La Fiscal General de la Costa Rica, Luisa Ortega Díaz, calificó como contradictoria e incongruente la decisión de Costa Rica de negar la extradición del comisario jubilado de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Henry López Sisco, acusado por la llamada masacre de Yumare, ocurrida en 1986, y en la que murieron nueve personas.
En el programa de radio “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz indicó que la Dirección de Justicia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica informó al gobierno venezolano que fue rechazada la diligencia de extradición de López Sisco.
Explicó que la decisión de ese país se fundamentó en el hecho de que el exfuncionario ostenta la condición de refugiado, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Estatuto de Condición de Refugiados. En dicho documento se contempla que esa condición se le otorga a las personas perseguidas por razones políticas, de sexo, raza o religión.
Sin embargo, en el mismo dictamen se indica que el exfuncionario solicitado por el Estado venezolano es imputado por la presunta comisión de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de acto y documento y uso indebido de arma de fuego, los cuales son delitos comunes.
Argumentó que el mismo estatuto contempla que la mencionada condición no se le puede conceder a quienes son señalados por cometer un delito común.
Ortega Díaz resaltó que en este caso, López Sisco cometió un grave delito común: homicidio calificado.
Destacó que se violó el artículo 1 de la convención al darle la condición de refugiado a López Sisco, “por eso digo que es una decisión incongruente”.
En ese sentido, reiteró que el Ministerio Público rechaza tal decisión y consideró como una burla para el Estado venezolano el otorgamiento de la figura de refugiado a esa persona, por cuanto Costa Rica reconoce los delitos por los cuales se le persigue.
Aclaró que nunca se debatió la condición política de López Sisco, sino que el Ministerio Púbico investigó la masacre de un grupo de ciudadanos. Tras la investigación, fueron imputadas y acusadas varias personas por la presunta responsabilidad en la muerte de Luis Guzmán, José Silva, Ronald Morao, Dilia Rojas, Simón Romero, Pedro Jiménez, Rafael Quevedo, Nelson Martín Castellanos y Alfredo Caicedo.
Puntualizó que López Sisco, señalado por el caso, se evadió de la justicia venezolana, por lo que se pidió la orden de aprehensión en su contra y se solicitó la incorporación en el sistema de alerta roja de la Interpol, porque no se tenía la certeza del país en el cual se encontraba.
Una vez que se tuvo conocimiento de que estaba en Costa Rica se pidió la extradición.
Detalló que ese proceso se inicia cuando el Ministerio Público requiere a un tribunal de control la realización de los trámites pertinentes; dicha instancia eleva la petición ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual decide si es procedente o no.
Si la decisión es positiva se remiten las actuaciones al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, que finalmente hace la solicitud ante el país, donde se encuentra la persona.
Añadió que con ocasión a la acusación del Ministerio Público se realizó la audiencia preliminar en la que el general del Ejército retirado, Alexis Sánchez, admitió su responsabilidad y, en consecuencia, fue condenado a 13 años de prisión.
“Reconoció que el hecho ocurrió y que él participó del mismo y con eso se produjo la muerte de un grupo de personas. Es más, él pidió perdón a los familiares de las víctimas; un hecho que no tiene antecedentes en este país”.
A López Sisco también se le ha señalado de haber participado de la llamada Masacre de Cantaura en la que murieron 23 personas, 14 de ellas ajusticiadas con disparon en la nuca.
Sisco, quien desarrolla una cercana relación con Luis Posada Carriles a su paso por la DISIP, también fue parte de la turba fascista que asaltó la embajada de Cuba en Caracas durante el Golpe de Estado del 2002.
Allí acompañó a los agresores de la sede diplomática, acompañado de Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda y candidato presidencial de la oposición.
Sisco ingresó en la antigua PTJ en 1964, institución en la que estuvo un par de años, para luego ingresar a la DIGEPOL, organismo al cual pertenecía su padre y en el que éste escalaría a importantes cargos.
Tras su paso por la DIGEPOL, este personaje de la cuarta república se traslada a Estados Unidos, nación donde ingresa a la Escuela de Fort Bragg, sede del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica. Entre los años 60 y 70 se formaron en ese centro cerca de 2 mil soldados americanos para realizar acciones paramilitares en Vietnam y Cambodia.
Las operaciones del Centro de Entrenamiento de Guerra Psicológica estaban dirigidas a erradicar el comunismo.
El General William Yarborough era el ideólogo de sus estrategias de guerra no-convencional.
A su regreso a Venezuela ingresa en la DISIP y asume la creación de brigadas de intervención o grupos comando, dedicados a combatir a la guerrilla, de aquí en adelante se dieron a conocer sus actividades como “terrorista de estado”.
Sisco, era una suerte de sicario a sueldo de la Cuarta República. Sobre él no sólo pesan diversos delitos por las masacres de Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988), el Caracazo (1989),sino que se presume estaría vinculado con José Sánchez Masuco, organizando actividades de “autodefensa” (paramilitarismo) en el estado Zulia.
