La detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles se produjo sin que el Gobierno mexicano estuviese al tanto de la operación. Un repaso sobre otras acciones de la oficina antidrogas de Estados Unidos en México revela un patrón de acción unilateral.
La noticia de la detención del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles el 15 de octubre de 2020 se conoció por medio del anuncio realizado en su cuenta de una red social por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien explicó que la información le llegó por medio del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.
Esta forma de acción de una agencia de un gobierno extranjero en territorio mexicano sin considerar los mecanismos internos del país ocurrió de manera similar un año antes, con la detención del hijo de Guzmán Loera, Ovidio, en Culiacán, Sinaloa, que gestó un episodio inédito de violencia que fue bautizado "el Culiacanazo".
El caso más dramático del accionar unilateral de esta agencia norteamericana en México que fue probado por la periodista norteamericana Ginger Thomson, refiere en realidad, a dos episodios ocurridos en el norte del país, próximo a la frontera entre ambos Estados. En estos casos que describiremos más adelante se evidenció cómo el accionar de la DEA fue el origen de la comisión de crímenes graves en México, contra ciudadanos mexicanos.
La detención del general
El Gobierno de México manifestó al de Estados Unidos un "profundo descontento de que no haya compartido la información con nuestro país", apuntó el secretario Ebrard este 29 de octubre. Toda la información de la detención en Los Ángeles fue dada a conocer por el relato de Marcelo Ebrard, quien respaldó la información brindada por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, a su vez, aseguró que en México no hay ninguna investigación contra el detenido.
Agregó que hasta el momento, el Gobierno no ha tenido acceso al expediente completo contra el exsecretario.
Cienfuegos recibió atención consular por medio de la cónsul mexicana en Los Ángeles, Marcela Cenorio, y, según anunció Ebrard públicamente, el 16 de octubre el general Cienfuegos Zepeda tuvo su primera audiencia en la Corte Federal del Distrito Central de California, que duró apenas cinco minutos.
Está imputado y detenido en Estados Unidos, acusado de cuatro delitos: tres por conspiración de manufactura, distribución e importación de drogas a Estados Unidos y un cuarto, por lavado de dinero.
Aunque el documento de los Fiscales Federales de ese país que contiene estas acusaciones y la orden de aprehensión librada por el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, están fechadas hace más de un año —el 14 de agosto de 2019 — las autoridades de Gobierno mexicanas no fueron notificadas del arresto hasta su realización, el 15 de octubre de 2020.
Marcelo Ebrard sostuvo que el Gobierno mexicano conocía sobre una investigación en curso contra el general, más no estaba al tanto que sería detenido ni cuándo.
"Con la DEA hay un trabajo permanente como dijo el presidente, teníamos noticias de varias investigaciones en curso que podría vincular al general Cienfuegos, pero de la detención no tuvimos conocimiento previo hasta que el embajador nos lo transmitió", sostuvo al día siguiente del escándalo público.
Según anunció la Secretaría de Defensa mexicana tras la detención, una investigación interna fue realizada en el país junto a "instituciones financieras y de inteligencia" del Gobierno mexicano. Se decartó el hallazgo de evidencias sobre un uso irregular de recursos por parte de Cienfuegos en México en la compra de propiedades o cuentas bancarias.
Según publicó el periodista mexicano Gustavo Castillo García existe una lectura dentro del Gabinete de Seguridad sobre la detención como un intento de afectar al Ejército, la institución mexicana de seguridad que (a diferencia de la Marina) "se ha negado a realizar acciones sustentadas en sospechas o permitir la participación directa de los integrantes de esa agencia en operaciones antinarcóticos", apuntó el periodista en el diario La Jornada.
"Dijimos desde el principio que independientemente, si es responsable o no el general Cienfuegos, nosotros vamos a defender al Ejército mexicano, es una institución fundamental del Estado y no se pueden hacer juicios a tabla rasa", sostuvo el presidente mexicano en la conferencia mañanera del 29 de octubre.
La detención de Ovidio
El 17 de octubre de 2019, un operativo militar que buscaba detener a Ovidio Guzmán —hijo de Joaquín Guzmán preso en Estados Unidos por narcotráfico— sumió a la ciudad de Culiacán (en el estado de Sinaloa) en un despliegue de violencia paramilitar inédito.
Aunque la actuación fue operada por tropas de la Guardia Nacional mexicana, no existía en México una orden de cateo al domicilio que permitiera su allanamiento policial ni tampoco un mandato para realizar su detención en la Justicia mexicana, más allá del pedido de extradición de Ovidio Guzmán, formulado por Estados Unidos.
Periodistas mexicanas como María Idalia Gómez confirmaron el papel líder que jugó la DEA en este operativo fallido, así como Marco Vizcarra apuntó la presencia de oficiales de la Agencia gubernamental desde días antes en Sinaloa.
Aunque la acción militar fue detenida por orden del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo públicamente que su decisión busco evitar una escalada de la violencia en el lugar, ya que no se tenía en México ningún proceso judicial que avalara el despliegue de la fuerza.
Las masacres en el norte
El primer caso que fue investigado por la periodista Ginger Thompson data del año 2010 y ocurrió en Monterrey, una de las metrópolis principales del norte del país. Allí cuatro personas que estaban hospedadas en un hotel fueron desaparecidas al día siguiente que agentes de la DEA se retiraran del lugar, desde dónde hacían "un operativo de vigilancia".
Según la investigación, el grupo paramilitar que operó la desaparición llegó al hotel motivado por la acción de la DEA —buscando a sus agentes— que supo del giro que había dado el asunto y abandonó México sin atender las consecuencias que sus "investigaciones" provocaron en gente inocente.
El segundo caso investigado por la misma periodista norteamericana refiere a la llamada masacre de Allende, ocurrida en ese pueblo del estado de Coahuila, en marzo de 2011. La situación de violencia provocó la desaparición forzada de decenas de personas en este pueblito rural también estuvo también vinculada a una acción de inteligencia de la Agencia antidrogas norteamericana.
A pesar de la probada unilateralidad con que actúa en México, Ebrard sostuvo en una entrevista con el periodista mexicano radicado en Estados Unidos, Jesús Esquivel, que México revisa "las bases de cooperación" con la DEA.
El funcionario comentó que esperan el final del proceso electoral en Estados Unidos para avanzar en las propuestas de modificación.
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