Colombia terminó 2021 como lo inició: denunciando asesinatos de líderes sociales y matanzas en zonas rurales y con la derecha y la extrema derecha cuidando los intereses del poder establecido, a como dé lugar, incluyendo balas contra el pueblo.
Buena parte de la población –principalmente los sectores juveniles- dejó su huella en las históricas movilizaciones del año incluido el paro nacional que puso en evidencia ante el mundo la crueldad del modelo económico, del gobierno y de las fuerzas policiales y paramilitares.
Puede que la bisagra de este 2022 llegue en mayo, cuando se realicen elecciones presidenciales.
Hacer la crónica cotidiana de violaciones a los derechos humanos en el país, muertes a manos de la policía y de paramilitares, amenazas de muerte y desapariciones es una tarea inmensurable.
La sucesión de acontecimientos y de denuncias no acaba y pone a prueba la valentía y la resistencia de los sectores castigados: líderes y lideresas sociales, representantes indígenas y campesinos, militantes políticos y de derechos humanos y jóvenes.
Al 31 de diciembre, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró 335 personas asesinadas en las 96 masacres ocurridas en Colombia durante el año.
Ese mismo día denunció dos nuevas masacres con seis víctimas fatales: una ocurrió en el departamento del Cesar (noroeste) y la otra en el departamento de Magdalena (noreste).
La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta para el departamento del Cesar porque las economías ilegales exponen a adolescentes y mujeres “a ser víctimas de un conjunto de delitos contra la libertad”.
En las últimas horas del año también se reportó el homicidio de María del Carmen Molina Imbachi, de 31 años de edad, lideresa comunal del departamento Valle del Cauca (suroeste). Indepaz señaló en un comunicado que Molina fue asesinada por un grupo armado en el municipio San Pedro, que la sacó abruptamente de su vivienda y la asesinó “en presencia de sus familiares y comunidad”.
Con ella, Colombia cerró el 2021 registrando 171 líderes y lideresas asesinadas. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana, en noviembre de 2016, se contabilizaron 1.286.
Hacia atrás en los días, los hechos se repiten. Pueblos indígenas y campesinos denuncian desde hace muchos años ser víctimas de los diferentes grupos armados que disputan sus territorios para imponer negocios ilegales. El Acuerdo de Paz de La Habana, que desmovilizó a casi 10.000 combatientes de las FARC, devino en un retroceso de las milicias desmovilizadas y una ofensiva de paramilitares y grupos armados disientes de la ahora ex guerrilla.
La diversidad y la riqueza cultural del pueblo colombiano está en riesgo desde hace décadas pero se ha profundizado en los últimos años. La violencia armada, el aparato represivo del Estado, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos se ensañan con afrodescendiente, indígenas, mestizos de diversos territorios urbanos y rurales, con los jóvenes y las organizaciones sociales de base.
Este ensañamiento de registra a diario en los territorios y se plasmó en las zonas urbanas durante la rebelión popular de este año. Ningún organismo de derechos humanos de Colombia ni internacional soslayó la gravedad de los hechos que le costaron la vida a al menos 46 personas y la desaparición a 27 durante la huelga nacional, entre el 28 de abril y el 31 de julio.
“Querían estudio y trabajo”
Sobre el final del año pasado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó una investigación donde asegura que las fuerzas de seguridad de Colombia fueron responsables de al menos 28 muertes y 16 casos de “violencia sexual” durante las protestas. Existen «razones fundadas» para sostener que en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio las autoridades policiales “habrían cometido violaciones a los derechos humanos”.
Citamos el informe de ONU porque fue el último en ser publicado. Antes de ese, trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de misiones de países sudamericanos y de otras organizaciones internacionales coincidieron en certificar la cacería humana a la que apeló Duque y sus paramilitares para acallar las voces.
La ONU detalla “el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo”.
La rebelión en Colombia se enmarcó en una iniciativa del Comité Nacional de Paro (CNP) que, luego, fue desbordado por organizaciones de base que rechazaban cualquier intento de diálogo con un gobierno que primero lanzó policías y militares a las calles y luego pidió establecer una mesa de negociaciones.
Miles de jóvenes y desempleados, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, colectivos feministas, campesinos e indígenas mostraron al mundo el contexto de creciente desigualdad social y económica en el país, donde el desempleo llegó casi al 16% y el 48% de la población colombiana estaba en una situación de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Según la ONU, la mayoría de las personas fallecidas eran “jóvenes entre 17 y 26 años, que vivían en barrios pobres y periféricos, hijos/as de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o desescolarizados/as”.
Por mucho menos, hoy Venezuela estaría invadida por militares de Estados Unidos con ayuda, precisamente, de Colombia.
Durante las entrevistas que realizaron los investigadores de Naciones Unidas, los familiares de las víctimas expresaron que “participaban en las manifestaciones porque querían generar cambios estructurales e institucionales para tener mejores oportunidades de estudio o trabajo y un futuro mejor para sus familias”.
Estirar sin romper
La primera vuelta de las elecciones presidenciales será el 29 de mayo. En caso de balotaje, se realizarán el domingo 19 de junio. La Constitución impide la posible reelección de Iván Duque por lo que el partido oficialista Centro Democrático llevará al exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. Como suele ocurrir, el uribismo y lo más reaccionario de la ya reaccionaria derecha colombiana estará detrás de este candidato.
