La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Honduras para conocer la evolución de los principales indicadores de la economía hondureña, especialmente en lo que respecta al primer semestre del año, y la efectividad de las medidas de política económica, sectoriales e institucionales tomadas para enfrentar la pandemia y evitar un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población.
Honduras había firmada un Acuerdo Stand Bay y Servicio de Crédito por el orden de los 311.13 millones de dólares en julio de 2019, para un periodo de dos (2) años, pero en mayo el personal técnico del FMI propuso aumentar el acceso a 222 millones de dólares para enfrentar la pandémica Covid-19.
El FMI ha puesto énfasis en el manejo de las finanzas públicas, en el marco de Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada, donde se ponen techos al gasto y masa salarial, entre otras metas a cumplir. Igual, busca un manejo satisfactorio de la crisis que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de la que es co/responsable, ya que la mayor parte de las acciones ejecutadas por el gobierno han contado con su aval, ejemplo la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico, el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), e incluso la creación de una Comisión Interventora que todavía no encuentra el rumbo para contribuir a eficientar la prestación del servicio a la población, ampliación de la infraestructura y reducción de las perdidas técnicas y no técnicas.
Otro tema que preocupa, pero a escondidas, al FMI, es la falta de transparencia y corrupción. Es difícil pensar que funcionarios de este organismo y del gobierno, cataloguen de exitosa un programa de estabilización económica, cuando existen altos niveles de corrupción. Simplemente, avalan que el ajuste económico y compromisos futuros, los paga la población sin derecho a protesta.
Un tercer frente es la liberalización de la tasa de cambio, que se ha parado por el Covid-19 y la entrada de recursos vía préstamos, remesas y canalización de fondos del gobierno a la banca privada para apoyar a sectores como las MiPymes, turismo y los trabajadores que han sido afectados.
De hecho, todavía, no se ha renunciado al objetivo de una liberalización total de la tasa de cambio, cuando se ha aprobado que 60% de las divisas no sean controladas por el Banco Central, sino por los agentes económicos (exportadores), y de cambio como los bancos.
En el caso de la ENEE, no se sabe que pasará en el Post-Covid-19. Por un lado, las perdidas (distribución y trasmisión) han aumentado y fijan en un 38.6% al mes de agosto de 2020, con impacto de 10, 698.5 millones de lempiras dejados de percibir (ENEE: boletín mensual). Se habla incluso de un déficit operacional de 85,000 millones de lempiras, por la incapacidad para reducir las pérdidas y no controlar el robo burocrático atribuido a la corrupción.
La empresa está a las puertas de pagar 614 millones de lempiras por títulos de propiedad e indemnizaciones a propietarios de tierras que fueron desplazados con la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III, donde se asumió que los derechos de propiedad de los ocupantes no existían como tales.
A ello se suma, una posible renegociación del contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), encargada, en otras cosas, de eficientar la empresa y reducir las pérdidas anuales no técnicas de distribución en 17 puntos durante 7 años, que no se ha logrado.
Esta renegociación puede ser desfavorable para el gobierno y ENEE, ya que la evidencia demuestra que no se ha logrado alcanzar dicho objetivo y EEH ha estado obteniendo unos 10.5 millones de dólares mensuales por su operación. El Congreso de la República aprobó cinco (5) contratos de energía eléctrica sin consultar a la CREE y violando la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE). Se habla que estos contratos se aprobaron inicialmente a 0.18 y 0.20 centavos de dólar el kilovatio hora, los más caros de la región.
EL FMI, no se ha pronunciado acerca de las denuncias sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la pandemia Covid-19. El caso más sonado, donde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), lo ha tipificado como una operación de compra de insumos médicos poco transparente, es la adquisición de hospitales móviles por IINVEST-H, una especie de supra ministerio creado para arreglar las carreteras de país, pero no para compras médicas.
Al parecer, nadie ira a la cárcel por este delito, pero la población se pregunta, ¿Acaso el FMI podrá ayudar a recuperar el dinero perdido por la excesiva sobre/valorización?
La misión del FMI se ha reunido con representantes del sector privado aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), para conocer, además del cierre de empresas y pérdidas de empleos, las estratégicas para reactivar la economía.
La propuesta del sector privado es que se permita a partir del lunes 9 de noviembre de 2020, la circulación total de las personas sin excepción, para dinamizar la producción, turismo, ventas y el empleo.
Pero los médicos advierten de un rebrote mayor del Covid-19, especialmente en el interior del país y ciudad capital, lo que puede significar una vuelta al encierro total, tal como puede estar sucediendo en países como España y Alemania. Igual, el COHEP, cierra filas frente a la amenaza del anuncio de nuevos impuestos para 2021, lo que no debe permitirse ya que las empresas están en una fase primaria de recuperación económica.
Es de esperar que, en 2021, 2022, 2023, tal como se da a entender en el Marco Macro Fiscal para 2020-2024, exista una baja en el techo de las metas del déficit del balance global del Sector Público No Financiero (SPNF) e incremento anual del gasto corriente, lo que implica que la “flexibilidad” introducida a las reglas fiscales iniciales ( techos al gasto) se desvanezca periódicamente, por lo que los hondureños deben esperar ajustes económicos a partir de 2020.
Ello introducirá un sesgo recesivo mayor en la economía a mediano plazo, lo que afectará la tasa de crecimiento del PIB real, el gasto de inversión pública y generación de empleos de buena calidad.
EL FMI no se ha reunido con los dirigentes de los partidos políticos de oposición, lo que se considera una mala práctica, ya que muchas de las recomendaciones y acuerdos de finales y principios de año, afectarán el proceso de toma de decisiones en materia de política económica a futuro, especialmente en 2021 y una vez que sea electo el nuevo presidente de la República, diputados y alcaldes.
Desde ya, parte de las políticas del FMI chocan con los planteamientos de los principales líderes de oposición.
