En Colombia continúa la represión del Estado y no se avizora un diálogo real entre el Gobierno y los sectores en paro. Salvo el retiro de la Reforma Tributaria, ninguna de las demandas populares ha sido tomada en cuenta por el presidente Duque.
En las calles se empieza a sentir el agotamiento luego de 12 días de represión, apoyada por un bombardeo de información interna para deslegitimar las protestas. Quedan los sectores organizados (en especial rurales) en algunos puntos de bloqueo, un sector de camioneros y en algunos barrios de Cali, Pereira y Bogotá, que fueron blanco de los feroces ataques policiales.
La no resolución de ninguna de las demandas, salvo el retiro de la Reforma Tributaria, la militarización y el espectáculo de un diálogo entre las élites iniciado por Duque, indican que las demandas quedarán aplazadas, con otra herida abierta producto de las muertes y vejámenes en contra de las y los jóvenes. Quedan las necesidades y la indignación.
Duque está encerrado en su palacio, en una crisis política profunda, confiando en que todo se apagará lentamente, rodeado por un equipo que apuesta al marketing y no a la política. No tienen nada para hablar, no quieren corregir el rumbo, piensan que lo están haciendo bien, porque siempre lo han hecho de la misma manera. Quieren resolver la situación por la fuerza y exigiendo respaldo de clase a empresarios y políticos de derechas.
El uribismo sube un escalón en su retórica militarista. Al mejor estilo trumpista, y siguiendo al pie de la letra al estratega neonazi chileno Alexis López, el expresidente Uribe desde Twitter está ordenando a las fuerzas militares disparar en las protestas, ordenó a Duque militarizar las ciudades, y desde el viernes 7 de mayo, está convocando a los civiles a salir armados para “defender” la propiedad privada.
Esta inflando un sentimiento racista y elitista que ya tuvo efecto: los medios ayer titulaban “choques entre ciudadanos e indígenas” como si los indígenas no fueran ciudadanos; y grupos paramilitares en pleno día dispararon contra la minga indígena en Cali, con un saldo de ocho personas heridas. Uribe está convocando a militares y paramilitares a matar civiles y controlar la situación con “autoridad”.
El Comité Nacional del Paro está dividido y no representa a todos los sectores movilizados. Hay tres facciones, una liderada por el MOIR (de la Coalición Esperanza) que insta a negociar (no se sabe qué) con el Gobierno, otra liderada por la extrema izquierda que pide mantenerse hasta que caiga Duque (es minoritaria), y otra del Pacto Histórico que insta a establecer un diálogo sin negociación para bajar la tensión y la agresión militar, y administre la protesta durante todo el año, sabiendo que el escenario de disputa será electoral en 2022.
La Coalición de la Esperanza, liderada por Fajardo, se reunió con Duque y le dio una foto, pero salieron a decir que el presidente no escucha. Hubo rechazó a esa visita, se les vio tratando de representar las movilizaciones. No salió bien para ellos. Le dieron algo de aire a Duque, que no supo o no quiso administrar.
La Coalición del Pacto Histórico está denunciando la militarización, Gustavo Petro está llamando a la calma, a no escalar la violencia, por considerar que fortalece el relato uribista. El precandidato presidencial y senador ha sido más que prudente, desde la derecha lo provocan a hablar, porque lo pretenden culpar de la violencia. Está en disputa quien canaliza el descontento y quién o quiénes son los responsables de la crisis.
César Gaviria, y su Partido Liberal, están anunciando de vuelta el apoyo a Duque. Y Vargas Lleras, con Cambio Radical, se atrinchera en la reforma a la salud que cursa en el Congreso, que termina de entregar todos los fondos públicos de la salud a las empresas privadas. Todo indica que se abroquelan en el Gobierno, a cambio de administrar y de apropiarse de porciones de los recursos estatales. Duque está repartiendo el presupuesto estatal para llegar al 2022.
El Gobierno está presionado por la comunidad internacional, su respuesta es reactiva, se centra en atacar a todos los que le exigen detener la represión. Expulsó al primer secretario de la embajada de Cuba, cuestionó a la ONU, respondió de forma burda el pedido de cese a las hostilidades de Alberto Fernández. La gravedad de las violaciones a los DD.HH. es tal que hasta la OEA se vio obligada a pronunciarse, así lo haya hecho de forma ambigua. Es tal la presión que la canciller, Claudia Blum, envió su renuncia el viernes 7, aunque no ha sido confirmada, pero sus copartidarios uribistas no salieron a respaldarla.
Preocupa el papel de los militares, que siguieron adelante las actuaciones sugeridas por Uribe. Por momentos parece que Duque no tiene el control de las fuerzas militares. No hay autogolpe, ni golpe, pero el protagonismo de los militares en esta crisis tendrá repercusión en el proceso electoral. Hay quienes se preguntan cómo desactivarlas en un eventual Gobierno de izquierdas.
Al viernes 7 de mayo, los datos de violaciones de derechos humanos relevados por las ONG Indepaz y Temblores, cuyas fuentes son la Oficina Permanente de la ONU en Colombia, el CICR y la Defensoría del Pueblo, se resumen en las siguientes cifras: 47 personas asesinadas (10 muertes sin confirmar); 12 casos de violencia sexual; 548 desaparecidas/os; 963 detenciones arbitrarias; 278 personas heridas, 27 con pérdida ocular.
https://www.celag.org/colombia-a-12-dias-del-paro-nacional/?fbclid=IwAR29BfHWgvhiU3bmbdwaaoLuV9Zg7UZzXDAIvB2qH9_ZfRQt-5zdh7eq3kE
