¿Realmente Daniel Ortega abolió las elecciones en Nicaragua?

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Israel y América Latina: las relaciones peligrosas


¿Quizás no todos saben que, en el pasado reciente, Israel proporcionó armas, inteligencia y entrenamiento a las dictaduras civil-militares fascistas de América Latina?

¿Y que, en la actualidad, Israel está cada vez más activo en el continente latinoamericano? 

El sueño sionista del «Gran Israel» no se limita a Oriente Medio, sino que también se extiende a América Latina.

Las relaciones peligrosas entre Israel y América Latina, tanto en el pasado reciente, como en la actualidad. 

Se basa en diversas investigaciones realizadas por el movimiento BDS latinoamericano, en cientos de noticias, y en contactos sobre el terreno que el autor ha establecido a lo largo de casi 40 años de presencia en el continente latinoamericano y al Caribe.

La «creación» de Israel y América Latina

Las relaciones diplomáticas entre Israel y América Latina comenzaron inmediatamente después de la creación de Israel en 1948.

En 1947, durante los primeros debates de las Naciones Unidas sobre Palestina, en general los gobiernos liberales de América Latina se mostraron a favor de la creación de un Estado judío en el territorio palestino, mientras que, por el contrario, los gobiernos católicos conservadores tuvieron una postura menos receptiva. 

Desde el principio, Uruguay, Guatemala y Perú adoptaron una línea marcadamente pro-sionista en el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina (UNSCOP), una comisión de investigación creada en 1947 para analizar las causas del conflicto en Palestina, proponer una solución para su futuro gobierno y elaborar la propuesta de partición. 

Bajo la presión de Estados Unidos y de los respectivos lobby sionistas, esos tres países, en su calidad de miembros de la UNSCOP, junto sobre todo con Brasil (que en ese momento presidía la Asamblea General de la ONU), convencieron a muchos de los gobiernos latinoamericanos de que apoyaran la partición de Palestina [i]. 

En el caso de Brasil, el diplomático Oswaldo Aranha, en su calidad de presidente de la Asamblea General de la ONU, desempeñó un papel procedimental y político crucial en la promoción del Plan de partición de Palestina (Resolución 181). Aranha aplazó la votación para consolidar una mayoría de dos tercios a favor del plan y ejerció una gran presión sobre las distintas delegaciones.

 Acciones por las que posteriormente recibió reconocimientos públicos por parte de Israel [ii].

Finalmente, en noviembre de 1947, trece de los veinte países latinoamericanos de entonces votaron a favor del Plan de Partición [iii], seis se abstuvieron [iv] y solo Cuba votó en contra [v].

Pasaron unos pocos meses y, en mayo de 1948, los primeros en reconocer a Israel fueron los Estados Unidos de Harry Truman [vi]. Solo tres días después, Guatemala fue el segundo (y el primero en América Latina), seguido por Uruguay, Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana. A esta primera ola se sumaron luego Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

Un año después, en mayo de 1949, dieciocho de los veinte países apoyaron la admisión de Israel en la ONU, mientras que tanto Brasil, como El Salvador se abstuvieron.

La Argentina peronista, que se había abstenido en la votación sobre la partición, fue la primera en abrir una embajada en Tel Aviv, capital de Israel. 

Le siguieron Brasil y Uruguay. Por el contrario, en 1955, Guatemala estableció la primera representación latinoamericana en Jerusalén. Por su parte, entre 1949 y 1953, Israel abrió sus primeras misiones diplomáticas en Uruguay, Argentina, Brasil y México.

En 1967, tras la «Guerra de los Seis Días» entre Israel y los países árabes, en la Asamblea General de la ONU, la Unión Soviética y los «países no alineados» exigieron la retirada incondicional de Israel de los territorios ocupados.

 Por su parte, veinte Estados latinoamericanos promovieron una resolución basada en la retirada, el fin de las hostilidades y la «coexistencia basada en la buena vecindad». El proyecto latinoamericano fue rechazado, pero su presentación fue un factor decisivo en la formulación de la famosa Resol. 242 del Consejo de Seguridad [vii].

Hasta la fecha, a pesar del genocidio en Gaza y Cisjordania, y de la guerra contra el Líbano e Irán, solo Belice, Colombia, Cuba (que rompió relaciones en 1973), Nicaragua y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas con Israel.

Israel arma a las dictaduras fascistas

Si bien es cierto que la presencia israelí en el continente latinoamericano viene de lejos, las relaciones se profundizan y, sobre todo, cambian de carácter a partir de finales de los años 60 y durante los años 70: con el auge de los golpes de Estado civiles-militares fascistas, Israel comienza a armar y entrenar a las Fuerzas Armadas de muchas dictaduras latinoamericanas. 

Las mismas dictaduras responsables de las masacres de pueblos indígenas, campesinos, movimientos populares y sindicales, y líderes de la oposición. 

No hay ningún país del continente que no haya tenido relaciones comerciales con Israel en el sector de la «seguridad» militar o la defensa, un intercambio que aún hoy va viento en popa.

