TERCERA INFORMACION – Como consecuencia del comunicado en el
que ETA anunciaba el “cese definitivo de la actividad armada” y que
Amnistía Internacional ha considerado como esperado durante mucho tiempo
también ha considerado necesario que el Estado español rinda cuentas
sobre las “violaciones de derechos humanos” que, según sostiene, han
cometido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Esta es también una oportunidad para que el Gobierno español garantice la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y reforme la legislación y las prácticas antiterroristas
que han causado esas violaciones o han contribuido a ellas”, ha
declarado la directora del Programa para Europa y Asia Central de
Amnistía Internacional, Nicola Duckworth.
Una vez más AI reclama al gobierno español un cambio en su política antiterrorista que incluya la eliminación de la detención en régimen de incomunicación,
garantice a todos los detenidos el acceso inmediato y efectivo a un
abogado de su elección, reforme la práctica penitenciaria de la
dispersión de detenidos o presos pertenecientes a ETA y elimine “las
ambigüedades” de la Ley de Partidos Políticos que “podrían conculcar el
derecho a la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión”.