Los negros también fueron utilizados como cobayas..
Los guatemaltecos aún no se han recuperado del impacto que les ha causado la divulgación, por parte del gobierno de Estados Unidos, de los experimentos realizados por médicos de ese país en la década de los 40, cuando se inoculó intencionadamente sífilis, gonorrea y otras enfermedades venéreas a cientos de ciudadanos de Guatemala.
Se trata de la más reciente confirmación de las prácticas atroces e inhumanas que Washington ha llegado a cometer en materia de experimentación médica.
Los hechos ocurrieron hace más de 60 años, de 1946 a 1948, pero es ahora cuando se ha conocido que un oficial norteamericano experimentó con unos mil 500 ciudadanos de Guatemala. El presidente, Álvaro Colom, ha calificado de "crimen de lesa humanidad" el que esos guatemaltecos fueran utilizados como verdaderos conejillos de indias, una práctica que está comprobado que es común entre científicos estadounidenses y de otros países, principalmente en el área militar.
No obstante, en este caso concurren una serie de factores que agravan, si cabe, esta práctica inhumana y criminal: el experimento se desarrolló en un país extranjero con la aparente connivencia del gobierno local, en contra de una población particularmente vulnerable –en su mayoría presos y enfermos mentales, muchos de ellos sometidos a la prueba con engaños– y en condiciones de descontrol y opacidad tal que hasta la fecha no se sabe cuántos de los infectados recibieron atención, ni cuántos de ellos murieron.
Washington ha intentado disculparse por esa barbaridad, primero mediante un comunicado de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y después con una llamada telefónica del presidente Barack Obama a su homólogo Colom. Pero conociendo los detalles del experimento, no parece que una simple disculpa pueda ser suficiente para subsanar el daño causado.
Cuentan que Obama ha negado que esos actos sean acordes con los principios y valores del pueblo de Estados Unidos y ayer mismo su administración sostuvo que, en la actualidad, los reglamentos que gobiernan la investigación médica en seres humanos financiada por el Estado prohíben este tipo de violaciones. Sin embargo, hay ejemplos sobre la continuidad de tales prácticas como los casos documentados de prisioneros de guerra en la cárcel de Guantánamo que afirman haber sido objeto de experimentos con fármacos durante su cautiverio.
El único patrón de conducta en la experimentación médica de Estados Unidos parece ser el que se aplica contra sectores específicos de la población de ese país y del mundo –afroestadunidenses, prisioneros de guerra, ciudadanos de países pobres– y de hecho, paralelamente al experimento de Guatemala, se llevó a cabo otro estudio clínico entre 1932 y 1972 por los servicios públicos de salud estadunidenses en Tuskegee, Alabama, que consistió en infectar de sífilis a unos 600 negros presos que no recibieron tratamiento alguno.
Resulta inevitable encontrar similitudes entre estas prácticas y las aplicadas por el criminal de guerra nazi Josef Mengele en el campo de concentración de Auschwitz. Respecto a este último estudio de Alabama –al final del cual sólo unos 70 presos continuaban con vida– el ex presidente Bill Clinton ofreció una disculpa a las víctimas y sus familiares, tan insuficiente y tardía como la que ahora ha pronunciado el actual gobierno.
Los hechos ocurrieron hace más de 60 años, de 1946 a 1948, pero es ahora cuando se ha conocido que un oficial norteamericano experimentó con unos mil 500 ciudadanos de Guatemala. El presidente, Álvaro Colom, ha calificado de "crimen de lesa humanidad" el que esos guatemaltecos fueran utilizados como verdaderos conejillos de indias, una práctica que está comprobado que es común entre científicos estadounidenses y de otros países, principalmente en el área militar.
No obstante, en este caso concurren una serie de factores que agravan, si cabe, esta práctica inhumana y criminal: el experimento se desarrolló en un país extranjero con la aparente connivencia del gobierno local, en contra de una población particularmente vulnerable –en su mayoría presos y enfermos mentales, muchos de ellos sometidos a la prueba con engaños– y en condiciones de descontrol y opacidad tal que hasta la fecha no se sabe cuántos de los infectados recibieron atención, ni cuántos de ellos murieron.
Washington ha intentado disculparse por esa barbaridad, primero mediante un comunicado de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y después con una llamada telefónica del presidente Barack Obama a su homólogo Colom. Pero conociendo los detalles del experimento, no parece que una simple disculpa pueda ser suficiente para subsanar el daño causado.
Cuentan que Obama ha negado que esos actos sean acordes con los principios y valores del pueblo de Estados Unidos y ayer mismo su administración sostuvo que, en la actualidad, los reglamentos que gobiernan la investigación médica en seres humanos financiada por el Estado prohíben este tipo de violaciones. Sin embargo, hay ejemplos sobre la continuidad de tales prácticas como los casos documentados de prisioneros de guerra en la cárcel de Guantánamo que afirman haber sido objeto de experimentos con fármacos durante su cautiverio.
El único patrón de conducta en la experimentación médica de Estados Unidos parece ser el que se aplica contra sectores específicos de la población de ese país y del mundo –afroestadunidenses, prisioneros de guerra, ciudadanos de países pobres– y de hecho, paralelamente al experimento de Guatemala, se llevó a cabo otro estudio clínico entre 1932 y 1972 por los servicios públicos de salud estadunidenses en Tuskegee, Alabama, que consistió en infectar de sífilis a unos 600 negros presos que no recibieron tratamiento alguno.
Resulta inevitable encontrar similitudes entre estas prácticas y las aplicadas por el criminal de guerra nazi Josef Mengele en el campo de concentración de Auschwitz. Respecto a este último estudio de Alabama –al final del cual sólo unos 70 presos continuaban con vida– el ex presidente Bill Clinton ofreció una disculpa a las víctimas y sus familiares, tan insuficiente y tardía como la que ahora ha pronunciado el actual gobierno.
