A días de las elecciones en Colombia, los resultados no son la única incógnita: las vulnerabilidades del sistema electoral, la posición de los Estados Unidos y el accionar de los actores narco-paramilitares serán factores igualmente clave
El panorama político-electoral de la república sudamericana se muestra incierto. Pero, no tanto por los pronósticos electorales, que arrojan una tendencia consistente y abrumadora en favor del binomio conformado por Gustavo Petro y Francia Márquez del Pacto Histórico, sino por una serie de factores no electorales (y no necesariamente nacionales ni legales) en el país que se jacta de ser, sin demasiados pergaminos, “la democracia más antigua de América Latina y el Caribe”.
La actualidad político electoral de Colombia no puede ser reducida a un puñado de siglas y candidaturas, o a una serie de pronósticos y guarismos.
Es imposible pretender entender el contexto electoral y sus resultados probables sin considerar, al menos: la hegemonía uribista y la gravitación presente del paramilitarismo y el narcotráfico; el particularisimo lugar ocupado por Colombia en la geopolítica regional y su carácter de pivote de la política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe; el ciclo corto de ascenso de la organización y movilización popular, desde el paro agrario del 2014 hasta el estallido social de abril del 2021: y la continuidad, con un Acuerdo de Paz hecho trizas pero en un nuevo escenario, del conflicto interno.
El resultado
Ésta es, por supuesto, la primera incógnita, pero no necesariamente la más difícil de revelar. Tomemos por caso dos encuestas originadas desde perspectivas muy diversas: la encargada por la ultraconservadora revista Semana al Centro Nacional de Consultoría (CNC) y la realizada por el progresista Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Ambas otorgan a Petro una mayoría abrumadora (41% el CNC y 42,6% CELAG), a una distancia de entre 17 y 21 puntos porcentuales de su rival inmediato Federico “Fico” Gutiérrez, candidato de la Coalición Equipo por Colombia y abanderado del uribismo para los comicios.
Ambas encuestas coinciden también en el favoritismo de Petro ante un eventual balotaje frente a Fico Gutiérrez, imponiéndose por entre 10 o 29 puntos porcentuales, respectivamente.
Recordemos que, si ningún candidato alcanzara la mitad más uno de los votos emitidos válidos, se celebrará una segunda ronda electoral el día 19 de junio entre las dos coaliciones más votadas.
Vale decir que el establishment ha transitado un proceso de decantación de sus respectivas candidaturas, con una notable capacidad para apostar alternativamente por diferentes personajes, buscando una recomposición no necesariamente uribista del régimen económico y político, como lo señala Christian Arias.
El candidato orgánico al uribismo, inscrito por el Centro Democrático, fue Iván Zuluaga, quien declinó rápidamente una candidatura que no pasó de ser un saludo a la bandera.
En seguida la apuesta fue por el vencedor de la interna del derechista Equipo por Colombia, el ex alcalde de Medellín Fico Gutiérrez, quien aparece como una versión descafeinada del uribismo en el poder, tomando prudente distancia del desprestigiado Iván Duque, cuya desaprobación llega al 73 por ciento.
Fico ha comenzado, con su nuevo equipo de asesores de campaña, a desplazarse hacia un centro discursivo y a replicar no pocas propuestas de campaña del propio Gustavo Petro, como pudo constatarse en el último debate presidencial.
Mención aparte merece Sergio Fajardo, vencedor de la interna de la Coalición Centro Esperanza, un centro que rápidamente escoró hacia la derecha.
El mentado “centro” nunca fue tal, dado que siempre fue ficticia la polarización entre la extrema derecha y una imaginaria “extrema izquierda”, siendo que el Pacto Histórico es un espacio heterogéneo claramente hegemonizado por sectores liberal-progresistas.
Es por esto, y por los propios desaciertos y falta de liderazgo de un centrismo sin unidad ni programa -y repleto de figuras neoliberales de la vieja política como Humberto de la Calle, Alejandro Gaviria y Juan Fernando Cristo- que las bases electorales conformadas por las clases medias pauperizadas comenzaron su desbandada, en conjunto con no pocas organizaciones y candidatos, hacia el paraguas del Pacto Histórico.
Hoy, sectores del Partido Verde, del tradicional Partido Liberal y hasta de partidos cristianos promueven la candidatura de Petro. El desplome fajardista parece no encontrar una malla de contención, y su caudal electoral ya orilla el 5 por ciento.
Confirmada la total ausencia de chances de Fajardo, un autopercibido outsider ha comenzado a terciar con relativo éxito en un escenario polarizado: se trata del empresario y ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses y comienza a concitar ya el apoyo de un sector del establishment que lo ve como una figura mucho más competitiva que Fico de cara a una eventual segunda vuelta, dado que tendría un techo mucho más elevado, al no aparecer tan asociado al lastre del uribismo.
