La independencia y la defensa de la soberanía son pilares que han caracterizado la historia de América Latina. Nos independizamos de la colonia, resistimos invasiones y nos liberamos de gobiernos impuestos desde el norte. Hoy, nuevamente, debemos cuestionar el rumbo que tomamos.
La reciente promulgación del Decreto 424 por parte del presidente Daniel Noboa retrata, en esencia, la entrega absoluta de la soberanía ecuatoriana a las fuerzas militares de Estados Unidos.
Bajo el argumento de acabar "definitivamente" con el crimen organizado, este mandato establece que civiles, empresas privadas e incluso personal de otros gobiernos podrán operar en territorio ecuatoriano con total inmunidad, sin rendir cuentas al Estado y bajo un régimen legal sin límites definidos ni justificados. Todo ello se ampara en la renovación del llamado "Conflicto Armado Interno".
El decreto no solo evidencia el incremento de un Estado que recurre a políticas de terror, sino también la cesión explícita del territorio ecuatoriano para que Estados Unidos utilice la región como un laboratorio de pruebas de guerra autónoma.
El propio ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que Washington también trabajará en labores de inteligencia, lo que implica que tendrá la potestad de acceder a información que, por principio, debería ser controlada exclusivamente por los Estados nacionales.
Este escenario no es un caso aislado. En una línea similar, Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, aprobó el "Programa de Protección de Bienes Comunes Globales", que habilita tareas conjuntas de vigilancia y monitoreo en el mar argentino.
Al considerar ese espacio como un "bien común global", el acuerdo expresa una clara cesión de soberanía.
En la práctica, estos acuerdos permiten que Estados Unidos tenga acceso a recursos naturales estratégicos y busque fortalecer la "seguridad regional" de acuerdo con sus propios intereses.
Dichos "acuerdos" entre la Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirman que la subordinación al imperio se ha convertido en una política de Estado: se delega el control operativo y la inteligencia en la disputa por el Atlántico Sur, una zona donde también se encuentran las Islas Malvinas y valiosos recursos energéticos.
Otro ejemplo es el de las conocidas ZEDES en Honduras. Creadas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández —ex presidente sentenciado por narcotráfico y luego indultado por Trump—, estas zonas establecen regiones económicas especiales sujetas a un régimen particular, donde los inversionistas y el sector privado quedan a cargo de la política fiscal, la seguridad y la resolución de conflictos. Según su normativa, "deben establecer sus propios órganos de seguridad interna (...), incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario".
Nuevamente, un paso más hacia la pérdida de soberanía, pues en esos territorios el gobierno recae en el empresario privado, no en los hondureños.
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Este patrón revela que Donald Trump, como agente del gran capital, busca despojar de su soberanía a los países de la región. Ante esto, cabe preguntarnos: ¿estamos dispuestos a ceder lo que durante años y años hemos luchado por conquistar?
La independencia y la defensa de la soberanía son pilares que han caracterizado la historia de América Latina. Nos independizamos de la colonia, resistimos invasiones y nos liberamos de gobiernos impuestos desde el norte. Hoy, nuevamente, debemos cuestionar el rumbo que tomamos.
Los gerentes de Trump que hoy ganan elecciones en nuestros países se prestan como administradores de la soberanía que tanto ha costado recuperar y que está consagrada en nuestras constituciones.
Ceder parte del territorio, o más bien regalarlo, no solo implica perder un pedazo de tierra; significa perder la capacidad de autodeterminación, la libertad de elección y el poder de transformación social. Ya no son presidentes: son soldados de Trump.
La mayor crítica a estos decretos es que no existe un solo país en América Latina que contemple este tipo de legislación que permita una presencia militar extranjera tan amplia, mucho menos la de una potencia mundial como Estados Unidos. La frontera entre la guerra y la seguridad pública se vuelve cada vez más difusa.
La hipótesis de que América Latina se está convirtiendo en un laboratorio estratégico para la guerra autónoma requiere una precisión urgente. No es una posibilidad lejana, es una realidad que se construye con cada decreto y cada acuerdo firmado a espaldas de los pueblos.
https://www.diario-red.com/articulo/editorial/nuestra-america-trump/20260625164251071917.html
