Dirigida por Carlos Trujillo, exembajador de EEUU en la OEA, la firma ha recibido miles de dólares para tareas de lobby contratadas por Honduras Próspera, la ciudad empresarial de la isla de Roatán, la confederación empresarial hondureña, y uno de los principales bancos del país.
Carlos Trujillo, exembajador de EEUU en la OEA
Continental Strategy no es una firma de lobby más en Washington; incluso si se la pudiese calificar de alguna manera, es la puerta de entrada de los gobiernos y las riquezas de derecha latinoamericanas a la Casa Blanca.
Sus servicios son contratados por clientes que van desde República Dominicana, Haití, asociaciones privadas agroindustriales de Guatemala, y, por supuesto, varios privados de Honduras que parecen buscar la implementación de los planes conversados por el expresidente Juan Orlando Hernández y el actual mandatario del país, Nasry Asfura.
Un plan que, según los audios del Hondurasgate, contempla la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), los llamados “estados privados” con jurisdicción propia y tribunales autónomos, cuyo mayor nombre y apellido es Próspera, una ciudad empresa apoyada por inversionistas como Peter Thiel y Marc Andreessen, donantes de Trump, la construcción de una nueva base militar estadounidense en territorio hondureño, un tratado de libre comercio con Washington, una legislación para favorecer la inversión de empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos e Israel, y la firma de contratos asignados directamente a compañías como General Electric.
La firma de Trujillo emplea a personas cercanas a la Administración Trump, como, por ejemplo, Katie Siles, la hija de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, y a Alberto Martínez, exjefe de gabinete de Rubio en el Senado
El dinero gastado en el lobby de Continental Strategy no es cualquiera; su socio fundador es Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Unidos, hijo de cubanoamericanos exiliados de la mayor de Las Antillas y artífice de gran parte de la última campaña presidencial de Trump dirigida a los votantes latinos en la última elección presidencial.
La firma de Trujillo emplea a personas cercanas a la Administración Trump, como, por ejemplo, Katie Siles, la hija de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, y a Alberto Martínez, exjefe de gabinete de Rubio en el Senado.
Otro de sus importantes lobbistas es John Barsa, Administrador Interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante la primera Administración Trump.
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Ingresos de lobby registrado por Continental Strategy según un gráfico de Open Secrets.La relación directa con Wiles y con Rubio, responsable de dictar la política exterior en Honduras, por supuesto, ha dado sus frutos para la firma fundada en 2021 después del primer gobierno de Trump.
Desde su fundación, Continental pasó de tener solo un cliente en 2021 a 127 en 2025: sus ingresos, además, se elevaron de 105 mil dólares a 27 millones de dólares en cuatro años.
Y una de sus principales fuentes de lobby, sin dudas, fue Honduras a tal punto que el 21 de noviembre de 2025, nueve días antes de las presidenciales, Trujillo participó como experto en una reunión ante el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, donde acusó a la por entonces mandataria, Xiomara Castro, y su partido LIBRE de preparar un fraude electoral.
“Si roban las elecciones y siguen por ese camino, esto tiene que terminar sin el reconocimiento de la legitimidad del régimen por parte de cualquier actor democrático creíble”, advirtió Trujillo.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), según los registros oficiales, pagó 19 mil dólares y 90 mil dólares, entre 2025 y 2026, también para que Manuel Espina realizara tareas de lobby en el Senado, la Cámara y el Departamento de Estado.
La narrativa coincidió, por supuesto, con las tesis más extremas impulsadas por empresarios extranjeros y otros hondureños con vínculos históricos con el Partido Nacional, liderado en el pasado por Juan Orlando Hernández.
Para aquellos días de noviembre, su firma de lobby, según los registros oficiales, representaba los intereses de la ciudad-empresa Honduras Prospera, al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), y el Grupo Financiero Ficohsa, uno de los bancos más grandes del país.
La audiencia en el congreso, por ende, terminó en escándalo cuando el representante demócrata Joaquín Castro increpó a Trujillo por tener una opinión sesgada por los intereses de sus clientes.
El episodio, sin embargo, ilumina sobre cómo el plan esbozado por el expresidente hondureño, indultado por cargos de narcotráfico, guarda bastante relación con los gastos empresariales en la firma cercana a Rubio y la jefa de gabinete de Trump, Susan Wiles, una antigua lobbista de Ballard, otra compañía que, por estos años, vive un momento de auge por su cercanía con la Casa Blanca.
Con un ojo en los negocios y otro en comprar favores
En 2025, Honduras Prospera, la ciudad empresa fundada en la isla de Roatán con una inversión de 100 millones de dólares de inversores de Silicon Valley como Peter Thiel, Marc Andreessen y Sam Altman de OpenIA, había iniciado un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra Honduras por las leyes que dieron origen las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), creadas en sus orígenes para crear Estados libres de impuestos y regulaciones estatales.