Con su indudable carisma, su discurso de anticorrupción y mano dura, y una experiencia de gestión bien ponderada por sus conciudadanos, Hernández puede ser la última carta de recomposición del establishment, que ya comienza a bañar al bumangués con aguas bautismales. Borroneando, con la ayuda de las grandes corporaciones de prensa, su voto negativo en el plebiscito ratificatorio de los Acuerdos de Paz y su presunta implicación en un caso de corrupción asociado a la celebración indebida de contratos con la empresa Vitalogic –caso que lo llevará a juicio en julio, tras la segunda vuelta electoral-.
La retaliación narco-paramilitar
Del día 5 al 9 de mayo, el Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Unidas de Colombia) organizó un “paro armado” que afectó 178 municipios en 11 de los 23 departamentos del país, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La acción implicó el bloqueo de carreteras, la prohibición de la libertad ambulatoria, el cierre de comercios y escuelas, el desabastecimiento, y diferentes acciones armadas que dejaron al menos 26 muertos (24 de ellos civiles).
El motivo declarado fue la extradición a los Estados Unidos de “Otoniel”, el jefe de la organización multicriminal, pero no son pocos los analistas que ven el fenómeno -un paro inédito en los últimos años por sus características y extensión- como un mecanismo extorsivo que señala futuras y posibles retaliaciones frente al eventual triunfo de una coalición que, como el Pacto Histórico, ha propuesto el cumplimiento a cabalidad de los Acuerdos de Paz, así como una política económica y agraria que anule las posibilidades de reproducción de los actores armados y quite oxígeno al conflicto.
Según la Defensoría del Pueblo, 521 municipios (el 46,3 por ciento del total) están expuestos a un alto riesgo de sufrir violaciones a los derechos humanos por las operaciones del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que no fue incorporada a los diálogos de paz que culminaron con los acuerdos de La Habana. Además, los paros armados y las acciones militares selectivas han tenido en Colombia un rol también electoral, al forzar el confinamiento de ciudades y comunidades rurales enteras e impedir a sus habitantes ejercer sus derechos democráticos.
Esto se debe a que las localidades suelen tener simpatías electorales más o menos homogéneas, por un largo historial de purgas y desplazamientos operados por el conflicto interno, desde los tiempos de las guerras bipartidistas entre conservadores y liberales.
Esto constituye por lo tanto una modalidad de fraude sui generis, que no implica la manipulación del proceso electoral en sí, sino un abstencionismo obligatorio originado en la amenaza a la vida y la seguridad de las poblaciones, en particular las campesinas, indígenas, negras y palenqueras. A este hecho se suman los variopintos mecanismos fraudulentos en sentido estricto, que derivaron en el escamoteo de unos 400 mil votos del Pacto Histórico en las elecciones parlamentarias, que luego fueron recuperados por vía judicial.
Mención aparte merece el enorme peso del narcotráfico, y su imbricación, junto con el paramilitarismo, en el conjunto del sistema político, así como su estrecha alianza con el uribismo en el poder, como ha demostrado con un contenido audiovisual de alto impacto la popular serie Matarife, realizada en base a investigaciones de La Nueva Prensa.
Como muestra citemos el caso de la cocaína, uno de los principales rubros de exportación del país.
Según un estudio del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, la producción de cocaína tuvo un valor de 18.3 billones de pesos en el año 2018, equivalente a un 1.88 por ciento del PBI, más del doble de la riqueza producida por el café. Este poder económico, finalmente, se traduce de forma casi lineal en poder político.
Gustavo Petro denunció hace pocos días un plan para asesinarlo por parte del grupo delincuencial “La Cordillera”, lo que lo obligó a suspender su gira por el Eje Cafetero. A fines del año pasado, el Bloque Capital de las Águilas Negras había incluido a Petro y Francia Márquez en una lista de amenazados y amenazadas que incluía a periodistas y líderes de oposición.
Necesario es considerar el largo historial de magnicidios en la historia de Colombia (seis a lo largo del siglo XX), e incluso el acontecer de “genocidios políticos” como el de la Unión Patriótica en los años 80. Con estos funestos antecedentes, y ponderando el tremendo poder de los grupos narco-paramilitares, la pregunta es si antes o después de los comicios podría producirse algún tipo de retaliación, como los asesinatos que de hecho ya se están produciendo contra líderes sociales y guerrilleros desmovilizados firmantes de los acuerdos de paz (78 y 21 respectivamente desde su firma, según la prestigiosa Fundación Indepaz).
La posición de Estados Unidos
En pocos lugares como en Colombia Estados Unidos ejerce un tan fuerte rol arbitral. La influencia de la gran potencia hemisférica data desde los tiempos de la secesión de Panamá en 1903, inducida por los Estados Unidos para generar condiciones más favorables para construir en el istmo el estratégico canal interoceánico.
Desde las políticas “compensatorias” por la pérdida del canal mediante la firma del tratado Thompson-Urrutia, y la formulación de la “Doctrina de la Estrella Polar” durante la presidencia de Marco Fidel Suárez (1918-1921) Colombia nunca ha dejado de orientarse en la arena geopolítica regional y global “mirando hacia el norte”.
