En lo que va de 2021, en Colombia se han registrado 58 masacres y el asesinato de 102 líderes sociales y defensores de derechos humanos. A su vez, unas 3.500 personas han sido desplazadas por la violencia en el noroeste de Colombia.
"La verdad es que estamos en una escalada de violencia alarmante porque ya supera la situación de años anteriores y esto muestra que, por un lado, las políticas gubernamentales no tienen la capacidad de responder, pero, por otro lado, que la gente que se acostumbró a las armas, a la guerra, a la violencia para acaparar riquezas y poder, y no ha entrado en los acuerdos de paz y hay unas disputas por territorios que afectan a los líderes sociales que tratan de oponerse y resistir a todo eso", explica Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
González Posso también indica que, por ejemplo en el Cauca, hay disputas entre grupos del narcotráfico, por el control de rutas, tierras y oro.
"Es decir, hay una serie de conflictos acumulados que no han sido resueltos, que los acuerdos de paz plantearon fórmulas de resolución pero que esa implementación de los acuerdos no llega.
De modo que llega más rápido el reciclaje de la violencia que los remedios de la paz".
Sobre los desplazamientos forzosos de unas 3.500 personas en el noroeste de Colombia debido a la violencia, González Posso alerta que "es una situación gravísima, donde han llegado todas las pandemias.
Han sido azotados por megaobras, la hidroeléctrica de Ituango precisamente alteró todas las circunstancias de la gente, no hubo previsión sobre los impactos ambientales, territoriales, de agua, de vida.
La gente está expuesta y a eso se suman las disputas por territorio, porque esa es una zona con oro, que además se están valorizando muchísimo esas tierras para obras de infraestructura.
Entonces, grupos armados entran allí al servicio de grandes intereses que son los que están detrás, que utilizan sicarios y grupos armados.
Esa es la realidad de este país, donde el sicariato y el mercenarismo legal e ilegal se ha vuelto un mercado del horror".
Y en medio de este panorama, el Gobierno colombiano le ha pedido al Gobierno estadounidense declarar a Venezuela país promotor del terrorismo.
"La verdad es que ha habido una diplomacia guerrerista desde los sectores de la extrema derecha en Colombia que se han alineado con esta idea de la guerra internacional contra el terrorismo, entonces en lugar de mirar los problemas del pluralismo político internacional, los principios de autodeterminación, las vías diplomáticas para la resolución de diferencias, entonces consideran más rentable azuzar hostilidades, fanatismos, contradicciones y, en este caso, ha sido frecuente la posición de las corrientes de extrema derecha en Colombia de desarrollar una pugnacidad, que en el caso de Venezuela, elevan las diferencias ideológicas a discursos de guerra. Guerra al terrorismo, guerra al narcotráfico, guerra a la revolución molecular.
Mejor dicho: guerra, guerra y guerra es la palabra favorita de todos estos sectores", lamenta Gonzaléz Posso.
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