El pasado jueves 23 de marzo, la corte del estado Delaware, en Estados Unidos, dirigido por el juez Leonard Stark, otorgó el derecho a cuatro empresas de embargar acciones de la compañía matriz de Citgo Petroleum Corp., filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), de acuerdo con un reporte de Reuters.
La compañía matriz de Citgo se denomina PDV Holding.
Las demandas ante la corte estadounidense por parte de empresas transnacionales que exigen el pago de deudas a Venezuela han tenido al juez Stark como un depositario confiable para llevar a cabo decisiones negativas respecto a los activos venezolanos en Norteamérica.
Sin embargo, según la información provista, la condición para que los embargos ocurran consiste en una modificación del esquema de "sanciones" emitidas por las instituciones gubernamentales de Estados Unidos.
Los cuatro acreedores podrían, con el amparo judicial de Delaware, cobrar 2,5 mil millones de dólares en deudas, la utilidad neta alcanzada supuestamente por la filial en 2022.
Se trata de las empresas O-I Glass Inc, Huntington Ingalls Industries Inc, ACL1 Investments Ltd y Rusoro Mining Ltd.
En la segunda semana de octubre de 2022, Stark ordenó la subasta de acciones de Citgo para indemnizar con 970 millones de dólares a Crystallex por una mina en 2010 nacionalizada durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y dio un plazo de seis meses para obtener el visto bueno de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, que en ese entonces extendió la licencia de protección de Citgo hasta abril de 2023. Decisión que fue rechazada por PDVSA, emitida por un comunicado.
Por otro lado, la misma corte, en septiembre de 2021, sirvió para que el fraudulento "gobierno paralelo" de Juan Guaidó llegara a un acuerdo con ConocoPhillips, que también había demandado activos de Citgo, para pagarle a la petrolera 1 mil 287 millones 664 de dólares con dinero público venezolano.
La junta ad hoc de Citgo, instalada durante el "interinato fake", hizo poco y nada para que el litigio no favoreciera a las transnacionales. Esta valoración es propia de cualquiera que analice los casos; el mismo economista opositor Francisco Rodríguez reconoce que la figura de Guaidó "ejerció de forma inapropiada control directo sobre la empresa".
En agosto de 2018, la ofensiva legal de Crystallex argumentó que el control accionario de PDVSA sobre Citgo la convertía en un "alter ego" de la República Bolivariana de Venezuela, lo que favoreció el reclamo de la minera canadiense, de la cual el abogado José Ignacio Hernández, futuro "procurador" del "interinato", formó parte de su equipo jurídico.
Desde entonces, se sumaba una seria amenaza de despojo definitivo de la filial de PDVSA, que atañe a la campaña de "protección de activos", orientada a encubrir el saqueo de los activos nacionales bajo la mampara de la lucha contra la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro.
Dicha estrategia le salió el tiro por la culata, pues los acreedores ahora tenían que probar que el "interinato fake" ejercía control directo sobre la compañía. Como lo muestra los documentos publicados por Rodríguez, el juez Stark "halló que el gobierno interino ejerció control extensivo de PDVSA al utilizar fondos de filiales de PDVSA para sus propios fines, ordenar a PDVSA hacer y suspender pagos de deuda y anunciar que la deuda de PDVSA y la República tendrían el mismo trato".
Así, el "alter ego" volvió a fallarse y la corte de Delaware decidió que procedía el embargo de activos. La "protección de activos" terminó convirtiéndose en una cesión sistemática de los bienes venezolanos a favor del corporativismo estadounidense; lo que dijeron combatir fue reforzado con sus acciones.
Como apunta Rodríguez, "la decisión de la Corte confirma que la responsabilidad de haber abierto la puerta al embargo de CITGO por los acreedores de la República recae totalmente sobre el interinato".
Teniendo en cuenta que el economista venezolano es un vocero de un sector de las oposiciones, podemos aducir que a los principales operadores del "interinato" se les acusa (otra vez) de corrupción toda vez que es "inexcusable que, después de haber gastado decenas de millones de dólares en abogados, el interinato haya incurrido en fallas tan básicas. Que lo hayan hecho siembra serias dudas sobre la integridad de quienes estuvieron a cargo de la conducción de estos asuntos".
Con la reciente autorización judicial, el monto total a embargar suma unos 7,6 mil millones de dólares a favor de nueve empresas norteamericanas.
La junta ad hoc de Citgo anunció que va a apelar la última decisión del juez Stark, sin embargo, parece improbable que tenga éxito a corto y mediano plazo debido a que el manejo de la empresa está siendo gestionado bajo discreción de sus operadores directos -abrigados por el gobierno estadounidense- y en desmedro del velo corporativo.
Rodríguez sugiere que "la AN electa en 2015 debe además proceder a la destitución de la Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA y a la investigación de las decisiones tomadas por quienes tuvieron a su cargo la estrategia legal que llevó a entregarle a estos acreedores la capacidad de embargar a CITGO".
Si bien es cierto que durante las gestiones anteriores a 2019 se cometieron errores procedimentales en el manejo de la empresa venezolana radicada en Houston, estado de Texas, que la ofensiva en enjambre de parte de empresas norteamericanas para hacerse de los activos de Citgo en los últimos cuatro años haya arreciado no es un dato menor. La mentada "junta ad hoc" ha actuado de manera poco transparente en el caso y no rinde cuentas de las acciones legales pertinentes a los casos ante la corte de Delaware.
A partir de que el gobierno estadounidense decidió reconocer a otra figura como presidente de Venezuela y no a Nicolás Maduro, las debilidades para defender los activos de la república se han acentuado y quienes son los responsables de dichos bienes se caracterizan por el uso delictivo de los recursos venezolanos en el extranjero.
Por ahora, y paradójicamente, las medidas coercitivas de Washington contra Venezuela sirven como margen de retención para que la mano corporativa no tome las acciones de Citgo y se reparta la mesa de uno de los activos más preciados por el lobby energético en Estados Unidos.
Pero una firma desde el Departamento del Tesoro puede dar rienda suelta al despojo, una política característica del gobierno estadounidense cuando se trata de Venezuela. Todo es cuestión de negocios, y si es a cuenta de un tercero, la celebración es doble.
https://misionverdad.com/venezuela/el-ultimo-capitulo-sobre-el-despojo-corporativo-de-citgo