Lo mismo vale para el siglo XX: desde el rol fundamental en la construcción de la Organización de Estados Americanos, cuya reunión fundacional se dio precisamente en Bogotá en 1948, hasta el desembarco de la estrategia contrainsurgente del Plan Colombia en la década de 1990, esta relación promiscua no ha hecho más que consolidarse, hoy mediada, principalmente, por la importación de militarismo y la exportación de la cocaína y otros productos de las economías ilícitas.
Varios elementos serán claves para dilucidar cuál podrá ser la orientación (explícita o tácita) de los Estados Unidos, de darse algún escenario de fraude electoral, agresión a candidatos o retaliación narco-paramilitar, y ante la eventualidad de un primer gobierno progresista en la historia de Colombia.
Desde ya que la cuña metida en el sistema político norteamericano tras la experiencia trumpista, hace que el vínculo entre los gobiernos de la región y el estadounidense esté mucho más determinado hoy por la presencia de demócratas o republicanos en la presidencia.
Las cercanas elecciones al Senado a celebrarse en noviembre darán una pauta clara sobre las chances de Donald Trump de retornar al poder y, con este hecho, sobre el futuro de los vínculos entre Estados Unidos y gobiernos progresistas menos disruptivos como los de Chile y eventualmente Colombia.
En una reunión sostenida entre Petro y representantes de 100 empresas estadounidenses del Consejo de Empresas Americanas (CAE), el líder del Pacto Histórico confirmó su voluntad de renegociar las condiciones del Tratado de Libre Comercio, considerando que el porcentaje más importante de un déficit de la balanza comercial de 1.520 millones de dólares se dio precisamente con Estados Unidos.
La dependencia económica de Colombia es pronunciada, siendo que el 30 por ciento de sus exportaciones se dirigen hacia el norte, y a que el país, firmemente atado por el TLC a la economía norteamericana, no ha diversificado sus exportaciones hacia China y otras potencias emergentes, como sí lo han hecho la mayoría de sus pares en la región.
Otro punto determinante puede ser el enfoque de la política antidrogas, claramente desarrollado en el programa del Pacto Histórico, que toma distancia de la política de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión de agrotóxicos, la criminalización del campesinado y las soluciones de fuerza, y pone el eje en la sustitución de cultivos y en una política de desarrollo agrario integral.
Pero si el apoyo -al menos retórico- de la Administración Biden al proceso de paz puede hacer prever un escenario de concordia, la formalización de Colombia como aliado principal no perteneciente a la OTAN echa un manto de dudas.
Esta categorización (que ahora Colombia comparte con Brasil y Argentina en la región y con otros 15 países en el mundo) permitirá a Colombia acceder a material bélico preferencial, a la transferencia de tecnología militar y a la realización de nuevas maniobras y operativos conjuntos de “defensa”, en un escenario que pretende ser el de un nunca concretado post-conflicto.
Sin dudas, el nuevo contexto geopolítico global marcado por la guerra Rusia-Ucrania-OTAN, y la cercanía de una nueva y torpedeada Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles, empujaran a reforzar el lugar de Colombia como cabeza de playa de la geopolítica imperial hemisférica, en un país que alberga una de las mayores concentraciones de bases militares de Estados Unidos y la alianza militar atlántica.
Otras variables tendrán que ver con el estratégico rubro de los hidrocarburos. Petro y el Pacto Histórico proponen eliminar la dependencia de la exportación de petróleo y carbón en un lapso de 12 años, que representan hoy casi la mitad de las exportaciones del país, considerando la dependencia de los combustibles fósiles “una política de muerte” en relación a las urgencias planteadas por la crisis climática.
Política que podría colisionar con la inversión de Estados Unidos en este sector, y con sus intereses de diversificar y ampliar las exportaciones hacia el bloque occidental -Colombia ya exporta a Estados Unidos unos 200 mil barriles– por causa del conflicto geoestratégico sostenido con Rusia.
Por último, será clave el posicionamiento de Petro en la política latino-caribeña.
Sus reiteradas intervenciones en la prensa y en los mítines de campaña lo ubican sin sombra de dudas en un eje liberal-progresista que muestra simpatía por el gobierno chileno de Gabriel Boric, con una pronunciada distancia respecto de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, precisamente las tres naciones excluidas a priori de la invitación a la Cumbre de las Américas.
Sin embargo, su eventual integración en mecanismos de concertación regional -al menos en la CELAC- implicaría un elemento ciertamente novedoso para la política de integración regional, dando a Colombia un margen de autonomía en su política exterior que nunca tuvo en su historia.
En particular, la consolidación del proceso de paz y la interrupción de un ciclo de exportación de violencia y paramilitarismo que se ha verificado en la frontera colombo-venezolana, en el magnicidio de Jouvenel Moïse en Haití, y hasta en las guerras de Medio Oriente y Europa, sería un aporte sustantivo a la región en su conjunto, independientemente de la política exterior de Colombia y de su relación con los gobiernos de izquierda de América Latina y el Caribe.
LAUTARO RIVARA, SOCIÓLOGO Y ESCRITOR ARGENTINO
https://observatoriocrisis.com/2022/05/27/tres-incognitas-sobre-las-elecciones-en-colombia/
