La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) informó hoy de la orden de expulsión de siete cubanos de su centro de acogida en Málaga (sur español) y del programa de atención del que se beneficiaban, tras una agresión física entre ellos y amenazas al personal de esa institución, reporta EFE.Entre los expulsados está el expreso Carlos Martín Gómez, que hace unos días emprendió junto a cuatro familiares una huelga de hambre al no lograr alquilar un piso donde establecerse y tras alegar que sufría incomodidades en las dependencias donde se encuentran desde abril pasado y a las que hoy acudió la Policía ante la tensión vivida.
Otra expulsada es Sabina Martín Gómez, hermana de aquél y una de las “damas de blanco”, movimiento de mujeres que pretende luchar en Cuba por la liberación de sus familiares disidentes encarcelados.
La dirección del centro ha tramitado la “baja obligatoria” de estos cubanos, efectiva desde ayer por resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
No obstante, aún no se ha hecho efectiva la expulsión por la negativa inicial de los afectados a coger la copia de la orden, según informaron a Efe fuentes del centro.
El pasado jueves, los cinco cubanos anunciaron su decisión de iniciar la huelga de hambre y sacaron maletas y bultos al patio de uso común del centro, ante lo que la dirección medió para revertir esta postura “de fuerza innecesaria”, indicó la CEAR.
La institución explicó en un comunicado que los expulsados habían mantenido “continuos conflictos entre ellos, llegando a la agresión física” y que, “por motivo de una de estas disputas, la distribución de este grupo familiar por habitaciones se reajustó”.
Añadió que, además, se habían enfrentado en repetidas ocasiones al equipo técnico del centro, “llegando a proferir amenazas directas e indirectas, agresiones verbales y faltas manifiestas al respeto”.
La CEAR precisó que habían incurrido en otros incumplimientos de la normativa de convivencia “al introducir alcohol en el centro o exhibir armas blancas en el patio” y que por ello tres fueron apercibidos por escrito de la necesidad de cambiar su comportamiento para evitar la expulsión.
Agregó que la dirección del centro denunció ante el juzgado la aparición de dos vídeos en Internet donde estas personas hablaban de su situación y de las condiciones del lugar, “realizados a pesar de que la necesidad de salvaguardar la privacidad de las personas que residen en el centro prohíbe toda grabación”.
También denunció su “falta de compromiso” al abandonar los cursos formativos y al rechazar el trabajo de profesionales dedicados a ayudarles, y consideró que su actitud se había limitado “a reivindicar actuaciones y prestaciones más allá de las establecidas”.
En el centro residen otras 38 personas, solicitantes o beneficiarias de protección internacional en su mayoría.
Por el inmueble han pasado 78 de los excarcelados cubanos y familiares de éstos que llegaron a España en la misma situación de los hoy expulsados, merced al acuerdo entre el régimen castrista, la Iglesia católica cubana y el Ejecutivo español para la liberación de presos políticos y su traslado a este país.
