La fiscalía de la ciudad alemana de Stuttgart abrió un caso contra el fabricante de armas Heckler&Koch por el presunto delito de haber exportado ilegalmente armas en 2006 a diversos estados mexicanos con violentos conflictos internos, informó el 14 de agosto pasado el semanario alemán Der Spiegel.
De acuerdo con el informe oficial, la empresa alemana, cuyos fusiles de asalto son reglamentarios en el ejército nacional de Alemania (así como en España), exportó a partir del año 2006 fusiles ametralladoras del tipo G36 al sur de México, violando de tal manera reglamentos para la exportación de armas.
En tal año las autoridades habían permitido a la empresa la exportación de los fusiles a México, pero con la prohibición de que esas ventas estuvieran dirigidas hacia los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, considerados por el Gobierno alemán como "zonas de turbulencias".
Sin embargo, el presidente ejecutivo de Heckler&Koch, Peter Beyerle, rechaza las imputaciones y en Der Spiegel tilda la acusación de “absurda” al afirmar que estas armas se habían vendido en forma central a organismos federales de México quienes, a su vez, ya en un procedimiento interno, se encargaron de distribuirlas en diversos estados. Si hubo violación de los permisos, entonces la responsabilidad recae en los compradores en México, sostiene Beyerle.
Mientras tanto, según la denuncia contra H&K, hay documentos que comprueban que los miles de fusiles G36 “se entregaron a conciencia y en forma planificada y deliberada, precisamente en esos cuatro estados mexicanos que habían sido excluídos en forma expresa de los permisos concedidos”.
De acuerdo con el informe oficial, la empresa alemana, cuyos fusiles de asalto son reglamentarios en el ejército nacional de Alemania (así como en España), exportó a partir del año 2006 fusiles ametralladoras del tipo G36 al sur de México, violando de tal manera reglamentos para la exportación de armas.
En tal año las autoridades habían permitido a la empresa la exportación de los fusiles a México, pero con la prohibición de que esas ventas estuvieran dirigidas hacia los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, considerados por el Gobierno alemán como "zonas de turbulencias".
Sin embargo, el presidente ejecutivo de Heckler&Koch, Peter Beyerle, rechaza las imputaciones y en Der Spiegel tilda la acusación de “absurda” al afirmar que estas armas se habían vendido en forma central a organismos federales de México quienes, a su vez, ya en un procedimiento interno, se encargaron de distribuirlas en diversos estados. Si hubo violación de los permisos, entonces la responsabilidad recae en los compradores en México, sostiene Beyerle.
Mientras tanto, según la denuncia contra H&K, hay documentos que comprueban que los miles de fusiles G36 “se entregaron a conciencia y en forma planificada y deliberada, precisamente en esos cuatro estados mexicanos que habían sido excluídos en forma expresa de los permisos concedidos”.
La empresa, afirman los activistas alemanes que demandaron al fabricante de armas, envió incluso asesores a las zonas involucradas.
