TICOVISION – “Desde la perspectiva de Estados Unidos, cualquier movimiento retrógrado de los compromisos asumidos en el CAFTA firmado, sería considerado mala fe y generaría dudas en nuestro Congreso, sobre si América Central estaba lista para las responsabilidades de un tratado de comercio moderno”.
Ese mensaje es detallado en el cable de Wikileaks No. 05GUATEMALA659, el cual expone las presiones que funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala ejercieron sobre el gobierno –en ese entonces- de Óscar Berger y el Congreso de ese país, para lograr la aprobación de legislación sobre propiedad intelectual acorde con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC o CAFTA, por sus siglas en inglés).
El texto apunta que la aprobación en el Congreso guatemalteco -de legislación que reinstauró la protección de datos para fármacos y agroquímicos acorde con el TLC-, “fue la conclusión de un drama que duró varios años lleno de desinformación, conflictos de interés, política partidaria y una marcada falta de decisión, por parte de altas figuras políticas.
En total consumió más de nuestra atención a tiempo completo que cualquier otro tema en los últimos meses”.
Dicho cable data del 2005 y fue dado a conocer recientemente a través del sitio en Internet de Wikileaks, la organización que desde hace algún tiempo difunde información incómoda para el gobierno de Estados Unidos sobre temas como la pérdida de vidas humanas de la guerra en Afganistán, y que luego obtuvo acceso a una amplia base datos de cables confidenciales del servicio diplomático estadounidense.
Al respecto, el empresario y exprecandidato presidencial Román Macaya opinó que el cable demuestra que el capítulo de propiedad intelectual en Guatemala, especialmente en el caso de productos farmacéuticos, “era el corazón del TLC, tanto la extensión de patentes como la protección de datos de prueba. Explícitamente dice que mientras Guatemala no pase legislación que otorgue plazos de monopolio, en el Congreso estadounidense ni siquiera lo empezarán a discutir”.
“INCLINAR LA BALANZA”
El cable señala que la protección de datos de prueba, sin la cual información valiosa para elaborar los genéricos es de dominio público, fue brevemente eliminada de la legislación en el 2002 guatemalteca, pero fue reestablecida “después de un intenso cabildeo de la Embajada”, en abril del 2003.
Según los analistas de aquella embajada de Estados Unidos, la opinión pública guatemalteca era desfavorable a la idea de una mayor protección en los temas de propiedad intelectual, después de una serie de escándalos que sacudieron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y que tenían que ver con compra de medicamentos de marca.
“Urgimos al gobierno para que no hiciera nada que violara el acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o el texto negociado del CAFTA”, dice el cable.
En el 2004 el ministro de Salud, Marco Tulio Sosa, presentó un borrador de legislación para derogar la del 2003, con base en que restringía el acceso a los medicamentos genéricos. En su esfuerzo contó con el apoyo de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, mientras que el procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, “se sumó a la campaña y presentó una serie de recursos constitucionales que fracasaron”.
“Nos reunimos en varias ocasiones con el líder en el congreso de la coalición de Berger y explicamos el riesgo” que ese proyecto significaba para el CAFTA, menciona el cable.
Este agrega que los funcionarios de la embajada “repetidamente urgimos al Ejecutivo para que se asegurara de que nada pasara” y a inicios de agosto el embajador “explicó” al presidente Berger y al vicepresidente Stein por qué la iniciativa del ministro Sosa podría significar “un desastre” para el Tratado.
El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) organizó un desayuno para que asesores económicos de la embajada “discutieran” la protección de datos y las obligaciones del CAFTA con miembros del Comité Legislativo de Salud.
A inicios del 2005, el Poder Ejecutivo dijo a los representantes estadounidenses que prepararía nueva legislación y que estaría lista cuando el Congreso regresara a trabajar a mediados de enero.
En vista de que “esa fecha se acercaba y no había progreso evidente, a pesar de que reiteradamente nos reunimos con los designados por Berger para supervisar la nueva legislación”, el gobierno de Estados Unidos recurrió a una visita relámpago de Peter Allgeier, embajador sustituto del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
“Allgeier explicó clara y persuasivamente a Berger y su equipo gerencial por qué la protección de datos debía restituirse inmediatamente para evitar que el CAFTA saliera de la agenda del Congreso estadounidense, quizás de manera permanente”, dice el cable.
Bajo el subtítulo de “Blitzkrieg (“guerra relámpago”) de diplomacia pública”, los analistas detallan los esfuerzos propagandísticos en favor de los derechos de propiedad intelectual y protección de datos.
“Empezamos con columnistas y escritores editoriales de la prensa escrita”, luego el mismo Embajador colocó artículos de opinión y acudió a programas de radio y televisión, recordaron.
Añaden que “de manera metódica nos aproximamos” a los líderes de los principales partidos políticos y sus cuadros en el Congreso, para “derribar los mitos difundidos por los opositores a la protección de datos y los derechos de propiedad intelectual”.
En referencia a una visita en febrero del 2005 de Angela Ellard, de la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso estadounidense, el cable detalla que “puede que haya ayudado a inclinar la balanza con su claro mensaje de que el CAFTA probablemente moriría, si no se daba acción inmediata sobre la protección de datos”.
El CAFTA y la legislación sobre propiedad intelectual, finalmente fueron aprobados el 9 de marzo del 2005. El cable señala que durante los días anteriores, “mantuvimos contacto a través de teléfono celular con el Presidente del Congreso y los líderes de los tres partidos de oposición”.
¿PRESIONES EN COSTA RICA?
Al respecto, Renzo Céspedes, asesor en comercio internacional, sostiene que “siempre supimos que se dieron ese tipo de presiones políticas que no son sanas, sobre los gobiernos de la región”.
Céspedes explicó que “lo medular” de la negociación sobre propiedad intelectual estuvo en función de la protección de datos de prueba, tanto para agroquímicos como fármacos que quería Estados Unidos, “aún sin razones técnicas para justificarse. Sabíamos de esa presión política y que el lobby de las multinacionales en Estados Unidos se reflejaba en las mesas de negociación”, añadió.
Mientras tanto, para Macaya, quien durante la discusión del TLC en Costa Rica se ocupó precisamente de los temas de propiedad intelectual y de cómo afectarían el acceso a medicamentos genéricos, también queda demostrado lo central del tema en el Tratado, como “por qué no fue negociable a lo largo de todas las rondas; era evidente que Estados Unidos no se movía un ápice y que más bien los negociadores buscaban convencer al país de ceder ante lo que Estados Unidos quería”.
Macaya dijo no tener “la más mínima duda” de que ese nivel de injerencia mostrado sobre las autoridades guatemaltecas, se dio en todos los países, Costa Rica incluida.
“El nivel de oposición al CAFTA en Guatemala no le llegó a los tobillos al de Costa Rica; tuvimos manifestaciones que llenaron la Avenida 2 y el Paseo Colón. Si en un país sin tanta oposición hubo ese nivel de injerencia, cabe la lógica extrapolada de que aquí también se dio la injerencia”.