Desde entonces, las relaciones de Israel con el continente han ido de la mano del incremento de la represión y el militarismo en la región. Los militares israelíes han entrenado a las fuerzas represivas, vendido armamento y software de espionaje, y «asesorado» a las dictaduras civil-militares y a muchos gobiernos, principalmente de derecha.

Por lo general, las visitas diplomáticas han estado y siguen estando acompañadas por empresarios, directivos de empresas de «seguridad», vendedores de armas y/o de tecnología militar.

Un vendedor global de muerte

¿Pero cómo comenzó esta relación y por qué Israel se ha convertido en un vendedor de muerte a nivel mundial? La respuesta está en sus relaciones con Estados Unidos.

Demos un paso atrás.

Como se recordará, ya a finales de 1972 muchos países africanos habían interrumpido sus relaciones con Israel. Pero el punto de ruptura llegó tras la cuarta guerra árabe-israelí de 1973, con una condena generalizada contra la entidad sionista.

Así fue como, para ampliar su influencia y en busca de nuevos mercados, Israel inició una ofensiva diplomática y comercial hacia el continente latinoamericano. 

Según el investigador Fernando Cordero, hasta 1973, América Latina y el Caribe recibían solo el 20 % de los asesores militares israelíes. Pero apenas tres años después, esta cifra se disparó al 67 % [viii].

En el contexto de la «Guerra Fría», la estrecha colaboración de Israel, en particular con las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay, se basaba en una visión compartida de la contrainsurgencia, el «antiterrorismo» y la guerra contra una «amenaza existencial». Y así, ya desde entonces, los «viejos enemigos fascistas» se convirtieron en los «nuevos amigos» de los sionistas.

Las puertas giratorias entre EE. UU. e Israel

Al crecimiento exponencial de las ventas de armamento israelí también contribuyeron las críticas internas e internacionales a la Casa Blanca por su apoyo militar a las criminales dictaduras civiles-militares que violaban los derechos humanos.

El mecanismo era bastante sencillo y estaba bien establecido: cuando Washington era objeto de críticas y se veía obligado a interrumpir los suministros militares, así como el entrenamiento de las fuerzas represivas de las dictaduras, Israel entraba en escena como su sustituto, sin pestañear y haciendo buenos negocios. Los ejemplos de complicidad abundan.

En la segunda mitad del siglo XX, en Centroamérica, Israel apoyó a las dictaduras de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. En Sudamérica vendió armas a la dictadura argentina (1976-1983), a la brasileña (1964-1985) y fue el principal proveedor de armas de la chilena de Pinochet (1973-1990), en una triangulación con la Sudáfrica del apartheid.

Colombia y México también han sido clientes habituales de Israel en la compra de armas, el entrenamiento y la capacitación de la policía y el ejército, la adquisición de tecnología como el ya famoso software espía Pegasus [ix]. El caso de la colaboración de Israel con la dictadura uruguaya (1973-1985) es ligeramente diferente. Pero vayamos por partes.

Israel y Pinochet

En el caso de Chile, el año decisivo fue 1976, cuando las críticas y las presiones obligaron a Washington a suspender la cooperación militar con la sangrienta dictadura de Pinochet (1973-1990). Israel toma su lugar y se convierte en el principal proveedor de material bélico al régimen chileno, incluyendo misiles aire-aire, patrulleras, aviones, tanques y sistemas de inteligencia.

Entre los documentos desclasificados posteriormente, hay un télex de la embajada de EE. UU. en Santiago durante la dictadura en el que se afirma claramente que Washington no puede declarar un embargo militar, dada la presencia de Israel. 

Es decir, por un lado se muestra preocupación por la violación de los derechos humanos y, por otro, se da luz verde a esas mismas violaciones, pero con armamento israelí.

En 2016, algunas de las víctimas de la dictadura chilena le pidieron a Israel que «desclasificara» 19 000 documentos para aclarar su responsabilidad. Desde Tel Aviv nunca llegó ninguna respuesta y tampoco se hizo público ningún documento.

El apoyo a los gorilas

Durante la dictadura de Somoza en Nicaragua, en 1978 Estados Unidos se vio obligado a suspender la ayuda militar al régimen. Y hasta la victoria de la revolución sandinista en julio de 1979, Israel se convirtió en el proveedor oficial de armamento de ese país centroamericano.

Durante las dictaduras en Argentina (1976-83), El Salvador (1972-79) y Honduras (1972-81), el porcentaje de armamento israelí adquirido fue, respectivamente, del 95 %, 92 % y 81 %. Las compras aumentaron exponencialmente en los momentos de mayor represión y de la llamada «guerra sucia» contra la oposición. En el caso de El Salvador, la década de los 70 estuvo marcada por una sangrienta represión con decenas de asesinatos contra los movimientos de oposición, lo que condujo a la guerra civil de los años 80.

Otro ejemplo es Ecuador, donde Israel estableció excelentes relaciones con los gobiernos militares que estuvieron en el poder en la década de los 70, hasta 1979. 

