Los Protegidos de la CIA. Ya no son utiles?
TERCERA INFORMACION – Autoridades guatemáltecas tienen
órdenes de captura para el golpista Oscar Mejía Víctores y Luis Enrique
Mendoza, acusados de crímenes de lesa humanidad durante un periodo del
conflicto armado interno en esta nación (1960-1996).
A Mejía Víctores le imputan ese delito cuando fungía como ministro de
la Defensa antes de dar un golpe de Estado en 1983, tras el cual fue
presidente de la República hasta 1986, en tanto el exgeneral Mendoza fue
vicetitular de aquella cartera en la época.
Hace varios días el Ministerio Público y la policía realizan
allanamientos de viviendas en esta capital en busca de ambos sin poder
encontrarlos, por lo cual ya tienen la categoría de prófugos pues un
juez dictó la orden formal de aprehensión.
Ante esa situación, organizaciones de derechos humanos y de
sobrevivientes de la guerra demandaron ante los órganos de justicia
acciones rápidas y eficaces para dar con el paradero de los exmilitares y
arrestarlos.
La captura de los señalados es un paso importante para la justicia
del país, representa la lucha por la dignidad de la humanidad, afirma un
comunicado de varias agrupaciones dedicadas a esclarecer los hechos.
Expresan preocupación porque la fuga de los implicados puede haber sido facilitada por funcionarios del sistema judicial.
Mejía Víctores pasó a dirigir los destinos de esta nación cuando
derrocó a otro general golpista, Efraín Ríos Montt, ahora líder del
partido Frente Republicano Guatemalteco, a quien le achacan desmanes
similares durante su mandato.
Por su parte, Mendoza fue director de la sección de operaciones
denominada G3, donde se elaboraron planes para el exterminio de las
poblaciones en aldeas y caseríos.
La acusación contra ellos incluye la planificación y ejecución de
proyectos castrenses conocidos como de tierra arrasada contra las
comunidades indígenas, a las cuales señalaban como base de apoyo de la
guerrilla en el conflicto armado.
Durante la guerra en esta nación perdieron la vida unas 250 mil
personas, de ellas alrededor de 45 mil detenidas y posteriormente
desaparecidas, cuya inmensa mayoría fue producto de acciones genocidas
del Ejército, los paramilitares y las fuerzas policiales.
