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Los manifestantes aclaman a los tribunales israelíes como el último baluarte de la democracia, pero ¿democracia para quién?
¿Qué democracia?
El primer ministro "israelí", el genocida Benjamin Netanyahu, y el intento de su Régimen de extrema derecha de reformar radicalmente el sistema legal y judicial "israelí" ha provocado protestas generalizadas en "Israel".
Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles bajo el lema de defender la democracia "israelí". Muy temprano en las protestas, comenzaron a aparecer vallas publicitarias en todo "Israel" que decían: “El Tribunal Superior de Justicia es la armadura de nuestros soldados”.
La idea persistió mientras se extendían las protestas. Y, probablemente impulsados por el temor de perder las protecciones de la corte, una ola de soldados de reserva está declarando su negativa a servir, posiblemente el elemento más significativo de las protestas.
El sentimiento de "armadura corporal" es en gran medida correcto. La independencia percibida del poder judicial "israelí" es un factor clave para evitar la rendición de cuentas internacional por los crímenes de "Israel" contra los palestinos, en la ocupación y más allá.
La mayoría de los sistemas judiciales internacionales solo aceptarán casos extranjeros si se puede demostrar que el propio sistema de un país no pudo adjudicar imparcialmente las denuncias de crímenes de guerra.
Sin embargo, la situación plantea una pregunta que pocos en el Régimen sionista se han atrevido a formular: incluso sin las reformas de Netanyahu, ¿ha hecho lo suficiente el poder judicial para abordar las violaciones del derecho intranacional?
Más allá de su labor de defensa de los derechos civiles, ¿los fallos de los tribunales sobre el derecho internacional simplemente han dado a los crímenes de Régimen genocida contra los palestinos una pátina de legitimidad, como sostienen algunos israelíes progresistas y muchos palestinos?
Un exfiscal general, Avichai Mendelblit, fue bastante contundente al explicar por qué el país necesita que sus tribunales sean independientes:
“En el momento en que el sistema de justicia en 'Israel' no sea percibido como tal, 'Israel' perderá la legitimidad internacional por sus operaciones militares y ya no estará protegido de las acusaciones de crímenes de guerra”.
La predicción de Mendelblit pronto podría ponerse a prueba, con las apelaciones palestinas ante la Corte Penal Internacional en La Haya ya pendientes. Perder la apariencia de independencia puede exponer a los soldados "israelíes", comandantes militares, líderes de las fuerzas de seguridad e incluso ministros "israelíes", pasados y presentes, a enjuiciamientos en países extranjeros.
Estos casos podrían llegar al nivel de responsabilizar al Estado genocida por delitos graves como la tortura: el pasado mes de junio, el Comité Público contra la Tortura en "Israel", en colaboración con la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó a los fiscales de la CPI que incluyeran el delito de tortura en su investigación sobre la ocupación "israelí" de Palestina.
La cuestión de la tortura en es sólo uno de varios motivos potenciales para la intervención jurídica internacional en relación con el trato del Régimen sionista a los palestinos. La ocupación prolongada de "Israel" en Cisjordania y la Franja de Gaza, su mantenimiento de un Régimen de Apartheid y los crímenes de guerra que ha estado cometiendo en Gaza también saldrían a la luz.
El tratamiento de la tortura y otros delitos por parte de los tribunales sionistas ofrece algunas respuestas sobre cuán imparcial ha sido realmente el poder judicial con respecto a los delitos contra los palestinos, y las afirmaciones "israelíes" de democracia exhibidas en las recientes protestas.
El caso de la tortura
Una mirada más cercana a cómo el poder judicial "israelí" ha estado abordando las denuncias de tortura revela lo que está y lo que no está en juego en la reciente legislación del Régimen genociada.
En 1999, el Tribunal Superior de Justicia de "Israel" dictó un fallo que fue aclamado por poner fin al uso de la tortura en "Israel".
Sin embargo, según los datos recopilados por el Comité Público contra la Tortura en "Israel" y otras organizaciones de derechos humanos, el Régimen aún somete regularmente a los detenidos palestinos a métodos de interrogatorio que constituyen tortura y trato inhumano y degradante, en clara violación del derecho internacional.
Las denuncias presentadas por palestinos que fueron interrogados por el Shabak, el servicio de seguridad general de "Israel", ante el Comité Público contra la Tortura en desde 2000 muestran la persistencia de métodos que fueron prohibidos explícitamente por el Tribunal Superior en 1999.
