Un gobierno que no encuentra su rumbo, ¿ahora busca la mano dura?
Cuando Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025, lo hizo con la promesa de cambiar el rumbo de Bolivia, de poner fin a la crisis y de gobernar con transparencia y eficiencia.
Pero a pocos meses de su gestión, la realidad que se dibuja es muy distinta: las elecciones subnacionales de marzo de este año revelaron un escenario político fragmentado, la economía muestra luces que no llegan a los bolsillos de la gente y los movimientos sociales están en pie de guerra, cansados de promesas que no se cumplen.
Las urnas fueron el primer aviso.
En los comicios del 22 de marzo, las fuerzas aliadas al gobierno apenas lograron imponerse en tres de las nueve gobernaciones.
En La Paz, donde se esperaba un apoyo mayor, el resultado terminó en polémica: tras el desistimiento del segundo candidato, el Tribunal Supremo Electoral proclamó ganador a Luis Revilla, aliado del oficialismo, pero organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) denunciaron una “democracia pactada” y convocaron a movilizaciones, advirtiendo que no permitirán que se pisotee la voluntad popular.
En otros departamentos, el panorama es igual de complicado: en Santa Cruz y Tarija habrá segunda vuelta, en Cochabamba ganó Leonardo Loza, cercano a las posturas de Evo Morales, y en Pando, Gabriela de Paiva hizo historia al convertirse en la primera gobernadora electa, pero desde una fuerza política ajena al círculo de poder de La Paz.
En las alcaldías, tampoco hay consuelo: mientras Manuel Saavedra obtuvo una victoria aplastante en Santa Cruz, en La Paz el ganador fue César Dockweiler, exaliado de Morales, y en Cochabamba, Manfred Reyes Villa se reeligió por quinta vez, demostrando que los viejos liderazgos siguen teniendo más fuerza que las nuevas propuestas del gobierno.
Pero si la política es un campo de batalla, la economía no se queda atrás.
El gobierno se jacta de cifras que parecen buenas: superávit comercial de 801 millones de dólares entre enero y febrero, superávit fiscal de 2.300 millones de bolivianos en enero y una inflación que parece desacelerarse.
Pero estas cifras son como espejismos en el desierto: no se traducen en bienestar para la población.
Mientras el gobierno habla de estabilización, el precio de los alimentos básicos se dispara: el pan se ha duplicado en algunos lugares, los pasajes de transporte suben sin control y el salario mínimo de 3.300 bolivianos es insuficiente para cubrir ni siquiera la mitad de la canasta familiar.
Todo esto comenzó con el famoso Decreto Supremo 5503, que anunció el aumento de los precios de los combustibles y que, aunque fue abrogado tres semanas después, dejó los nuevos valores vigentes: un ejemplo perfecto de la improvisación que caracteriza a esta gestión, donde se toman medidas sin consultar, se genera malestar y luego se intenta corregir sin resolver el fondo del problema.
Analistas ya han señalado que muchos miembros del gabinete llegaron con un “software desactualizado”, sin una estrategia clara y con una comunicación que no logra explicar ni convencer.
Getty ImagesY como era de esperarse, la respuesta social no se hizo esperar. La COB, junto a decenas de organizaciones campesinas y originarias, ha salido a las calles exigiendo un aumento salarial del 20%, la derogación de normas que consideran atentatorias contra sus derechos y el rechazo a la llamada “ley antibloqueos” que pretende prohibir las protestas en las carreteras.
Han dado plazos al gobierno, han presentado pliegos petitorios y han advertido que, si no hay respuestas, las movilizaciones se intensificarán.
No son solo reclamos económicos: también hay desconfianza política, especialmente después de lo ocurrido en las elecciones subnacionales y de decisiones como el Decreto 5515, que permite al presidente gobernar desde el extranjero y que fue criticado incluso por expresidentes como Evo Morales y Eduardo Rodríguez Veltzé, quienes lo consideran un atentado contra la institucionalidad.
A esto se suma la inestabilidad interna: en solo cuatro meses, el gobierno ha tenido cuatro destituciones y dos renuncias de altos funcionarios, lo que demuestra que ni siquiera en su propio equipo hay consenso ni estabilidad.
Lo que prometía ser un gobierno de cambio y unidad se ha convertido en un escenario de conflictos, donde cada medida genera más problemas y cada anuncio genera más dudas.
Y ahora, con un panorama tan convulso, el gobierno de Paz parece apostar por la mano dura.
El anuncio de la construcción de cárceles “modelo El Salvador” o “Nelson Mandela” para enfrentar el crecimiento del crimen organizado es, cuando menos, una medida que genera más preguntas que respuestas.
¿Es la militarización del sistema penitenciario la solución a la ineficiencia y la corrupción que aquejan a las cárceles bolivianas?
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, argumenta que es una estrategia integral ante la reconfiguración del narcotráfico tras la caída de líderes como Marset. Reconoce que cárceles como Palmasola han sido desbordadas y que las redes criminales siguen operando desde dentro. La solución, según el gobierno, pasa por el bloqueo de señales de telefonía e internet y el fortalecimiento de sistemas de inteligencia.
Pero la experiencia de otros países, como El Salvador, con su controvertido “modelo Bukele”, ha demostrado que la mano dura sin una reforma estructural profunda del sistema de justicia y sin el respeto a los derechos humanos, puede conducir a una espiral de violencia y autoritarismo.
¿Está el gobierno de Paz dispuesto a pagar ese precio? ¿Es esta la respuesta a la incapacidad de gestionar la economía y la inestabilidad política? ¿O es, en realidad, un intento desesperado por mostrar autoridad y control ante una población cada vez más descontenta y unos movimientos sociales cada vez más movilizados?
La supuesta presencia de organizaciones internacionales como el Primer Comando de la Capital en Bolivia es la reinstauración de la teoría del “enemigo interno” al cual recurre la derecha para movilizar sus recursos hacia la represión ante el fracaso de su tan proclamado “capitalismo para todos”.
El gobierno pretende tratar superficialmente un problema mucho más complejo que no se resuelve con paredes más altas, celdas más estrechas y fuerzas especiales.
El desafío real es desarticular las razones que posibilitan que las estructuras del crimen organizado penetren en las necesidades de la población para aportar contención a los problemas que el Estado no se preocupa en solucionar.
Para combatir al crimen organizado, se debe combatir la corrupción en todos los niveles del Estado y garantizar un sistema de justicia transparente y eficaz.
La construcción de cárceles “modelo” forman parte de un show mediático reaccionario que generalmente encubre un jugoso negocio desviando recursos del Estado para transmitir un mensaje de odio y de venganza.
Rodrigo Paz llegó al poder con el apoyo de millones de bolivianos que querían un cambio.
Pero hoy, ese apoyo se está desvaneciendo, reemplazado por la desilusión, la protesta y ahora, la preocupación ante un posible giro hacia políticas de seguridad que, en lugar de resolver los problemas de fondo, podrían generar nuevos conflictos y tensiones en un país que ya está al límite.
Si no cambia el rumbo, si no deja de improvisar y si no escucha las demandas de quienes lo eligieron, su gobierno corre el riesgo de convertirse en un capítulo más de la larga lista de administraciones que prometieron mucho y cumplieron poco.
Y en este escenario, la construcción de cárceles “modelo” podría ser solo el inicio de un camino peligroso para la democracia boliviana.
Oscar Rotundo* Analista político. Director Editorial PIA Global.
Foto de portada: Reuters
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