
El Departamento del Tesoro norteamericano a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es la encargada de dirigir todo un programa global de sanciones dirigidas a golpear económicamente a las naciones en función de garantizar su subordinación política.
El sistema de sanciones norteamericanas es un nuevo tipo de guerra norteamericana en sus relaciones internacionales basado no en acciones al azar o espontaneas sujeta a la coyuntura internacional o al actuar de cualquier país en base al cliché de violaciones de los derechos humanos o a actos de corrupción como comúnmente se usan discursivamente por los razoneros yanquis.
Es una estrategia a largo plazo con programas específicos para cada país en base a lo que las características que cada país representa como “ventaja absoluta” en sus posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, las que deben ser golpeadas y reducidas en función de evitar su soberanía económica.
Desde luego que la mayor cantidad de sanciones son dirigidas a aquellos países del bloque anti-hegemónico (BAH) como China, Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Desde el 2009 hasta este año, la cantidad de sanciones yanquis han constituido serios golpes al bienestar económico de los pueblos de esos países. China (49), Rusia (80), Irán (147), Siria (647), Venezuela (344), Cuba (bloque de medio siglo), Nicaragua (33).
Solo durante la administración Trump se sancionó a Irán, Siria y Venezuela (114), (403) y (335) respectivamente. Lo que indica una estrategia a continuar de por la administración Biden y menos que disminuir la tendencia es a incrementarlas y merece mayor reflexión.
La Estrategia de Guerra de Sanciones hacia Nicaragua.
Una nueva oleada de sanciones contra varios objetivos económicos e individuales nicaragüenses está a punto de darse en el marco de las ya difíciles y complejas relaciones con los EE.UU. Muchos piensan, que estas iniciarán a penas el congreso USA apruebe la mal llamada Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (“RENACER”, por sus siglas en inglés).
Sin embargo el apuro de los que dirigen y participan de manera directa en la intervención política desde los EE.UU, están urgidos en que los primeros paquetes de sanciones sean aprobados en resoluciones ejecutivas presidenciales en los próximos días. Sobre todo después del 31 de marzo, en que la OEA fijó el plazo para el tipo de reformas electorales, que ellos exigen ya ellos les satisfacen.
Cuando se presentó la iniciativa de ley el 25 de marzo del corriente, se estableció, que varias agencias como el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Central de Inteligencia, la USAID y la Agencia para los Medios de Comunicación Global y el Pentágono deberían presentar diversos informes sobre la situación en Nicaragua en plazos de 45 a 60 días posteriores respectivamente. Posteriormente se discutiría en los comités de relaciones exteriores bicamerales correspondientes, para que al final en base a la información suministrada la ley sea aprobada por el congreso norteamericano.
La recolección de información, que tanto el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Central de Inteligencia y el Pentágono han venido realizando sobre temas de interés relacionados con su estrategia de “Presión, Chantaje y Sanción” hacia el gobierno de Nicaragua no es nuevo.
Esta se ha incrementado desde el 2016 cuando fue presentado en proyecto de la mal llamada Nica Act y ha sido una constante labor clandestina. Lo novedoso de todo esto es la demanda abierta de información de inteligencia sobre las relaciones con Rusia y sus actividades en el país.
La fachada de esta actividad clandestina para justificar todo tipo de sanciones se presenta, vía lo obtenido a propósito prefabricado por la Agencia de Medios de Comunicación Global (AMCG):
a) Vía las opiniones expresadas de manera pública en los medios de información, que ellos mismos financian sobre temas como: Dictadura, Corrupción, Violación de los Derechos Humanos en el país.
b) Vía lo que escribe la diáspora opositora nicaragüense en los EE.UU a sus respectivos representantes en el congreso norteamericano.
c) Vía coordinación inter-agencial para la selección de aquellos que pueden comparecer como invitados/testigos a audiencias extraordinarias del congreso. Aquí caben las reuniones de funcionarios como el embajador USA Sullivan con miembros del Consejo de Seguridad y el congreso.
Sin embargo la información que obtienen agencias como la CIA y el Pentágono por comunicación secreta no es divulgable ya que proviene de su red de colaboradores en el país.
Sobre todo en lo que respecta a la información de inteligencia ligada a la Federación Rusa, que ellos con tanto afán buscan, para responder a la SECCIÓN 9 de la ley RENACER, sobre elaboración de Informes clasificados sobre actividades de la Federación Rusa en Nicaragua. Esta búsqueda de información alrededor de todos los objetivos e instalaciones rusas en el país se ha intensificado en los últimos años.