El país también se destacó por enviar a jóvenes oficiales a las academias militares israelíes. Aquí también, tras el golpe de Estado de 1972 que llevó al segundo gobierno militar, Israel comenzó a vender una gran cantidad de armamento de pequeño calibre, municiones y explosivos.

El gigante Brasil

En los últimos años, se ha sabido muy poco sobre las relaciones y la estrecha colaboración entre Israel y la dictadura brasileña (1964-1985). Los vínculos en materia militar durante ese período están envueltos en la niebla de la censura del Ministerio de Defensa israelí, que no hace públicos los documentos relacionados con las exportaciones en el sector de la defensa. 

Por su parte, Brasil no ha llevado a cabo ninguna investigación pública significativa tras la caída del régimen militar, a diferencia de sus vecinos en el continente.

Por el lado brasileño, los documentos desclasificados han puesto de manifiesto, además de los habituales intercambios en materia de armamento y experiencias militares, también acuerdos de cooperación científica y nuclear con los militares. En este último sector, se firmaron cuatro acuerdos (1964, 1966, 1967 y 1974).

 El primero data del 10 de agosto de 1964, apenas cuatro meses después del golpe de Estado. Según los documentos, algunos científicos israelíes viajaron a Brasil, entre ellos, a principios de la década de los 70, el director de la Comisión de Energía Atómica de Israel, Shalhevet Freier, quien fue recibido con los brazos abiertos en el país sudamericano. 

Sin embargo, un año después de la firma del último acuerdo complementario en 1974, se produjo un distanciamiento notable en el período posterior a la guerra de Yom Kippur [x].

Al mismo tiempo, según documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tel Aviv, gracias a sus estrechos vínculos con la dictadura, Israel esperaba deshacerse de los palestinos enviándolos a Brasil.

Además de la venta de armas (las fuerzas armadas brasileñas estaban equipadas, entre otras cosas, con metralletas Uzi), los diplomáticos israelíes en Brasil centraron sus esfuerzos en la hasbara, la propaganda que presentaba al Estado sionista como un aliado en la lucha contra el «terrorismo global». 

Entre las afirmaciones falsas en ese sentido, se encontraba la de que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) estaba entrenando y apoyando a las organizaciones guerrilleras en Brasil. 

En 1966, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tel Aviv escribió que «la OLP está poniendo en peligro el régimen vigente». Algunas fuentes señalan que la unidad de inteligencia que dirigió la represión contra los opositores a la dictadura brasileña había sido entrenada en Israel (Mack, 2018).

Ya en 1973, Israel exhibió sus mejores productos militares en una feria aeronáutica en São Paulo, entre los que se encontraban aviones, misiles y equipos electrónicos.

El caso de Uruguay

A diferencia de otros países de América Latina en la década de los 70, las fuerzas armadas uruguayas no representaban un mercado significativo para las armas israelíes y la relación era más bien de carácter político. 

Durante el período de la dictadura civil-militar (1973-1985), el régimen uruguayo e Israel mantuvieron una estrecha alianza política y de inteligencia. 

Ambos gobiernos se identificaban como baluartes de los intereses, las ideas y la cultura occidentales en sus respectivas regiones, en lucha contra el comunismo y el «radicalismo del Tercer Mundo», lo que facilitó la cooperación en la represión, el intercambio de información y los favores diplomáticos [xi].

Uruguay se convirtió en el régimen sudamericano más hostil hacia la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), mientras que Israel ayudó a los militares uruguayos a manipular a la opinión pública. 

En cuanto a la colaboración entre sus respectivos servicios secretos, compartieron información de inteligencia y operaron conjuntamente en materia de prensa y espionaje contra la oposición. 

La represión fascista no tuvo piedad con los militantes de la izquierda uruguaya, algunos de los cuales eran de origen judío. 

Entre los casos más conocidos, se encuentran el asesinato del comunista Eduardo Bleier y el secuestro por parte de la dictadura del rehén tupamaro Mauricio Rosencof.

 Pero los diplomáticos israelíes cerraron los ojos e hicieron oídos sordos, anteponiendo la alianza con el régimen fascista a sus escasas convicciones éticas de solidaridad entre correligionarios [xii].

También en este caso, las excelentes relaciones de la dictadura con Estados Unidos se deterioraron en 1976, cuando el Congreso de EE. UU. decidió suspender la ayuda militar debido a las graves violaciones de los derechos humanos.

Por otro lado, la dictadura uruguaya no era el principal aliado anticomunista de Israel en el Sur del mundo. Desde un punto de vista estratégico, la alianza de Israel con el régimen sudafricano del apartheid era mucho más importante, mientras que sus relaciones con las dictaduras chilena y argentina eran mucho más rentables [xiii].

Las masacres en Guatemala

Pero tal vez el país donde las huellas de la presencia israelí son más evidentes y remotas sea Guatemala. De 1977 a 1981, Israel fue el único proveedor de armamento de este país centroamericano.

 Un dato para todos: allá por 1982 había al menos 300 «asesores» israelíes en este pequeño país centroamericano. Según información del Washington Post, muchos asesores israelíes (algunos en calidad oficial, otros bajo la apariencia de «empresas privadas») colaboraron con el ejército guatemalteco en la «seguridad para localizar grupos clandestinos internos» [xiv].

