Desde el inicio de este gobierno la situación del orden público y control del territorio se ha deteriorado a la par que crecen las masacres, el asesinato de los líderes y lideresas sociales.
La llegada de Diego Molano al ministerio de la Defensa Nacional tras la muerte de Carlos Holmes Trujillo por la Covid-19 se da en un momento crítico en materia de seguridad y tras el incremento exponencial de los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, así como de excombatientes de la guerrilla de las FARC-EP en proceso de reinserción.
Este mes de enero de 2021 ha sido como lo señaló la JEP el más violento en los últimos años. En los primeros 26 días del mes, se cometieron seis masacres con el asesinato de 20 civiles inermes el más visible fue el asesinato de cinco jóvenes en la ciudad de Buga ubicada en el departamento del Valle del Cauca, 15 líderes sociales fueron asesinados y cinco excombatientes de las FARC-EP.
Desde la firma de los acuerdos de paz el 24 de noviembre de 2016 han sido asesinados 254 excombatientes de las FARC-EP, 1.606 líderes y lideresas sociales, en 2020 se cometieron 91 masacres con el asesinato de 381 personas en 66 municipios del país. Una verdadera tragedia humanitaria.
Lo que salta a la vista es un fracaso de la política del gobierno de Uribe-Duque para contener esta matazón. De fondo una política errónea que se basa en un diagnóstico fallido de lo que realmente esta ocurriendo.
La narrativa gubernamental atribuye este fenómeno al narcotráfico y su diagnóstico simplista arguye que lo que hay que hacer es enfocarse en la lucha contra el narcotráfico principalmente mediante las fumigaciones aéreas con glifosato que fueron suspendidas desde el mes de mayo del año 2015.
La Corte Constitucional impuso una serie de condiciones que hasta ahora no se han cumplido para que se pueda reiniciar con una práctica fallida que se aplico durante más de 15 años y que el informe de la Misión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dado a conocer el pasado mes de octubre, califica de fallida y como un fracaso del Plan Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Esta política ha sido aplicada por la administración Uribe-Duque con sus dos ministros de la Defensa Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo y por las declaraciones dadas recientemente por Diego Molano no variará en los 18 meses que le quedan a este gobierno.
Lejos esta Duque de cumplir con las condiciones que impuso la Corte Constitucional dado que la aspersión aérea del glifosato no solo afecta al medio ambiente y a las especies vegetales y animales, sino que afecta gravemente la salud de las comunidades y es casi imposible garantizar que esto no ocurra. Con un agravante el informe de la Misión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ante la evidencia de más de 15 años de aplicación de esta política muestra que es ineficaz.
El informe recomienda lo que este gobierno no quiere hacer que es el apoyo a los planes y programas de sustitución voluntaria y concertada con los campesinos cultivadores, el ofrecimiento de programas de cultivos y fuentes alternativas de subsistencia y su adecuado financiamiento.
Esto lo contempla el punto cuatro de los acuerdos suscritos por el Estado colombiano con las FARC-EP y como parte de su implementación, 106 mil familias se acogieron a este programa sin que el gobierno de Duque haya cumplido, pues, el programa esta desfinanciado y no avanza en el programa de reforma rural integral. Muchos campesinos tendrían que ser reubicados, dado que los lugares de los cultivos de coca se encuentran en terrenos de propiedad de las comunidades indígenas y negras o en parques naturales protegidos.
Para avanzar en la lucha contra el narcotráfico se requiere una política de largo plazo que tenga como uno de los componentes principales la sustitución concertada con las comunidades y la promoción de programas de cultivos alternativos debidamente financiados que podría combinarse, lo cual es completamente viable, con la compra por el Estado de la cosecha de las hojas de coca como lo demuestra un ambicioso proyecto presentado por congresistas y que no ha tenido el respaldo del gobierno con argumentos baladíes como que esto estimularía la siembra de plantas de coca.
La seguridad uno de los talones de Aquiles del gobierno
Desde el inicio de este gobierno la situación del orden público y control del territorio se ha deteriorado a la par que crecen las masacres, el asesinato de los líderes y lideresas sociales, y el asesinato de excombatientes de las FARC-EP.
Estos territorios están plenamente identificados corresponden al corredor que da sobre el océano pacifico colombiano que comprende territorios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Una región del Caquetá, Meta y Guaviare, la región del Catatumbo en el Norte de Santander y la región del bajo Cauca Antioqueño.
