Puede que la Corte Internacional de Justicia sea lo único que separe a los palestinos de Gaza del genocidio
El exhaustivo escrito de 84 páginas presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que acusa a Israel de genocidio es difícil de refutar.
La campaña israelí de matanzas indiscriminadas, la destrucción masiva de infraestructuras, incluidas viviendas, hospitales y plantas de tratamiento de agua, junto con el uso del hambre como arma, acompañada de la retórica genocida de sus dirigentes políticos y militares, que hablan de destruir Gaza y de limpiar étnicamente a los 2,3 millones de palestinos, constituyen un sólido argumento a favor de la acusación de genocidio.
La difamación de Israel al considerar a Sudáfrica como «brazo legal» de Hamás ejemplifica la insolvencia de su defensa, una difamación replicada por quienes afirman que las manifestaciones celebradas para pedir un alto el fuego y proteger los derechos humanos palestinos son «antisemitas». Israel, con su genocidio retransmitido en directo al mundo, no tiene argumentos sustanciales para contrarrestarlo.
Pero eso no significa que los jueces del tribunal vayan a fallar a favor de Israel. La presión que ejercerá Estados Unidos -el Secretario de Estado Antony Blinken ha calificado las acusaciones sudafricanas de «infundadas»- sobre los jueces, procedentes de los Estados miembros de la ONU, será intensa.
Una sentencia de genocidio es una mancha que a Israel -que utiliza el Holocausto como arma para justificar su tratamiento cruel de los palestinos- le costaría eliminar. Socavaría la insistencia de Israel en que los judíos son víctimas eternas.
Destrozaría la justificación de la matanza indiscriminada de palestinos desarmados por parte de Israel y la construcción de la mayor prisión al aire libre del mundo en Gaza, junto con la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este. Acabaría con la inmunidad a las críticas de que disfrutan el lobby israelí y sus partidarios sionistas en Estados Unidos, que han conseguido equiparar las críticas al «Estado judío» y el apoyo a los derechos de los palestinos con el antisemitismo.
Más de 23.700 palestinos, entre ellos más de 10.000 niños, han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, cuando Hamás y otros combatientes de la resistencia rompieron las barreras de seguridad que rodean Gaza. Unas 1.200 personas perdieron la vida; hay pruebas fehacientes de que algunas de las víctimas murieron a manos de tripulaciones de tanques y pilotos de helicópteros israelíes que atacaron intencionadamente a unos 200 rehenes junto con sus captores. Miles de palestinos más están desaparecidos, presuntamente enterrados bajo los escombros.
Los ataques israelíes han dejado más de 60.000 palestinos heridos y mutilados, la mayoría mujeres y niños. Otros miles de civiles palestinos, incluidos niños, han sido detenidos, vendados, fichados, golpeados, obligados a desnudarse hasta quedar en ropa interior, cargados en camiones y transportados a lugares desconocidos.
Podrían pasar años hasta que el tribunal se pronuncie. Pero Sudáfrica solicita medidas cautelares que exijan a Israel el cese de su asalto militar: en esencia, un alto el fuego permanente. Esta decisión podría producirse en dos o tres semanas. Se trata de una decisión que no se basa en la sentencia final del tribunal, sino en el fundamento del caso presentado por Sudáfrica.
Al exigir a Israel que ponga fin a sus hostilidades en Gaza, el tribunal no definirá la campaña israelí en Gaza como genocidio. Confirmaría que existe la posibilidad de genocidio, lo que los abogados sudafricanos llaman actos de «carácter genocida».
El caso no se determinará por la documentación de crímenes específicos, ni siquiera los definidos como crímenes de guerra. Se determinará por la intención genocida -la intención de erradicar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso-, tal como se define en la Convención sobre el Genocidio.
En conjunto, estos actos incluyen el ataque a campos de refugiados y otras zonas civiles densamente pobladas con bombas de 1.000 kilos, el bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción del sistema sanitario y sus efectos sobre los niños y las mujeres embarazadas -la ONU calcula que hay unas 50.000 mujeres embarazadas en Gaza y que cada día nacen más de 160 bebés-, así como las repetidas declaraciones genocidas de destacados políticos y generales israelíes.
El primer ministro Benjamin Netanyahu equiparó a Gaza con Amalek, una nación hostil a los israelitas en la Biblia, y citó el mandato bíblico de matar a todo hombre, mujer, niño o animal de Amalek. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, llamó a los palestinos «animales humanos». El presidente israelí, Isaac Herzog, declaró, como los abogados sudafricanos dijeron al tribunal, que todos los habitantes de Gaza son responsables de lo ocurrido el 7 de octubre porque votaron a Hamás, aunque la mitad de la población de Gaza son niños demasiado jóvenes para votar.
Pero aunque toda la población de Gaza hubiera votado a Hamás, eso no la convierte en un objetivo militar legítimo. Según las normas de la guerra, siguen siendo civiles y tienen derecho a protección. También tienen derecho, en virtud del derecho internacional, a resistir su ocupación mediante la lucha armada.