Un análisis que se ha realizado de más de 1500 de estas quejas, que fue financiado por el Consejo de Investigación Social y Económica del Reino Unido, muestra que la violencia física, como palizas, sacudidas violentas y estrangulamientos, todavía se usa regularmente en los interrogatorios.
Otras técnicas de interrogatorio que se utilizan con frecuencia incluyen obligar a las personas a adoptar posiciones de tensión dolorosas, esposar con fuerza, privar severamente del sueño, detención en régimen de incomunicación, uso de familiares, amenazas, humillaciones y exposición prolongada a temperaturas extremas.
Esto no es simplemente una violación de facto del fallo: como dejan en claro varias decisiones recientes de los jueces, el propio Tribunal Superior está dispuesto a tolerar e incluso aprobar explícitamente el uso de la tortura en violación de las obligaciones de "Israel" en virtud del derecho internacional, y, algunos dirían, la propia decisión del tribunal.
Además, el Régimen ha puesto en marcha varios mecanismos judiciales para abordar las denuncias de tortura en las últimas décadas. Sin embargo, estos tampoco ofrecen constantemente remedio legal a las víctimas de la tortura.
Se han presentado más de 1.300 denuncias de tortura en nombre de palestinos ante el Ministerio de Justicia entre 2001 y junio de 2021. Solo se han iniciado tres investigaciones penales. Ninguno ha resultado en una acusación.
Sin embargo, mientras "Israel" pueda afirmar que tiene mecanismos sólidos para investigar denuncias y una supervisión judicial independiente de sus fuerzas de seguridad, puede defenderse de los llamados a la intervención internacional.
Lavado de crímenes de guerra
El lunes por la noche, mientras Netanyahu deliberaba en su cámara si suspender la nueva legislación tras las protestas y una huelga general, los manifestantes de derecha se reunieron en Jerusalén para la primera manifestación a favor de la legislación.
Muchos de los lemas gritados en esta manifestación no apoyaban directamente al Régimen, sino que estaban dirigidos a los palestinos. Algunos eran llamados explícitos -y, desafortunadamente, demasiado familiares- que exigían “muerte a todos los árabes”. Varios transeúntes palestinos (así como periodistas y otros israelíes percibidos como “izquierdistas”) fueron atacados por los manifestantes.
Está claro que, al menos en lo que respecta a la derecha nacionalista, consagrar la supremacía judía es el objetivo de esta revolución constitucional. Esta no es una suposición infundada; es el plan profesado por algunos de los miembros más importantes del Régimen genocida, incluido el ministro de seguridad nacional y el ministro de finanzas, quienes recientemente llamaron abiertamente a borrar por completo una ciudad palestina.
Esta legislación no debe aprobarse. Sin embargo, resistirlo no puede tratarse también de la libertad de los soldados y aparatos de seguridad "israelíes" para continuar operando, e incluso matando, con impunidad.
Cualesquiera que sean los resultados de la actual agitación constitucional, el mundo ya no debe ignorar lo que ahora es irrefutable: el poder judicial de Israel ha servido como lavador de crímenes de guerra.
Cuando llamamos a “proteger la democracia”, debemos tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia ha servido como armadura no solo para los soldados, sino también para las prácticas antidemocráticas de "Israel".
Durante años, el tribunal ha tolerado los abusos "israelíes" contra los derechos humanos, incluida la expansión de los asentamientos, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura de los detenidos palestinos.
Cualesquiera que sean los resultados de la actual agitación constitucional, el mundo ya no debe ignorar lo que ahora es irrefutable: el poder judicial sionista ha servido como lavador de crímenes de guerra. La comunidad internacional debe intervenir para responsabilizar a "Israel" por sus continuas violaciones de los derechos de los palestinos, una responsabilidad que "Israel" evidentemente no cumple.
Al mismo tiempo, aquellos en "Israel" que protestan en las calles deben darse cuenta de que no existe tal cosa como una democracia solo para judíos. Una verdadera democracia solo se logrará cuando "Israel" ponga fin a su prolongada ocupación, reconozca los derechos nacionales de los palestinos y ofrezca protección e igualdad ante la ley para todos sus ciudadanos.
Fuente: The Intercept/
