Mientras Ecuador espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, aumentaron hoy los rumores sobre una posible activación de la llamada "muerte cruzada".
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que la defensa del mandatario está lista para un eventual enjuiciamiento, aunque no descartó la aplicación de la herramienta constitucional que da al Ejecutivo el poder para disolver al legislativo, y viceversa.
Ningún artículo prohíbe invocar la "muerte cruzada" por más que se sacuda y se vire la Constitución, afirmó Cucalón en una entrevista este martes al canal Teleamazonas.
Sin embargo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, advirtió que no aceptarán "una dictadura en este país", frente a la posibilidad de que el mandatario disuelva a la Asamblea Nacional (Parlamento) previo a su enjuiciamiento.
En una protesta hoy frente a la Corte Constitucional, Iza y cientos de representantes de los pueblos originarios pidieron a la institución dar el visto bueno al juicio político porque de lo contrario se generaría una reacción social mayor en las calles.
El líder indígena mencionó también que el jefe del Ejecutivo tiene la opción de renunciar ya que, en su opinión, incumple con su plan de gobierno.
Por su parte, la asambleísta de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, quien estuvo a cargo de las investigaciones del caso de presunta corrupción, aclaró que los 47 integrantes de su bancada no temen a la "muerte cruzada".
Recordó que en 2022, en medio de las manifestaciones, presentaron la solicitud para que se aplicara ese mecanismo previsto en el artículo 130 de la Constitución, pero no hubo los votos suficientes para proceder.
Juristas citados por el diario El Universo señalaron que no existe norma que impida a la Asamblea ni al presidente ejercer una acción constitucional de "muerte cruzada".
No obstante, advirtieron que por ahora no existe justificación para invocar esa herramienta y, de hacerlo por parte del presidente, eso significaría que el mandatario busca esquivar la responsabilidad política, es decir, la moción de censura y eventual destitución.
El jefe del Ejecutivo es acusado de concusión y peculado por conocer informes que alertaban sobre presunta corrupción en empresas públicas y de supuestos nexos de personas cercanas a él, entre ellos su cuñado, sin que hiciera nada para impulsar una investigación judicial al respecto.
Se espera para esta misma semana un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la solicitud que podría adelantar el fin del gobierno de Lasso.
Quito, 28 mar (Prensa Latina)