Los abogados sudafricanos, que compararon los crímenes de Israel con los perpetrados por el régimen del apartheid en Sudáfrica, mostraron al tribunal un vídeo de soldados israelíes celebrando y pidiendo la muerte de palestinos -bailan mientras cantan «no hay civiles no implicados»- como prueba de que la intención genocida desciende desde lo más alto hasta lo más bajo de la maquinaria de guerra y el sistema político israelíes.
Proporcionaron al tribunal fotos de fosas comunes donde se enterraban cadáveres «a menudo sin identificar». Nadie -incluidos los recién nacidos- se salvó, explicó al tribunal la abogada sudafricana Adila Hassim.
Los abogados sudafricanos dijeron al tribunal que el «primer acto genocida es la matanza masiva de palestinos en Gaza». El segundo acto genocida, afirmaron, son los graves daños corporales o mentales infligidos a los palestinos de Gaza en violación del artículo 2B de la Convención sobre el Genocidio. Tembeka Ngcukaitobi, otro abogado y jurista que representa a Sudáfrica, argumentó que «los dirigentes políticos, mandos militares y personas con cargos oficiales de Israel han declarado sistemáticamente y en términos explícitos su intención genocida».
Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, calificó la audiencia del jueves 11 de enero, de tres horas de duración, como una de las «mayores muestras de hipocresía de la historia, agravada por una serie de afirmaciones falsas y sin fundamento». Acusó a Sudáfrica de querer permitir que Hamás regrese a Israel para «cometer crímenes de guerra».
Juristas israelíes, en su respuesta del viernes, calificaron las acusaciones sudafricanas de «infundadas, «absurdas» y equivalentes a «difamación». El equipo jurídico de Israel afirmó que -a pesar de los informes de la ONU sobre hambruna generalizada y enfermedades infecciosas por el colapso del saneamiento y la escasez de agua limpia- no había impedido la asistencia humanitaria. Israel defendió los ataques a hospitales, calificándolos de «centros de mando de Hamás».
Dijo al tribunal que actuaba en defensa propia. «Las inevitables víctimas mortales y el sufrimiento humano de cualquier conflicto no constituyen en sí mismos un patrón de conducta que demuestre plausiblemente una intención genocida», declaró Christopher Staker, abogado de Israel.
Los dirigentes israelíes acusan a Hamás de llevar a cabo un genocidio, aunque legalmente si eres víctima de un genocidio no puedes cometerlo. Hamás tampoco es un Estado. Por tanto, no es parte de la Convención sobre el Genocidio.
La Haya, por este motivo, no tiene jurisdicción sobre la organización. Israel también afirma que se advierte a los palestinos de que evacúen las zonas que serán atacadas y se les proporcionan «zonas seguras», aunque, como documentaron los abogados sudafricanos, las «zonas seguras» son bombardeadas rutinariamente por Israel con numerosas víctimas civiles.
Israel y la administración Biden pretenden impedir cualquier medida cautelar del tribunal, no porque el tribunal pueda obligar a Israel a detener sus ataques militares, sino por la imagen que daría, que ya es desastrosa. El fallo de la CIJ depende del Consejo de Seguridad para su aplicación, lo que, dado el poder de veto de Estados Unidos, hace que cualquier fallo contra Israel sea irrelevante.
El segundo objetivo de la administración Biden es asegurarse de que Israel no sea declarado culpable de cometer genocidio. Será implacable en esta campaña, presionando fuertemente a los gobiernos que tienen juristas en el tribunal para que no declaren culpable a Israel. Rusia y China, que tienen juristas en La Haya, están luchando contra sus propias acusaciones de genocidio y pueden decidir que no les interesa declarar culpable a Israel.
La administración Biden está practicando un juego muy cínico. Insiste en que está tratando de detener lo que, según su propia admisión, es el bombardeo indiscriminado de palestinos por parte de Israel, mientras pasa por alto al Congreso para acelerar el suministro de armas a Israel, incluidas las bombas no dirigidas o «tontas» (dumb bombs). Insiste en que quiere poner fin a los combates en Gaza mientras veta las resoluciones de alto el fuego en la ONU. Insiste en que defiende el Estado de derecho mientras subvierte el mecanismo legal que puede detener el genocidio.
El cinismo impregna cada palabra que pronuncian Biden y [el secretario de Estado] Blinken. Este cinismo se extiende a nosotros. Cree la Casa Blanca que nuestra repulsión por Donald Trump nos impulsará a mantener a Biden en el cargo. En cualquier otro asunto podría ser así, pero no si juega un papel principal en un caso de genocidio.
El genocidio no es un problema político. Es un problema moral. No podemos, cueste lo que cueste, apoyar a quienes cometen genocidio o son cómplices de él.
El genocidio es el mayor de todos los crímenes. Es la expresión más pura del mal. Debemos apoyar inequívocamente a los palestinos y a los juristas de Sudáfrica. Debemos exigir justicia. Debemos exigir responsabilidades a Biden por el genocidio en Gaza.
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