Durante la dictadura de 1978 a 1983, bajo el mandato de Fernando Romeo Lucas y luego de Efraín Ríos Montt, se cometieron innumerables masacres y asesinatos en masa. 

En el pasado, la justicia guatemalteca juzgó a Manuel Lucas García, hermano del dictador y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, por el genocidio de la comunidad Ixil, con una pena solicitada de 2860 años de prisión [xv].

Uno de los episodios más brutales de la guerra civil guatemalteca ocurrió en la aldea de Las Dos Erres (en el departamento de Petén). Entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, una unidad especial del ejército conocida como los Kaibiles arrasó la aldea, torturando y asesinando a unos 250 civiles [xvi]. 

Los responsables directos de esa masacre habían sido entrenados en Israel. El informe de la «Comisión de la Verdad» de 1999 puso de manifiesto que todas las pruebas balísticas recuperadas eran de origen israelí. Para evitar la cárcel, en los años siguientes, algunos de los responsables de la masacre se refugiaron en EE.UU. y Canadá.

México, tan lejos de Dios…

Lamentablemente, entre los clientes de Israel no ha habido ni hay solo dictaduras. Por ejemplo, México, que durante décadas ha comprado armamento y capacitación para la policía y el ejército. 

En los años 70 y 80, este país norteamericano compró una decena de aviones ARAVA a la empresa Israel Aircraft Industry (IAI), que también se utilizaron en los infames «vuelos de la muerte» durante la «guerra sucia» (1960-1980). En el mismo período se adquirieron 60 morteros a la empresa Soltan Systems. En esa época, Israel impartía cursos de «protección e inteligencia» a la entonces «Dirección Federal de Seguridad» (DFS). 

Cuando en 1985 desapareció la DFS y se creó la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), el entonces director, Pedro Vázquez Colmenares, afirmó haber «recibido un intenso período de capacitación en Israel, incluida una visita al Mossad, durante un mes».

 Estas «relaciones comerciales» se intensificaron con el aumento de la militarización y la represión, gracias a la «guerra contra las drogas» y contra las formaciones guerrilleras.

En 1994, tras el «levantamiento zapatista» del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las compras de armamento aumentaron exponencialmente. Según datos de la ONU y del Banco Mundial, mientras que en 1990 las compras a Israel ascendieron a solo 300 000 dólares, en 1994 se dispararon a 1 573 000 dólares [xvii].

También en México, esta fuerte expansión se vio facilitada por un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México e Israel [xviii], que entró oficialmente en vigor en julio de 2000, eliminando gran parte de los aranceles aduaneros. Las cifras aumentaron hasta alcanzar su punto más alto durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012), cuando se anunció la «guerra contra el narcotráfico». Durante esos seis años, la compra de armamento y aeronaves a Israel alcanzó los 93 millones de dólares.

Desde los años 90 hasta hace poco, Israel ha impartido cursos de capacitación al ejército y a diversas fuerzas policiales mexicanas.

Y a pesar de la llegada del presidente progresista Manuel López Obrador (2018-2024), las compras no se detuvieron y solo en 2023 el gasto de su gobierno fue de aproximadamente 1 400 000 dólares.

Colombia y el genocidio de la Unión Patriótica

En Colombia, las relaciones comerciales con Israel se remontan a 1949 y se han mantenido hasta años recientes. También en este caso, las relaciones se intensificaron en los momentos de mayor represión, en particular durante la década de 2000, con el crecimiento exponencial de los escuadrones de la muerte paramilitares.

En cuanto al pasado reciente, son conocidos los casos de dos agentes israelíes como Yair Klein, ex teniente coronel de las Fuerzas Armadas de Israel, y Raifal Eithan, ex alto mando del Mossad. 

Ambos participaron directamente en el entrenamiento de los escuadrones de la muerte paramilitares en Colombia, desde la década de los 80.

Carlos Castaño, uno de los fundadores de las «Autodefensas Unidas de Colombia» (AUC), una de las organizaciones paramilitares más sanguinarias [xix], habló extensamente de Yair Klein en su autobiografía. Castaño confesó haber estudiado en la Universidad de Jerusalén y en varias escuelas militares. «En Israel me convencí de que era posible derrotar a la guerrilla en Colombia». Alabando el sionismo, afirmó que «siempre ha tenido la función de defenderse, invadir y ganar territorio», llegando incluso a copiar de los israelíes el concepto de «Autodefensas». 

En otras palabras, los escuadrones de la muerte colombianos heredaron sus tácticas de las Fuerzas Armadas israelíes, que entrenaron a terroristas colombianos responsables de más de 90 000 asesinatos. Además de entrenar a las bandas paramilitares, Klein también entrenó a los sicarios del narcotraficante Pablo Escobar [xx].

Otro caso conocido es el de Raifal Eithan, exalto oficial del servicio secreto Mossad, famoso por haber capturado al jerarca nazi Adolf Eichmann en Argentina. En 1986, Eithan fue contratado por el entonces presidente colombiano Virgilio Barco como asesor del ejército colombiano para impartir cursos de «tácticas contra el terrorismo». 