En medio de esta disputa jurídica, Honduras Prospera, un proyecto libertario de “startup city” donde se compra la ciudadanía y los privados pagan impuestos de 1% a sus autoridades, destinó 100 mil dólares, entre 2024 y 2025, a la firma de Trujillo cuyos objetivos están reflejados en cuatro documentos.
En el primero de ellos, del 3 de diciembre de 2024, días después de la victoria de Trump, contrató los servicios de Manuel Espina, uno de los lobistas de la firma, para que conversara con congresistas del Senado y la Cámara de Representantes sobre “los temas que afectan” a Honduras Prospera.
También para que abordara “las ideas erróneas y la desinformación presentando una narrativa alternativa e informando a personas o grupos específicos al respecto” sobre los planes del gobierno de Castro de revertir las concesiones dadas a las ZEDES. El 29 de enero de 2025, la ciudad empresa pagó 45 mil dólares para que Espina hiciera lo mismo.
El plan esbozado por el expresidente hondureño, indultado por cargos de narcotráfico, en los audios de la investigación de Diario Red América Latina, guarda bastante relación con los gastos empresariales en la firma cercana a Rubio y la jefa de gabinete de Trump, Susan Wiles
El 16 de abril, ya con Marco Rubio como secretario de Estado, el conglomerado destinó 45 mil dólares para que, esta vez, Espina “facilitara reuniones y conversaciones sobre asuntos que afectan a Honduras Próspera” con los congresistas del Senado y la Cámara de Representantes, y los funcionarios del Departamento de Estado.
El objetivo, por supuesto, fue pasar de una contranarrativa contra la disolución de las ZEDES hacia una ofensiva en instituciones claves, como el Senado a cargo de revisar las nominaciones de embajadores y la revisión de tratados internacionales y comerciales, la Cámara de Representantes, cuyos miembros son capaces de restringir la ayuda extranjera destinada a países como Honduras a través del presupuesto federal, y el Departamento de Estado, capaz de presionar a través de canales bilaterales a favor de empresas con intereses estadounidense.
Por eso, en el registro oficial de este lobby, aparece que su función era; “informar que Honduras Próspera es una iniciativa clave que impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo en la región. Al proporcionar empleo sostenible, contribuye a reducir la migración y a atraer inversión local e internacional, fomentando la estabilidad y el desarrollo a largo plazo para Honduras y la región”. 
Captura del registro oficial del pago de lobby por parte de Honduras Prospera del primer trimestre de 2025.
Captura del registro oficial del pago de lobby por parte de Honduras Prospera del primer trimestre de 2025.El lobby de Honduras Prospera involucró un desembolso de más de 500 mil dólares en varias firmas de lobby, además de Continental. Y parece haber rendido sus frutos ya que, en uno de los audios del Hondurasgate, el presidente Asfura le comunicó a Juan Orlando Hernández (JOH) sobre sus reuniones con inversionistas privados y sus planes para expandir las Zedes en la isla de Roatan, donde está Prospera, y Comayagua.
La defensa de Zedes, creadas durante el mandato de JOH como presidente del Congreso, fue, además, uno de los principales argumentos por Roger Stone, el lobbista responsable de gestionar su indulto, en una nota que escribió a principio del segundo mandato de Trump.
“No son los intrépidos inversionistas de Próspera los enemigos del pueblo, sino el propio régimen de Xiomara Castro. Un oportuno indulto al expresidente Hernández por parte del presidente Trump podría ser el golpe final para Castro. ¡Que el experimento de Próspera prevalezca, que se salve el bien común y que la izquierda global sea condenada por la mano benevolente del presidente Trump!”.
Pero, por supuesto, estos influyentes privados no fueron los únicos que gastaron increíbles sumas de dinero en influir en la política exterior estadounidense, y diseñar el regreso de las recetas neoliberales en el país centroamericano.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), según los registros oficiales, pagó 19 mil dólares y 90 mil dólares, entre 2025 y 2026, también para que Manuel Espina realizara tareas de lobby en el Senado, la Cámara y el Departamento de Estado con el fin de “promover el comercio y las inversiones entre Estados Unidos y Honduras”. El COHEP agrupa a 70 instituciones empresariales, entre ellas a las asociaciones hondureñas de Exportadores de Café, Distribuidores de Petróleo, Productores de Energía Eléctrica, Medios de Comunicación e Industriales.
La más importante, sin dudas, es la Cámara de Comercio Hondureño Americana que sirve de nexo entre los privados hondureños y las corporaciones estadounidenses con presencia en el país.
