
**Este martes 22 de abril el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó la carta enviada por El Salvador, mediante la cual se reitera que los 252 migrantes venezolanos secuestrados en dicho país no serán liberados, si Venezuela no entrega igualmente a 252 personas privadas de libertad por «razones políticas».
Mediante un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno de Venezuela considera que dicha carta «constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».
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El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela
DM N° 000456
EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA saluda muy atentamente al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y tiene el honor de dirigirse a esa Cancillería en atención a la Nota Diplomática de fecha 22 de abril de 2025, recibida en esta sede.
Al respecto, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera que dicha nota constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrian tipificarse como acciones delictivas internacionales, los cuales se enumeran a continuación:
1. Violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes han sido privados de su libertad de forma arbitraria, recluidos sin orden judicial ni juicio previo en un centro de confinamiento de máxima seguridad, sometidos a condiciones degradantes e inhumanas, sin posibilidad de contacto con familiares ni representación legal, y lo más importante, convirtiéndolos en víctimas del gravísimo delito de trata humana.
2. Criminalización colectiva y xenofobia institucional, al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales (ya desmanteladas en Venezuela), en abierta vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio de responsabilidad penal individual.
Al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador San Salvador. la República Bolivariana de Venezuela
3. Negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica, ni comparecencia ante tribunales competentes, en violación directa de las garantias minimas reconocidas por el derecho internacional general, transformándolos de manera automática en víctimas de desaparición forzada.
4. Propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible, al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un "intercambio" por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético.
Tomando en cuenta adicionalmente, que ninguno de los detenidos a los que hace mención posee la ciudadanía salvadoreña, siendo la mayoría de estos ciudadanos venezolanos.
Este planteamiento constituye una aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana.
5. Secuestro y traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal, ejecutado por autoridades de los Estados Unidos de América, quienes deportaron arbitrariamente a estos ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño.
Esta práctica representa una violación directa del derecho internacional público, así como de principios constitucionales reconocidos incluso por el sistema judicial estadounidense.
Cabe destacar que esta conducta ha sido condenada por órganos de justicia de ese país, incluida la Corte Suprema, la cual ha advertido sobre los límites legales de las deportaciones arbitrarias y el respeto al debido proceso. fel Frente a esta situación, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exige la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente en territorio salvadoreño y responsabiliza al Estado salvadoreño por cualquier afectación a su integridad física y psicológica.
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela exhorta al Gobierno de El Salvador a dar respuesta inmediata, veraz y completa al cuestionario, elaborado por el Ministerio Público venezolano, el cual contiene requerimientos fundamentales para la investigación en curso y para la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, de la siguiente manera:
1.- Identificación de las personas venezolanas privadas de libertad que fueron deportadas al referido país desde los Estados Unidos.
2.- ¿Qué delitos han cometido estos ciudadanos venezolanos en El Salvador?
3. ¿Ante qué Tribunal han sido presentados y qué procedimiento se sigue en su contra?
4.- ¿Se les ha garantizado su derecho a la defensa, a la salud y a la comunicación con sus familiares?
5.- Entrega inmediata, a los familiares de los secuestrados, así como sus abogados y representantes legales, de una Fe de Vida de cada uno de ellos, que sea comprobable bajo estándares internacionales.
La respuesta a estas preguntas es fundamental y mandatoria para comenzar el proceso de restitución de las libertades de los secuestrados y el inicio de su regreso a Venezuela.
EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA reitera al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador las seguridades de su respeto.
Caracas, 22 de abril de 2025