El trágico resultado fue el exterminio de la Unión Patriótica, un partido de izquierda surgido de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Un caso calificado de «genocidio político» (la historia se repite) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la justicia colombiana lo ha declarado «crimen de lesa humanidad» y «crimen de guerra».

Pero, lejos de interrumpirse, las relaciones se fortalecieron con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel, aprobado en 2017 y que entró en vigor durante la presidencia de Iván Duque (2018-2022). Gracias al TLC, más del 94 % de las exportaciones colombianas a Israel consistieron en carbón, a cambio de casi el 50 % de las importaciones en armamento.

Al mismo tiempo, Colombia ha pagado caro el mantenimiento de la flota de aviones supersónicos israelíes Kfir, adquiridos a Israel a partir de 1989 y luego en 2008. Cuando en 2024, durante el genocidio en Gaza, el actual presidente progresista Gustavo Petro anunció su intención de suspender las relaciones diplomáticas con Israel, este último amenazó con interrumpir el suministro de repuestos a Colombia. En octubre de 2025, tras el secuestro por parte de Israel de una flotilla humanitaria con activistas colombianas a bordo, Petro ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática israelí y revocó el Tratado de Libre Comercio. A finales de 2025, Colombia retiró los antiguos aviones israelíes y formalizó un contrato con Suecia para la adquisición de 17 nuevos cazas Gripen E/F.

A modo de conclusión

Tras el fin de las dictaduras y los regímenes autoritarios en los años 80 y 90, casi todos los gobiernos de la región, ya sean conservadores o progresistas (con excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela), han establecido o mantenido relaciones militares y de seguridad con Israel, centrándose en cuatro áreas: armamento, sistemas de seguridad, seguridad cibernética e inteligencia, capacitación de las fuerzas de seguridad en la «lucha contra el terrorismo» y la «contrainsurrección».

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[i]Sabini Fernández, L. (2022) ONU 1947: Uruguay en el origen de Israel. Montevideo: Editorial Los Libros. Véase también: Ramos Tolosa, J. (2012) «El primer fracaso de la ONU en Palestina: el “plan de partición”, Pablo de Azcárate y la Comisión de Palestina». Universidad de Valencia. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4721952

[ii]https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/de-las-favelas-y-el-brasil-rural-a-gaza

[iii]Bolivia, Brasile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

[iv]Argentina, Colombia, Cile, El Salvador, Honduras e Messico

[v]Durante la votación de la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, el delegado cubano, el doctor Ernesto Dihigo, se opuso al plan. Cuba formó parte de un grupo de solo 13 países que votaron en contra de la propuesta, siendo el único país latinoamericano en adoptar esta postura.

[vi]https://www.trumanlibraryinstitute.org/israel/

[vii]https://digitallibrary.un.org/record/90717?v=pdf

[viii]https://iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.325

[ix]El libro «El militarismo israelí en América Latina», de Isabelle Rikkers y German Romano, publicado por la campaña BDS, aborda el tema en detalle. https://bdscolombia.org/wp-content/uploads/2018/11/El-militarismo-israel-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf

[x]https://agenciaajn.com/noticia/salieron-a-la-luz-los-vinculos-entre-israel-y-la-dictadura-en-brasil-107935

[xi]https://brecha.com.uy/colaboraciones-y-silencios/

[xii]https://www.carasycaretas.com.uy/politica/la-politica-exterior-uruguay-las-fuerzas-progresistas-israel-y-los-acuerdos-n85040

[xiii]The political partnership between Israel and authoritarian Uruguay in Taylor & Francis Online.

[xiv]https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/as-guatemala-pursues-war-criminals-a-dark-secret-emerges-some-suspects-are-living-quiet-lives-in-the-us/2019/12/27/8854efa4-2681-11ea-9cc9-e19cfbc87e51_story.html

[xv]https://www.labottegadelbarbieri.org/guatemala-impunita-per-benedicto-lucas-garcia/

[xvi]https://nsarchive.gwu.edu/dos-erres-massacre

[xvii]https://comtradeplus.un.org/


[xix]https://www.lafeltrinelli.it/mi-confesion-autobiografia-de-carlos-audiobook-mauricio-aranguren-mauricio-aranguren-molina/e/9789179234034?srsltid=AfmBOoq0ipNIkLkmGcusu2MJ0PkJ8_ll2jFkVZfBGOiJnGAnu_VpROXD

[xx]La Base TV, https://www.youtube.com/watch?v=nuCt7MK5qhY (minuto 5,58)

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La estrategia militar y el control de los algoritmos

Desde hace tiempo está en marcha una operación internacional de control y redefinición geopolítica impulsada por Estados Unidos e Israel en varios países de América Latina y el Caribe. Se trata de una estrategia política, económica, militar y digital de carácter sistemático, que sigue desarrollándose y se intensifica progresivamente en la región.