Captura del lobby pagado el COHEP.La relación del COHEP con Juan Orlando Hernández fue bastante profunda; durante la presidencia de Luis Larach, el consejo relativizó las denuncias de fraude electoral en 2017 en la reelección de JOH y acompañó iniciativas del mandatario como un Código Tributario favorable a las empresas. Su sucesor en el COHEP, el empresario textil, Juan Carlos Sikaffy, cuya familia era contratista del Estado, se resistió a sumarse a los pedidos empresariales de salida anticipada de JOH por las denuncias de corrupción y narcotráfico en su contra.
Sin embargo, el escándalo más grande se dio cuando la cúpula empresarial pidió a JOH el nombramiento de Juan Ramón Molina Rodríguez, uno de los miembros de su directiva, como representante empresarial en el fideicomiso que administraba el dinero de la Tasa de Seguridad, un impuesto cobrado a los hondureños para financiar la lucha contra el delito.
Molina Rodríguez fue acusado por la Fiscalía hondureña, durante el mandato de Xiomara Castro, de liderar una trama que desvió, a través de contratos inflados y empresas fantasmas, al menos, 750 mil dólares.
Por supuesto, el COHEP tuvo varios enfrentamientos con el partido Libre por las investigaciones por la Tasa de Seguridad y varias políticas sociales y económicas implementadas durante la presidencia de Xiomara Castro.
Toda esta red empresarial, detrás del lobby de una de las principales firmas de Washington, revela como el plan de JOH, conversado con el actual presidente hondureño, está basado en perpetuar un modelo que fusiona el poder político con el empresarial
Sin embargo, no fueron los únicos privados hondureños que contrataron los servicios de lobby de Continental Strategy; el grupo FICOHSA pagó a Carlos Trujillo un total de 235 mil dólares para que hiciera lobby en la Cámara de Representantes y el Departamento de Estado bajo la categoría de “servicios financieros”.
Mientras que este año, un contrato del grupo sigue activo con la firma por el monto de 133 mil dólares sin lobbistas, ni tareas asignadas, lo que revela el intereses en mantener la relación para acceder al circulo cercano de Rubio.
FICOHSA tiene un banco centroamericano con el mismo nombre con operaciones en Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, España y Estados Unidos.
También posee acciones de aseguradoras como Confío, Alianza y ASESUISA. Su dueño, Camilo Atala Faraj, es considerado uno de los hombres más ricos de Honduras.
Durante el mandato de JOH, FICOHSA fue uno de los grupos beneficiados con la administración de fideicomisos dentro de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA). Estos fideicomisos permitieron la privatización encubierta, mediante “alianzas público privados”, de compañías como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Puerto Cortés, uno de los principales puertos del Atlántico centroamericano, la empresa de cobro de peajes en la capital, Tegucigalpa, y las compañías de agua potable de San Pedro Sula y Tegucigalpa, entre otras.
FICOHSA fue investigada por lavar dinero de la corrupción por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción de Honduras (MACCIH), creadas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Uno de los mayores escándalos que involucró al grupo ocurrió en marzo de 2022 cuando la esposa de JOH, Ana Rosalinda García de Hernández, traspasó varias casas familiares a FICOHSA como forma de pago de los prestamos tomados con la institución por la Sociedad Inversiones del Río S. De R.L, creada por JOH junto a su hermano, Tony Hernández, por entonces ya condenado por narcotráfico.
La operación, en los días previos a que JOH fuera extraditado a Estados Unidos, fue considerada una forma de proteger su patrimonio, de cualquier acción judicial, al traspasarlos al banco. De esa forma, el dinero que sobrara del pago de los préstamos, pudo ser depositado sin problemas en las cuentas familiares de su esposa.
Por supuesto, el gobierno de Xiomara Castro se enfrentó con el grupo, sobre todo, por su intención de revertir la administración de varios de sus fideicomisos de empresas públicas, como por ejemplo el servicio de agua potable en la capital y San Pedro Sula y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otros.
Toda esta red empresarial, detrás del lobby de una de las principales firmas de Washington, revela como el plan de JOH, conversado con el actual presidente hondureño, está basado en perpetuar un modelo que fusiona el poder político con el empresarial, según Marvin Barahona, autor del libro Elites, redes de poder y régimen político en Honduras.
Para Barahona; “la apertura al libre mercado y la orientación de la economía hacia la satisfacción de la demanda externa y la acumulación de capitales a favor de la inversión externa, contribuye significativamente a la reproducción de los rasgos que en el pasado condenaron a Honduras a la dependencia, el subdesarrollo de sus regiones interiores, la multiplicación progresiva del desempleo y el subempleo, los bajos salarios, y también a la precariedad de la estabilidad laboral y la consiguiente ola migratoria hacia el extranjero”.
El plan de JOH sintetiza, por lo tanto, la defensa de un modelo expolio del país centroamericano por parte de quienes se consideran sus dueños.
https://www.diario-red.com/articulo/internacional/continental-strategy-firma-cercana-marco-rubio-responsable-lobby-empresarial-detras-hondurasgate/20260507193400069025.html
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