Hay otra derecha con varios precandidatos, la coalición “Equipo por Colombia”, de la que participan el Partido Conservador, el Partido de la U (que desliza alianzas y rupturas con el uribismo) y Creemos Colombia, donde se destaca el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Por el centro del espectro deambula un excandidato presidencial, el exgobernador de Antioquía Sergio Fajardo, enrolado en la “Coalición de la Esperanza” y la Liga de Gobernantes contra la Corrupción liderada por el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.
Pero el gran desafío de los sectores progresistas, populares y de izquierda es la constitución del “Pacto Histórico”, un frente político y social que acabe con las expresiones que van desde la extrema derecha hacia el centro y que, por ciento, se parecen mucho a la hora de defender el sistema económico actual, donde la disputa por la tierra se lleva decenas de murtos y miles de desplazados al año, dentro de una población cada vez más empobrecida.
Aquí convergen varios partidos de izquierda, liberales y de centroizquierda, como Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
El primer objetivo de estas y otras agrupaciones del “Pacto” es elegir al candidato o la candidata para mayo, entre quienes se destacan el senador Gustavo Petro, postulante presidencial en 2018 (perdió en segunda vuelta con Duque por 13 puntos porcentuales); Camilo Romero, exgobernador de Nariño; la lideresa afrocolombiana Francia Márquez; la también lideresa de la comunidad Wayúu Arelis Uriana; el pastor cristiano Alfredo Saade, y el senador liberal Luis Fernando Velasco.
También apoyan el Pacto varios dirigentes del partido Alianza Verde, el partido Fuerza Ciudadana, ambientalistas, el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP); el Congreso de los Pueblos, el Partido del Trabajo de Colombia, el partido de los Comunes y Piedad Córdoba junto a su movimiento liberal Poder Ciudadano Siglo XXI y el partido AICO (Autoridades Indígenas de Colombia.
Como se ve, se trata de un amplio abanico ideológico como no existió en la historia reciente del país. Hay allí expresiones de movimientos de base de izquierda y de otros ámbitos tan diversos como los políticos tradicionales liberales o los movimientos indígenas. El precandidato Petro pretende incluso sumar también a la mencionada «Coalición Centro Esperanza», cuyo candidato Fajardo siempre se mostró distante de los movimientos sociales y populares.
Petro, Boric y la nueva era
Petro pone como ejemplo el reciente triunfo de Gabriel Boric en las presidenciales de Chile por entender que allí confluyen sectores diversos, unidos por su espanto a la derecha y sus extremos. El precandidato cree que, con un éxito electoral de la alianza, se profundizará “un cambio de era en América Latina en muchos sentidos”.
¿Qué cosas unen a semejante universo político y social colombiano? La paz, sin dudas. La adhesión a los acuerdos de paz de noviembre de 2016 y las denuncias de incumplimiento del pacto por parte de la derecha es un paraguas insoslayable para el progresismo y la izquierda. Los derechos humanos, otro tema incuestionable por los actores en movimiento. ¿Alcanza con eso para darle forma a una alianza de gobierno? Claramente no.
Otro referente importante de un sector de la izquierda progresista colombiana, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, advirtió que sin una unidad del centro, del progresismo y de la izquierda «se va a repetir la historia» de una derrota electoral. Aseguró que el Pacto Histórico propone «el cambio profundo y estructural». Y agregó: “hecho un análisis sosegado y objetivo, hay condiciones para que ese cambio se produzca”.
Cepeda recordó que el Pacto “es por primera vez una alianza de partidos políticos -casi todos los de izquierda y progresistas y de sectores liberales y centro-, pero también de movimientos sociales, lo que es nuevo porque estos no participaban en política o lo hacían de una manera muy fragmentaria para las elecciones del Congreso” y aseguró que los ejes serán “la paz, la democracia, el cambio climático y sus efectos, la desigualdad social y la reforma rural, que en Colombia es indispensable”.
En cuanto a la paz, hay un punto del análisis de Cepeda que es interesante: «sin el acuerdo de paz sería impensable este ascenso de las fuerzas progresistas en Colombia por múltiples razones. Una de ellas es que el acuerdo debilitó la ideología contrainsurgente y permitió que la paz tenga un lugar nuevo en el debate público».
Volviendo a las palabras de Petro, todos los actores sociales del Pacto Histórico buscan una “unidad democrática” para “la superación de un sistema que ha gobernado permanentemente en regiones como Chile y Colombia, como es el neoliberalismo”, al que definió como “la expansión de la idea de los mercados, de los negocios que no tienen nada que ver con inversiones, o derechos humanos».
Petro asegura que ya no existe una polarización tan marcada alrededor de su figura en espacios de izquierda y progresistas en ciertas regiones del país, en contraposición a los últimos comicios presidenciales. Lo cierto es que partidos y alianzas tendrán sus internas en marzo, apenas dos meses y medio antes de las elecciones del 29 de mayo.
Desde sus cargos como Senador por el Polo Democrático Alternativo (PDA) y como alcalde de Bogotá confrontó en todas sus líneas con Álvaro Uribe primero, con Juan Manuel Santos más tarde y luego con Duque.
En su juventud fue parte de la guerrilla del M-19. En 2010 fue candidato a la Presidencia por el Polo Democrático Alternativo y al año siguiente ganó la alcaldía de Bogotá. Petro es “acusado” de “chavista” por la derecha porque en su momento reivindicó al comandante Hugo Chávez.
Petro no es chavista y muchas cosas han cambiado en Colombia, pero el actual senador comienza a transitar meses definitorios para Colombia y para Sudamérica. Lo espera una agenda cargada de demandas sociales y grupos armados que no dan tregua.
Pero también lo espera la esperanza de millones de colombianas y colombianos.
Por Adrián Fernández
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