En la nueva arquitectura geopolítica que se está configurando en el continente, la noción de «seguridad» se ha convertido en una herramienta estratégica para Estados Unidos e Israel. Bajo ese paraguas se articulan políticas destinadas a asegurar el control de recursos clave: energía, biodiversidad, agua, minerales críticos, corredores logísticos y las cadenas de suministro que sostienen la economía global.

Este enfoque ha acelerado un fenómeno que antes avanzaba de manera más discreta: la externalización de funciones tradicionalmente estatales hacia empresas privadas de vigilancia, seguridad e inteligencia. La llamada «modernización tecnológica» opera como legitimación de este proceso, consolidando un modelo donde el dominio geopolítico se ejerce a través de plataformas digitales, sistemas de monitoreo y dispositivos de control social masivo.

En este escenario, la guerra, el espionaje y el control de poblaciones dejan de ser monopolios estatales para convertirse en mercancías. Se ofrecen al mercado como servicios especializados, empaquetados y comercializados por corporaciones que operan en la frontera difusa entre lo público y lo privado.

 El resultado es un ecosistema donde la seguridad ya no es solo una política, sino un negocio que redefine las relaciones de poder en América Latina.

Desde hace tiempo, la presencia israelí ya no se limita a la venta de armas. En los últimos años se ha ampliado al uso del Big Data para manipulaciones electorales o golpes de Estado digitales, al desarrollo y la comercialización de software espía, sistemas y operaciones de inteligencia, herramientas de vigilancia digital masiva y plataformas de análisis algorítmico utilizadas tanto por gobiernos como por actores privados.

Las grabaciones de audio divulgadas por la plataforma Hondurasgate.ch [i] y publicadas por Canal Red Latin America han puesto de manifiesto el papel cada vez más importante de las empresas israelíes especializadas en inteligencia privada, seguridad cibernética y vigilancia tecnológica.

 En el mapa cambiante de las disputas de poder en América Latina y el Caribe, ha emergido como un componente relativamente reciente dentro de la ofensiva imperialista contra los gobiernos progresistas y de izquierda. 

Se trata de una estrategia que ya no se limita al terreno militar y que, en los últimos años, ha adquirido una intensidad inédita. Su marco conceptual se inscribe en la llamada «Guerra de Cuarta Generación» (G4G) [ii], un modelo híbrido que combina presiones económicas, operaciones financieras y el uso cada vez más extendido del lawfare —la instrumentalización política del sistema judicial— para desestabilizar a actores incómodos.

Esta modalidad de guerra se infiltra directamente en los procesos políticos y electorales de la región mediante mecanismos de «golpes blandos». 

La manipulación masiva de datos, el uso sin restricciones del Big Data y la intervención coordinada en medios de comunicación y espacios culturales permiten moldear percepciones, fabricar consensos y erosionar legitimidades. 

En este ecosistema, la disputa por el poder ya no se libra únicamente en los cuarteles o en los parlamentos, sino en las plataformas digitales, en los tribunales y en la arquitectura simbólica que define la opinión pública.

En esta guerra, Israel está en la primera fila de las agencias de inteligencia estatales y privados al servicio de Estados Unidos, llevando a cabo operaciones de manipulación digital, campañas coordinadas de desinformación, espionaje cibernético y alteración de los resultados electorales.

Los golpes de Estado digitales

El frente de la guerra digital es particularmente decisivo, tanto en lo que respecta a la manipulación de las conciencias como a la falsificación de datos electorales, y pone de manifiesto el nuevo paradigma de la guerra híbrida de interferencia política.

Pero vayamos por partes.

En el primer caso, una de las herramientas principales de la G4G es la disociación cognitiva para anular la noción de identidad que sustenta la soberanía nacional y popular. Ya en 2015, en Argentina, hubo el precedente de Steve Bannon y su Cambridge Analytica, contratados por la derecha local para la victoriosa campaña electoral de Mauricio Macri.

Como escribe Jorge Elbaum: «Hoy en día, tres herramientas concentran el poder de interferencia electoral: los deepfakes, la microsegmentación y los sesgos algorítmicos estandarizados. 

Los primeros permiten crear imágenes, videos o audios verosímiles, aunque generados artificialmente. 

La microsegmentación identifica las predisposiciones, los temores y las debilidades de grupos específicos de votantes para dirigirles mensajes a la medida: por ejemplo, convencer a los dueños de mascotas de que los progresistas pretenden imponer impuestos a los perros y gatos. 

Los sesgos algorítmicos, a su vez, permiten a las grandes multinacionales orientar las recomendaciones y los contenidos según sus propios intereses económicos y neocoloniales» [iii].

La contraofensiva imperial

Existe una secuencia clara de los últimos pasos de la estrategia imperial para anular total o parcialmente la soberanía ajena y someter a enemigos, competidores, opositores, pero también a aliados, convertidos en objetivos para su sometimiento y tutela.

En marzo se había lanzado el «Escudo de las Américas» [iv], impulsado con firmeza por el halcón Marco Rubio, secretario de Estado y procónsul de Trump para la región.