Allí las bandas criminales paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, disidencias de las FARC, Ejército de Liberación Nacional, ELN, bandas de narcotraficantes como los pelusos, la Empresa y muchas otras bandas locales, ejercen dominio territorial conjuntamente o se enfrentan por ese dominio territorial. Son lugares donde se ubican buena parte de los cultivos de coca y la minería ilegal o son corredores para el tráfico de drogas, pero también disputas por la tenencia y propiedad de la tierra. En estos territorios el despojo y abandono de las tierras, así como el desplazamiento forzado de millones de campesinos es parte del conflicto.
Lo primero es que hay que trazar una política pública de presencia no solo militar sino social del Estado. Allí todos esos grupos asesinan a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos que se acogieron a los programas de sustitución de cultivos, allí se concentran reclamantes de tierras despojadas, se infiltran a los actores políticos de los poderes locales a los que someten a menudo a su poder, infiltran a los destacamentos de la Fuerza Pública acantonados en estos territorios y además son los únicos que ofertan empleo a los jóvenes a quienes reclutan para sus actividades. Hay 17 municipios que concentran toda esa problemática que deberían hacer parte de un programa piloto de acción estratégica del Estado. Estos municipios en que se registraron los tres fenómenos de manera simultánea (masacre, asesinato de defensores y de firmante del Acuerdo de Paz; o masacre, asesinato de defensores y asesinato de un familiar).
Es evidente un panorama de altísimos niveles de violencia para los municipios de: Tumaco (Nariño), Santander de Quilichao, Mercaderes, Piamonte y Suarez (Cauca), Algeciras (Huila), Puerto Asís (Putumayo), Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), Ituango (Antioquia), Maicao (La Guajira), Montecristo (Bolívar), Quibdó (Chocó), San José del Guaviare (Guaviare), Tibú (Norte de Santander), Tierralta (Córdoba), y Bogotá. El que Bogotá y Cali se encuentren dentro de las zonas críticas deja en evidencia que estos crímenes no sólo se llevan a cabo en lugares apartados de los centros de poder y sin presencia del Estado. (Bonilla, Camilo. Revista Sur 200, Bogotá enero 2021).
Un plan de acción estratégica del Estado, que en buena medida fue lo que se planteo en el Acuerdo Final con las FARC-EP que seleccionó 172 municipios en que debía concentrarse la acción del Estado mediante la adopción de 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDETs, que han sido formulados pero que se encuentran sin recursos adecuados como lo planteó un informe del mes de noviembre de 2020, de la Procuraduría General de la Nación. Eso es lo que hay que hacer, pero, este gobierno no lo hace pues esta empeñado en que los acuerdos de paz fracasen.
A la par con el desarrollo de estas alternativas se tiene que avanzar en la profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Policía. En esos territorios deberían aplicarse manuales de desempeño con indicadores ligados a los derechos humanos y a los resultados operacionales.
Pero tampoco esto se hace, por el contrario, persiste la lógica de tapar los desmanes de las tropas en estos territorios que le costó el puesto al exministro de defensa Guillermo Botero y que casi la cuesta el puesto al fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo, salvado por leguleyadas interpuestas por los amigos del gobierno, que impidieron un debate sobre los abusos de las Fuerzas Armadas y de Policía no solo en esos territorios sino por los abusos en el control de las protestas ocurridos en las principales ciudades del país con motivo del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 así como por el asesinato de más de 10 civiles y más de 72 heridos, en los hechos desencadenados tras el asesinato en Bogotá del joven abogado Javier Ordoñez el 9 de septiembre de 2020.
Todo esto se sabe y se ha debatido ampliamente en el país. Incluso hay fallos judiciales que ordenan revisar doctrinas ligadas a las teorías de la seguridad nacional, a la estigmatización de la protesta social, a los manuales de la Escuela de las Américas dirigida por los Estados Unidos y en donde se han formado cientos de los oficiales de la Fuerza Pública con sesgo totalmente antidemocrático. Pero esto no se hace porque quienes sostienen esas viejas teorías y practican el tapen tapen, son precisamente quienes están en el gobierno, que además son los enemigos de la Paz. Y uno de ellos es Diego Molano, por eso no se esperan cambios en el rumbo desacertado de este gobierno en materia de Seguridad y Derechos Humanos.
Bogotá 4 de febrero de 2021.
Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur
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