En Miraflores se ha optado por una vía pragmática, un ejecutivo tecnócrata que gestiona en base a presiones externas, priorizando la supervivencia inmediata sobre la retórica ideológica.
Por Fernando Ariza |
En una decisión acelerada, la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permite la entrada masiva de capital privado en el sector petrolero, rompiendo con el monopolio estatal que había definido la industria desde la era chavista.
Esta medida, firmada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, promete mayor autonomía para empresas privadas en la producción, venta y exportación de crudo, con reducciones en impuestos y mecanismos de arbitraje independientes.
Lo que sorprende no es solo el contenido de la ley, sino el tiempo récord en que se tramitó: apenas semanas después de la agresión estadounidense del 3 de enero, cuando fuerzas armadas de EE.UU bombardearon Caracas y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
El contexto es innegable: estas decisiones se toman en un escenario de coerción extrema. El bombardeo, que dejó al menos 40 muertos entre civiles y militares, fue justificado por el presidente Donald Trump como una operación contra el «narcoterrorismo», pero es una violación flagrante del derecho internacional, un crimen que establece un precedente peligroso
. Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras el secuestro de Maduro, ahora legisla con una pistola en la cabeza.
La administración Trump ha impuesto demandas explícitas: cortar lazos con China, Rusia, Irán y Cuba, priorizar a empresas estadounidenses en el petróleo y permitir un control temporal de EE.UU sobre el país hasta una «transición segura».
Bajo la amenaza de nuevas intervenciones, Rodríguez ha cedido, firmando la reforma en un acto público donde levantó una copia de la ley ante trabajadores de PDVSA, prometiendo prosperidad para Venezuela.
Probablemente, lo más desconcertante sea cómo el gobierno venezolano vende esta medida. Lejos de llevar a cabo una denuncia abierta contra las coacciones estadounidenses, la narrativa oficial enfatiza la «dinamización del sector petrolero para generar bienestar».
Rodríguez ha hablado de atraer inversiones para reconstruir la industria, con un plan de 100.000 millones de dólares propuesto por Trump, y ha anunciado el desbloqueo de activos venezolanos en EE.UU para comprar equipo hospitalario.
Hay tímidas menciones a la soberanía violada y a la agresión imperialista del 3 de enero. En su lugar, se opta por una vía pragmática, un ejecutivo tecnócrata que gestiona en base a presiones externas, priorizando la supervivencia inmediata sobre la retórica ideológica.
Resulta complicado revestir esta acción de gobierno con una retórica antiimperialista y soberanista.
No se corresponde con la realidad: Venezuela está cediendo el control de su principal recurso, y la apertura al capital privado revierte principios bolivarianos como el control estatal del petróleo.
¿Está el gobierno venezolano tratando de ganar tiempo a la espera de algún cambio de poder en Washington?
Delcy Rodríguez ha expresado cansancio por las «órdenes» de EE.UU, y hay dudas en la inteligencia estadounidense sobre su cooperación plena. Sin embargo, con la flota naval estadounidense en el Caribe y sanciones aún vigentes, las opciones parecen limitadas.
La senda iniciada en Miraflores tras la agresión imperialista del 3 de enero es, por lo menos, preocupante. Genera dudas y transmite la sensación de que se ha perdido la autonomía del proceso bolivariano, transformándolo en una gestión subordinada a intereses extranjeros.
Ojalá me equivoque, y esta sea solo una maniobra temporal para recuperar reorganizar fuerzas. Pero los hechos, por ahora, sugieren un retroceso que podría marcar el fin de una era.
https://nuevarevolucion.es/venezuela-legislar-con-una-pistola-en-la-cabeza/
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