Del 7 al 10 de julio se llevó a cabo en Cusco (Perú) la XVII reunión de ministros de Defensa de todo el hemisferio occidental, convocada, como siempre, por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, y no por los gobiernos latinoamericanos. 

La Declaración de Cusco recoge los principales acuerdos sobre «la lucha contra las drogas, la migración y la criminalidad» [v].

Como dijo el subsecretario de Estado, Albridge Colby, desde la primera reunión en 1995 han cambiado muchas cosas. «Hemos llegado a asumir el papel de garantes de la Doctrina Monroe… que consiste en proteger nuestra seguridad y nuestros intereses fortaleciendo y empoderando a las naciones latinoamericanas».

Como sostiene el analista peruano Ricardo Soberón: «Hoy nos enfrentamos a la “Guerra contra las drogas 2.0”, que no hace más que repetir los errores de la anterior (más garrote y menos zanahoria, fumigación con glifosato, interdicción y extradición)» [vi]. Una guerra equivocada que no ha dado ningún resultado.

Soberón continúa: «La cumbre estuvo marcada por la línea dictada por Marco Rubio, a partir de su nueva Doctrina de Seguridad Nacional (2025) y de la Doctrina de Defensa Nacional (2026). 

Colby defendió un realismo flexible que da prioridad a los intereses nacionales de Estados Unidos. En este caso, la lucha contra la “criminalidad organizada transnacional” se llevará a cabo en América Latina, y no en territorio estadounidense. 

No es casualidad que, según Marco Rubio y el propio Donald Trump, el concepto de delincuencia organizada transnacional se asocie directamente con los gobiernos progresistas o de izquierda, que no están alineados con la política imperialista de Estados Unidos. 

En los últimos meses han proliferado los ataques contra Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Gustavo Petro e incluso la presidenta de México, Claudia Schembaun” [vii].

Hoy, siguiendo la línea de los ataques desenfrenados de la Casa Blanca contra cualquier organización progresista en EE. UU. (antifa, organizaciones de migrantes, iglesias progresistas, feministas, etc.), reaparece en el sur del continente el concepto vago y resbaladizo de «narco-terrorismo». 

Una definición que agrupa a sujetos sociales muy diversos, incluidos aquellos que llevan a cabo protestas legítimas (sindicatos, movimientos ambientalistas, organizaciones de cultivadores de coca, pueblos originarios, etc.).

Como se recordará, en la década de los 70, fue precisamente en la infame Escuela de las Américas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos donde se acuñó e inculcó la Doctrina de Seguridad Nacional a los militares latinoamericanos.

 Una doctrina que creó el fantasma y la figura del «enemigo interno», que en aquel entonces se atribuía a «comunistas y revolucionarios» y ahora, a la «criminalidad organizada transnacional».

El 10 de julio se llevó a cabo una reunión en Miami (con más de 60 gobiernos). Un llamado a las armas de los aliados, como representación tangible del dominio imperial.

El objetivo es precisamente crear «enemigos internos» que justifiquen intervenciones contra los gobiernos progresistas y consolidar una arquitectura de dominio permanente sobre América Latina, estableciendo una asociación automática entre los gobiernos de izquierda y la delincuencia. Un corolario de la «Doctrina Donroe» enunciada por Donald Trump a finales de 2025.

Por último, el 11 de agosto en Panamá se anunció la creación de una «fuerza operativa contra la criminalidad organizada» bajo el paraguas del «Escudo de las Américas», con la participación de 18 países que forman parte de ella [viii].

El «brazo operativo del Comando Sur» estará dirigido por el general de división de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Kevin Jarard. Oficialmente, se encargará del intercambio de información de inteligencia, de fortalecer el entrenamiento conjunto y la interoperabilidad de las fuerzas militares participantes y, al mismo tiempo, de apoyar las operaciones de interceptación marítima.

Como primera medida, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció operaciones militares conjuntas con las Fuerzas Armadas de Colombia contra «los narcos», las cuales el nuevo presidente colombiano había autorizado en contravención de la Constitución colombiana (art. 173), que otorga al Senado la autoridad exclusiva para ello.

Pero sería un error pensar que Estados Unidos actúa por su cuenta. Por el contrario, Israel desempeña un papel clave en esta contraofensiva.

La «coalición Epstein», el «Hondurasgate» y la injerencia anunciada

Demos un paso atrás. Vale la pena recordar que el 29 de diciembre de 2025, el presidente Trump se reunió con el primer ministro israelí Netanyahu en Palm Beach, Florida. Bajo el árbol de navidad, la cumbre de la «coalición Epstein» fue la quinta del año pasado en Estados Unidos.

Pocos meses después, gracias a las escuchas de conversaciones entre figuras de la derecha hondureña, estalló el llamado «Hondurasgate», uno de los mayores escándalos documentados de injerencia política estadounidense e israelí en América Latina del siglo XXI.

El primer objetivo fue “el eslabón débil” de Honduras, primero mediante la manipulación de importantes sectores del electorado y luego directamente con la falsificación de los resultados electorales. 

Todo ello para allanar el camino hacia la victoria de la derecha al servicio de los intereses estadounidenses e israelíes.

