Gabriel Conte (MDZOL)
El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, reclamó por una "reconciliación" de los argentinos, a la luz del juicio contra delitos que no prescriben y que se desarrolla en San Rafael. Un sacerdote tendrá que dar explicaciones por sus polémicos dichos. "La iglesia no refugia represores".
Finalmente, De Benedectis expresó que “nuestro mensaje, el mensaje de la iglesia, está siempre en promover la vida de las personas y el bien, nunca, jamás, el mal. Por eso –agregó para enmarcar la conversación- es que insistimos con tres premisas básicas que son justicia, verdad y reparación”.
El vocero del Obispado de San Rafael, José Antonio Álvarez Domínguez, ex capellán militar durante la dictadura, fue citado a declarar por la Justicia en el marco del juicio por la desaparición de personas en Mendoza. Es que en una declaración anterior, al ser mencionado como testigo por varios de los declarantes, Álvarez Domínguez concurrió, habló y se involucró de lleno en la causa.
Según la prensa que cubrió el juicio, el sacerdote que oficia de vocero del obispo Eduardo Taussig sostuvo que “no hubo presos políticos” y más: “Hubo autodesaparecidos que después aparecieron”, al momento de cobrar su indemnización.
Estas últimas palabras son las que el tribunal necesita que explique: en qué se basa y cuánto conoce en torno a los “autodesaparecidos”.
La política de la negación
Mientras vivimos bajo el último gobierno de facto, entre 1976 y 1983, el discurso oficial decía: “Los desaparecidos son autodesaparecidos o autoexiliados”, “han sido asesinados por sus propios compañeros o se han suicidado”, “están en establecimientos especiales para su rehabilitación y posterior reinserción en la sociedad”, “se ha vivido una guerra y como en toda guerra hay desaparecidos”.
Así lo escribió Marta L’Hoste en “Subjetividad del terror: un desafío para los psicoanalistas”, incluido en El oficio de intervenir. Políticas de subjetivación en grupos e instituciones (Editorial Biblos).
Ya en democracia, comenzó a conformarse la lista de aquellas personas que debían estar con vida y no lo estaban: faltaban, estaban “desaparecidos”, una palabra que inauguró el propio dictador Jorge Rafael Videla al hablar por primera vez del tema y que jamás se borró.
Hace poco, Graciela Fernández Meijide –quien fue miembro de la comisión creada por Raúl Alfonsín para relevar el impacto en vidas humanas de la dictadura, COANADEP- abrió una polémica al disminuir aquella cidra de 30 mil desaparecidos a 7.954.
La literalidad de la cuenta de Meijide enardeció a la militancia por los derechos humanos. Sin embargo, no hacía otra cosa que transcribir lo que la COANDEP había conseguido.
Lo cierto es que no bien recuperada la democracia como sistema no todas las instituciones se volvieron confiables por arte de magia: mucha, muchísima gente no concurrió a formular sus denuncias por cosas tan sencillas como que quien tomaba nota había sido, hasta ayer no más, parte de la represión.
“Reconciliación”, última llamada
“Desconozco las declaraciones de José Antonio”, se excusó ante la consulta de MDZ su par del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, quien oficia de vocero oficial del arzobispo José María Arancibia.
Monseñor Taussig no habla con la prensa; menos bajo estas circunstancias. La única vez que un secretario accedió a enviar unas palabras del jefe de la iglesia en San Rafael lo hizo pidiendo citar textualmente un discurso del obispo pronunciado varios años antes.
Pero De Benedectis, a pesar de no conocer la declaración del capellán sureño, aceptó que el asunto abordado “es todavía en nuestra sociedad un tema delicado” y que, por lo tanto, merece una opinión de la iglesia.
Allí fue cuando el sacerdote evaluó que “es un tema muy doloroso para la sociedad argentina”, pero apostó a que “a pesar de todo, tenemos que lograr una reconciliación”.
De Benedectis, sin embargo, fue claro al establecer postura: “esta reconciliación –nos dijo- implica necesariamente justicia, verdad y reparación”.
La iglesia como “refugio” de represores
Por otra parte, el sacerdote negó que las instituciones de la iglesia católica sirvan, aun hoy y en Mendoza, como “refugio” de represores, tal como le sugerimos en una consulta, vinculada a las actividades que el ex policía José Martín Mússere cumplía como “guardián” del Servicio Sacerdotal Nocturno.
“La gente que ingresa a cualquier ámbito eclesial –explicó De Benedectis- no presenta certificado de buena conducta ni se lo pedimos”.
Pero pidió “no mezclar los tantos”. “Una cosa –puntualizó- es el ámbito en el que una persona desarrolla su actividad cívica cotidiana y otro totalmente diferente es el de la iglesia, lugar al que la gente entra para hacer el bien a los demás”.
El vocero del Arzobispado consideró que “no se trata de casos como el mencionado únicamente a los que hay que tener en cuenta; pensemos en personas que han cometido delitos económicos o desde la política y tantos otros ámbitos que se acercan arrepentidos y para hacer cosas buenas”.
Finalmente, De Benedectis expresó que “nuestro mensaje, el mensaje de la iglesia, está siempre en promover la vida de las personas y el bien, nunca, jamás, el mal. Por eso –agregó para enmarcar la conversación- es que insistimos con tres premisas básicas que son justicia, verdad y reparación”.
