sucesión constitucional”.
La Comisión señaló en su informe que la firma de Zelaya en el
supuesto documento de renuncia “es falsa”, según las investigaciones de
la Fiscalía.
Agregó que “después de someter a profundos estudios” la Constitución
hondureña y de “revisar las funciones del Congreso Nacional, se
concluye que este poder del Estado no tiene atribuciones para destituir
al presidente de la República ni para nombrar al sustituto”.
Por lo anterior, “colegimos que el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal
y que el Gobierno que surge entre el día 28 de junio del año 2009 y el
26 de enero del año 2010 es un Gobierno de facto”, afirmó la Comisión.
También enfatizó que la Constitución hondureña “carece de un
procedimiento claro” tanto “para resolver los conflictos entre los
poderes del Estado”, como para “tratar y resolver cuando un presidente o
un alto funcionario debe ser sometido a una investigación o a una
destitución”.
“Violaciones a los DDHH”
La Comisión indicó que durante la crisis, “la Policía y las Fuerzas
Armadas dieron muerte a un mínimo de 12 personas utilizando de forma
desproporcionada sus armas de fuego y gases tóxicos”.
“Se ha constatado que en siete de estas muertes las víctimas ni siquiera participaban en las manifestaciones”,
indicó el informe, que agregó que, “por otra parte, aproximadamente
ocho opositores fueron asesinados selectivamente por agentes del Estado
u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política
estatal de represión”.
En esos ocho casos “no se ha confirmado con certeza la autoría por agentes del Estado
o motivación política del asesinato, pero en algunos se han hallado
indicios racionales que sugieren” esa posibilidad, aunque tampoco “se
puede descartar una autoría o motivación privada”, agregó el informe
oficial.
La Comisión resumió que la información recabada durante su
investigación muestra que entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero
de 2010, cuando asumió Lobo producto de unas elecciones, “las
autoridades estatales de Honduras y sus agentes cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos“.
Ello, “con el objeto de reprimir a la oposición al Gobierno
instaurado el 28 de junio, en un marco general de impunidad estructural
y tolerancia por los mandos superiores”.
Fuente: publico.es