Como se recordará, unos días antes de las elecciones en Honduras, Donald Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de su condena de 45 años de prisión por narcotráfico, por haber introducido 450 toneladas de cocaína en Estados Unidos. 

En las grabaciones, Hernández reveló las presiones a su favor por parte del lobby sionista de Estados Unidos, así como la intervención del mismo Netanyahu para lograr su liberación, a cambio de su papel como agente al servicio de Estados Unidos e Israel. 

Como parte del acuerdo para obtener el indulto, además de la construcción de nuevas bases militares estadounidenses en la región, también se da luz verde a la llegada de empresas especializadas en inteligencia artificial y «tecnologías de vigilancia» vinculadas a los servicios secretos israelíes.

En una de estas conversaciones, Hernández solicita fondos para crear una «unidad de periodismo digital» con sede en Estados Unidos, dedicada a difundir noticias falsas contra los gobiernos de izquierda en América Latina (en particular, Colombia, México y Brasil) y contra los expresidentes hondureños Manuel Zelaya y Xiomara Castro.

 Hernández también afirma que el presidente argentino Javier Milei ya habría aportado 350 000 dólares. 

Esa estructura «periodística» dedicada a la guerra cognitiva, amplificada por la infraestructura de la IA, las «redes sociales» y la propaganda mediática tradicional, pasó rápidamente de las palabras a los hechos para lograr la «victoria» de las derechas más reaccionarias, gracias a la manipulación de las conciencias y al fraude electoral.

En menos de tres meses, Honduras, Colombia y México han enfrentado campañas de ataques en los medios tradicionales, operaciones de desinformación, ataques de hackers en las «redes sociales» y ataques cibernéticos que también han tenido como objetivo los sistemas de recuento y transmisión de datos electorales.

Las acciones descritas en los audios coinciden con las denuncias públicas realizadas por el presidente colombiano Gustavo Petro, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el expresidente hondureño Manuel Zelaya. 

Los tres han denunciado diversos episodios de interferencia, campañas de desinformación y ataques a la infraestructura digital y política de sus respectivos países.

En el caso de Honduras, primero se produjeron descarados fraudes electorales (incluso digitales) en las últimas elecciones presidenciales de noviembre de 2025 [ix].

Posteriormente, el 17 de julio, un episodio inusual encendió las alarmas en Tegucigalpa. Ese día, el expresidente Manuel Zelaya denunció públicamente —a través de su cuenta de X— que el teléfono móvil de la presidenta Xiomara Castro había sido vulnerado. 

Según su relato, el ataque permitió el acceso no autorizado a sus redes sociales y derivó en la eliminación total de las publicaciones anteriores, seguidas por la difusión de tres mensajes que, poco después, también fueron borrados.

La secuencia de publicaciones revela un patrón claro de manipulación. 

El primer mensaje consistió en un video del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acompañado de la frase: «Netanyahu es un chico adorable». El segundo insinuaba una supuesta traición de Castro hacia Zelaya durante el golpe de Estado de 2009, reactivando una narrativa que sectores opositores han intentado mantener viva durante años. 

El tercero fue aún más agresivo: buscó vincular a la familia Zelaya con el narcotráfico mediante la difusión de un video de 2017, adulterado con un audio manipulado para reforzar la acusación.

La operación encaja con las tácticas documentadas en el llamado «Hondurasgate», un esquema de guerra informativa que incluye la circulación de supuestos “archivos” destinados a erosionar la credibilidad política de la familia Zelaya.

 El objetivo es claro: deteriorar su imagen pública, sembrar dudas sobre su integridad y debilitar su capacidad de influencia en el escenario político hondureño.

Notas

[i] https://hondurasgate.ch/

[ii] Ya en 1989, el ultraconservador William S. Lind (y algunos sectores del Pentágono) comenzaron a dar forma a la doctrina G4G, que se perfeccionó en los años siguientes.

[iii] https://www.pagina12.com.ar/2026/07/04/operaciones-regionales-de-injerencia-electoral/

[iv] https://marcoconsolo.altervista.org/note-sullamerica-latina/

[v]https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/1417452-ministros-de-defensa-y-representantes-de-33-paises-suscriben-declaracion-de-cusco-para-fortalecer-la-cooperacion-hemisferica

[vi] https://nuevordeninternacional.com/reunion-de-ministros-de-defensa-en-el-cusco-nos-necesitan-a-nosotros-o-nuestros-recursos/

[vii] Ibidem

[viii] https://www.latercera.com/mundo/noticia/con-chile-entre-sus-miembros-eeuu-crea-fuerza-operativa-con-18-paises-de-america-para-combatir-el-crimen-organizado/

[ix] https://marcoconsolo.altervista.org/honduras-un-golpe-sotto-lalbero-di-natale

Marco Consolo, Periodista italiano, residente en Chile. Licenciado en Ciencias Políticas de la Univers. Federico II de Nápoles y encargado de proyectos de cooperación sobre medios de comunicación comunitarios en América Latina.

https://rebelion.org/israel-y-america-latina-las-relaciones-peligrosas-parte-i/

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