Otra no menos secreta actividad de recolección de información por todas las fuentes posibles dentro y fuera del estado son las encomendadas en la SECCIÓN 8, que deben de ser alimentadas con Informes clasificados sobre corrupción de miembros de la familia Ortega. Abogados, notarios públicos, empleados y cercanos ligados al tema son blanco de indagación y reclutamiento no importa precio, lo que importa es el nivel de acceso a la información.
La SECCION 10, busca como alimentarse de información ligada a los supuestos abusos de funcionarios oficiales del gobierno de Nicaragua y sobre graves abusos a los derechos humanos en contra de campesinos, comunidades indígenas y sociedad civil en el interior de Nicaragua. Toda una red de periodistas, sociólogos, etnólogos, antropólogos, ambientalistas e historiadores, están sirviendo a los interesados en poner en la visual este tema y desde la perspectiva que demandan las intenciones de acusación al gobierno por parte de la agenda USA.
El staff encargado de la guerra de sanciones impuestas a Nicaragua en el Departamento del Tesoro, ha estado trabajando en función de cumplir con la SECCIÓN 4 de esta ley sobre las Restricciones a Instituciones Financieras Internacionales con relación a Nicaragua, que también enmienda la Ley de Condicionalidad para la Inversión en Nicaragua de 2018, ampliando mecanismos de supervisión para instituciones financieras internacionales (IFIs) que conceden créditos a Nicaragua y reafirma la actual dispensa en vigor para proyectos humanitarios.
Este departamento, ya tiene listo el primer paquete con o sin aprobación de la ley RENACER, con o sin información veraz y fundamentada. Este nuevo paquete estará dirigido a otros altos funcionarios del gobierno, sus familiares e iniciativas empresariales privadas e instituciones estatales. En el seno del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la lógica de esta pronta respuesta se basa en el descontento de la administración BIDEN de no haber recibido las reformas electorales, que le permitiera a la oposición política local, que ellos financian, ganar en las próximas elecciones presidenciales en noviembre de este año.
Este sería el primer paso, que permitirá abrir y ampliar los términos de una negociación política con el gobierno nicaragüense, que ceda ante las pretensiones norteamericanas. Sobre todo porque tras la verificación del financiamiento recibido por los medios de comunicación, que la fiscalía nicaragüense está realizando actualmente, puede ayudar a cumplir con la SECCIÓNES 2, 3 y 11 de la misma ley, que Apoya a medios independientes y libertad de información en Nicaragua y la supuesta violación de Derechos humanos fundamentales.
Una segunda etapa con mayor cantidad de sanciones será la que resulte de la coordinación de sanciones junto a los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea, México y hasta centroamericanos. Este es el trabajo secreto, que el Departamento de Estado realiza con los países pertinentes busca como cumplir con la SECCIÓN 6 de la ley, en función del Diseño de una estrategia coordinada de sanciones con aliados diplomáticos.
En el caso de Centroamérica el Departamento de Estado, junto con la USAID y toda una red de organizaciones de financiamiento a la red de la sociedad civil y ONGs, como la NED, NDI, IRI etc. están utilizando el paquete de 4 mil millones de dólares en asistencia a los países del Triángulo minero para unirlos en un cerco diplomático primeramente contra Nicaragua.
Para promover esta agenda secreta, el representante especial para estos 3 países, Ricardo Zuñiga (diplomático de carrera estadounidense) ha realizado ya varias visitas oficiales.
Su agenda busca cumplir con la SECCIÓN 7, que tiene como objetivo Agregar a Nicaragua a la lista de países sujetos a ciertas sanciones y restricciones de visas con relación a corrupción.
La próxima semana del 1 al 2 de junio Antony Blinken, secretario de estado USA, visitará Costa Rica, para abordar la “promoción conjunta de la democracia regional”.
Así mismo, en correspondencia con esta agenda, la vice-presidente USA Kamala Harris visitará México los días 7 y 8 de junio del corriente con la misma lógica de incluir a Nicaragua en cualquier paquete de negociación de intereses mutuos, que ayude a aislar internacionalmente al gobierno nicaragüense.
EL objetivo al final e toda la estrategia USA hacia Nicaragua está claro. No solo es crear el descontento de la población nicaragüense ante la seria situación económica, que generaran más en el país, para revertir el voto a favor del FSLN en este año electoral.
El objetivo es también de empobrecer al país y ponerlo en mano de sus administradores peleles o sea la burguesía empresarial nica, vende patria.
Pero sobre todo doblegar la voluntad de los nicaragüenses y destruir el espíritu de resistencia ante el domino yanqui, pero eso jamás!
Por: Manuel Espinoza J.
01 de junio 2021.