Los diálogos de la mesa judicial bonaerense y una clase magistral para armar causas.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista mandó a tres de sus hombres más importantes a la reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede del Banco Provincia para explicarles a los empresarios platenses cómo fabricar pruebas para alimentar una causa judicial contra el líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Juan Pablo “Pata” Medina.
Ese rol coordinador surge del video completo del encuentro hallado en la exSIDE y denunciado por la interventora Cristina Caamaño ante la justicia federal de La Plata al que accedió Página/12.
En la grabación se distingue también que el entonces subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, un fiscal porteño que pegó el salto a la política provincial, salió en auxilio de los espías cuando los empresarios no hacían más que despotricar contra los reclamos legales de los obreros de la construcción.
“Nadie va preso por ser un sindicalista que defiende los derechos de los trabajadores”, trató de ser más gráfico el entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas, que pasó a la fama por haberse entusiasmado durante ese encuentro con la conformación de una “Gestapo” para embestir contra las asociaciones sindicales. Una clase magistral de armado de causas con tres altos mandos de la AFI como profesores de lujo.
En las primeras tomas del video se ven una mesa y quince sillas de color naranja. Los primeros en aparecer en escena son los funcionarios provinciales y los empresarios. De la AFI, el primero en llegar fue Darío Biorci, por entonces jefe de Gabinete de la central de espías. Lo secunda Juan Sebastián de Stefano, el director administrativo de Asuntos Jurídicos, que se arrima con un café y se sienta a hablar animadamente con Grassi.
Más cauto y más conocedor del disimulo que debe regir la actividad de inteligencia, Diego Dalmau Pereyra, por entonces director operacional de Contrainteligencia, bordea la mesa y se ubica en el vértice.
Dalmau Pereyra es el único que tenía experiencia de décadas. Como oficial de inteligencia del Ejército llegó a integrar la Central de Reunión de Información Militar, que funcionaba en la que fue la sede del temible Batallón 601 en los años de la dictadura.
Pegó el salto a la SIDE a finales del gobierno de Carlos Menem. Lo echó el gobierno de la Alianza, pero logró que lo reincorporaran y pasó a dar clases en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), el palacete de la calle Libertad.
En el ínterin terminó la carrera de Comunicación en la Facultad de Sociales. Permaneció en la ENI hasta que Silvia Majdalani lo eligió como director operacional de Contrainteligencia. Uno de sus hitos fue la conformación de un grupo de espías conocidos como “Súper Mario Bros” que se dedicaron a perseguir a políticos, jueces e incluso a la hermana menor de Mauricio Macri, Florencia.
Biorci fue el más expuesto durante el encuentro en el Bapro. Durante los primeros años de la gestión macrista, el cuñado de la subdirectora fue jefe de Gabinete. A finales de 2017, pasó a ser el director operacional de Terrorismo. Venía de la prefectura y, con Dalmau, viajaron a Paraguay para traer a Ibar Pérez Corradi.
De Stefano, de pocas palabras en la reunión, fue un hombre de hechos en la AFI macrista. Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de militancia radical y ligada a Daniel Angelici, de Stefano hizo crecer como nunca antes el área de Jurídicos.
Él concentró la relación con los jueces –como lo dejó al descubierto su visita a Luis Carzoglio para pedir la detención de los Moyano– y también creó un área para la transcripción de las escuchas, que le permitía conocer de antemano la información que circulaba en la AFI, según surgió en la investigación sobre el espionaje macrista que se hizo en Lomas de Zamora.
De Stefano fue uno de los grandes beneficiarios del fallo de la Cámara Federal porteña que, a través de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, habló de espías que actuaban por su propia cuenta. El video –hallado el 23 de diciembre pasado– demuele esa teoría.
Decisión de las máximas autoridades
Biorci rompe el silencio. Les agradece a todos por estar y les pide que se identifiquen. Serán Biorci y Villegas quienes, a lo largo del encuentro, se repartan la tarea de guiar los comentarios de los empresarios. “Nosotros como Estado hemos tomado la decisión, a instancia de las máximas autoridades tanto a nivel de la Provincia como de la Nación, de terminar con esta situación”, arranca Villegas, que 40 días antes había estado en la Casa Rosada junto con Arribas.
De ser cierto lo que decía Villegas, había consenso tanto por parte de Vidal como de Macri de asediar mediante el armado de causas a dirigentes sindicales molestos para el modelo económico del macrismo.
Villegas les reparte unos papeles a los empresarios con una guía para armar unas cartas denunciando a la UOCRA ante el Ministerio de Trabajo provincial. El entonces ministro les dice que su tarea sería “contextualizar” lo que iban a denunciar diez personas ante la justicia. Biorci les pide a los empresarios que digan cuál era la metodología de la UOCRA que sufrían.
Algunos empezaron a relatar que había reclamos para que les dieran las viandas a los obreros o que no se quería continuar con la obra, por ejemplo, si a uno de los trabajadores se le rompían los guantes o el pantalón. Si hacía calor, había que parar las obras –agregaron–. Biorci escuchaba con desazón la ronda de comentarios. “El sistema de viandas más caro o más barato, con monopolio o lo que sea se supone que es legal”, les respondió el espía que empezaba a perder las esperanzas.
– A lo que apunta el colegas –saltó Villegas– es que institucionalmente está bárbaro: nadie va preso por ser un sindicalista que defiende los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros tenemos que bajar la conversación, que es lo que hacemos nosotros en las entrevistas individuales, a estas palabras –amenaza, extorsión, comportamiento delictivo, violencia, vandalismo– porque eso es lo que configura delito. Al Capone cayó preso por los impuestos, y no por los tipos que se cargó.
Los empresarios siguieron quejándose de los costos, pero no aparecía nada que sirviera al macrismo para el armado de la causa. “Ustedes ya saben que yo soy exfiscal”, intervino Grassi. “Primero seriamente no veo sus problemas.
Después de estar escuchándolos y pensando como fiscal no veo problemas de delito que se puedan demostrar judicialmente”, agregó el hombre que fungía como uno de los nexos con la justicia. Biorci siguió intentando sacar agua de las piedras hasta que de Stefano se decidió a hablar y a proponer que había que “complicarle la vida” al “Pata” Medina, provocarlo para así filmarlo y alimentar denuncias por amenazas o extorsión.
Las cartas, pese a las dudas de los empresarios, se presentaron –según reveló el portal El Destape–. Al momento de levantar la reunión, Villegas volvió a citar a todos los participantes para el miércoles siguiente en el mismo lugar.
Puntos de contacto
El video muestra cómo se armaron causas durante el macrismo –una decisión política de hacerlo y la necesidad de salir a fabricar pruebas– y también deja al descubierto que detrás de todo esto se hallaba la AFI –incluso en la grabación de esas negociaciones–.
Sin embargo, no es el único caso de contacto entre la exSIDE y el gobierno de Vidal. En Lomas de Zamora, la justicia federal reconstruyó cómo la AFI mandó a operarios a “alambrar” una alcaidía a pedido de las autoridades provinciales.
La investigación por el video está en pleno trámite. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó una serie de allanamientos la semana pasada y ahora debe resolver si la pesquisa continuará durante enero.
En la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, prevén citar a dos agentes de Operaciones de la AFI para intentar dilucidar cómo la AFI tenía ese video: si era un lugar “cableado” por ellos mismos o si conseguían las grabaciones. En los próximos días, los diputados Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Miguel Bazze pondrán la fecha para escucharlos.
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