Agencias internacionales de noticias difunden comentarios de una fuente no identificada de la Unión Europea (UE) en los que se asegura que si Venezuela no pospone las elecciones legislativas, previstas para el seis de diciembre, ese organismo no tendrá tiempo para desplegar una misión de observación electoral. “El tiempo ya es muy corto”, habría afirmado.
Aunque los medios internacionales alineados en contra de Venezuela dieron por cancelada cualquier posibilidad de la presencia europea en los comicios, lo cierto es que, hasta este lunes 14, Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, no había declarado al respecto.
Pero, el globo de ensayo que parece haber sido esa información no fue gratuito. Al dejar colar la posibilidad de que la UE no despliegue una misión de observación electoral porque no hay tiempo, se le dio paso también a la probabilidad de que finalmente el dirigente opositor Henrique Capriles se retire del proceso electoral. “Si Europa declina, queda muy comprometido el proceso”, dijo, cuatro días antes, el excandidato presidencial.
El aplazamiento de los comicios no es la única condición que han presentado los europeos. Venezuela vive un intenso proceso de negociaciones entre el gobierno y sectores políticos, que está siendo acompañado por altos representantes de países y de organismos internacionales.
Y tal como lo ha declarado públicamente, Borrell funge como portavoz de la oposición extremista. Veamos.
Agosto: no hay condiciones
El 21 de julio pasado, la Cancillería venezolana hizo llegar a la UE la comunicación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que la presidenta Indira Alfonzo extendía la invitación a participar en el plan de acompañamiento internacional.
Las negociaciones deben haber sido intensas, pues el dos de agosto la oposición encabezada por el diputado Juan Guaidó declaró que no participarían en el proceso electoral, del que afirmaron sería “fraudulento”. La declaración de este sector, obviamente, no causó sorpresa.
Tampoco la causaron las diez condiciones expuestas en el documento:
1) la inclusión de los venezolanos residentes en el exterior en el Registro Electoral, a pesar de que estos electores no participan en una elección legislativa;
2) no migrar a los electores de sus centros de votación “naturales”, aunque esto solo sucedió en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente debido a la violencia de ese sector político;
3) la designación del CNE por parte de la Asamblea Nacional, aunque este organismo incurrió en omisión legislativa;
4) el restablecimiento de las directivas de los partidos que fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aunque esto fue a solicitud de factores de esas organizaciones;
5) la elaboración de un cronograma que garantice lapsos, aunque el que se desarrolla actualmente ya lo establece;
6) la auditoría de todos los procesos electorales, aunque el cronograma electoral ya establece 16 auditorías a los procesos medulares.
También exigieron:
1) La garantía de una campaña electoral con igual acceso a los medios de comunicación, con prohibición de las cadenas nacionales y la garantía del libre tránsito por todo el territorio nacional;
2) la prohibición de las “indebidas intervenciones del Plan República”;
3) el cese de las inhabilitaciones; y
4) la liberación de los políticos presos.
Días después, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, dirigió una comunicación al alto representante de la UE, según confirmó posteriormente el europeo.
En su carta, el ministro Arreaza mostró la clara disposición del Estado por lograr un entendimiento político, al referirse a los acuerdos alcanzados por las negociaciones, entre ellos los referidos a la ampliación de los lapsos de las jornadas de inscripción del Registro Electoral, que efectivamente se extendió hasta 19 días en total, y de la inscripción de candidatos que duró finalmente 27 días. También señaló los esfuerzos por concertar misiones de observación y acompañamiento y las acciones para enfrentar la pandemia, entre otros temas.
Pero para Borrell y los sectores de la oposición a los que representa no fue suficiente.
El 11 de agosto, el Alto Representante de la Unión Europea emitió una declaración en la que aseguró que “en estos momentos, no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo” y que la ampliación de los plazos del proceso electoral es “insuficiente para que la Unión pueda estar en disposición de desplegar una misión de observación electoral. Para ello, sería necesario una respuesta precisa y ampliamente positiva a las condiciones mínimas planteadas por la oposición”. Es decir, los tiempos debían correrse a favor de la oposición y no en función de los requerimientos administrativos europeos para organizar una misión electoral.
El 14 de agosto, los ministros de relaciones exteriores de la UE emitieron una declaración en la que respaldaron los esfuerzos encaminados a encontrar una solución políticos, lo que “puede incluir un despliegue de una misión de observación electoral de la Unión Europea si se garantiza un mínimo de las condiciones de credibilidad, transparencia e inclusión, así como la capacidad de observar el proceso electoral sin interferencias”.
Los europeos objetaron así el marco normativo por el que Venezuela acepta misiones electorales, que tiene como fundamentos el respeto a la soberanía de la República, su democracia y sus procesos electorales, y al principio de la cooperación internacional entre iguales.
“Ese es un concepto ajeno a la práctica de la Unión”, dijo Borrell el 11 de agosto, al exigir “acceso completo” a todo el proceso electoral, sin explicar a qué se refería con ello.
Al día siguiente, la presidenta del CNE ratificó la invitación. “Estamos conscientes de lo que tenemos, de lo que debemos mostrar y no tenemos ningún inconveniente, esta es una casa de puertas abiertas; esta es una institución democrática del pueblo venezolano, que se muestra al mundo en el ejercicio de su vocación democrática”, dijo Alfonzo, al recordar que el venezolano, es un sistema totalmente auditable.
Septiembre: invitación en “estudio”
El 31 de agosto, el gobierno nacional anunció el indulto para 110 opositores, 50 de los cuales se encontraban en prisión y los otros 60 en procesos judiciales.
Borrell contestó enseguida. A primera hora de la mañana siguiente, en su cuenta de Twitter, calificó de buena noticia el indulto y aseguró que esa era “una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes”.
El 02 de septiembre, el canciller Arreaza hizo pública una carta dirigida a Borrell en la que se ratificó la invitación para que la UE participe en las elecciones legislativas.
En esta misiva, el ministro detalló las garantías acordadas en el marco del diálogo nacional, para una participación “equilibrada, incluyente y democrática”.
Muchas de ellas se corresponden con las condiciones exigidas por la oposición extremista en agosto:
1) amplia difusión de la oferta electoral;
2) estricto equilibrio en el acceso y cobertura de la campaña electoral en medios de comunicación públicos y privados, así como en redes;
3) el no uso de los recursos públicos para actividades proselitistas;
4) el compromiso de que los puntos partidistas de campaña serán retirados al cierre de la campaña;
5) la instauración de un servicio independiente de monitoreo de campaña para los partidos; y
6) el establecimiento de una comisión concertada y equilibrada para el monitoreo de las elecciones y para abordar los impases e inconvenientes que puedan surgir, entre otras.
Asimismo, entre los acuerdos se ratificaron garantías que el CNE ya ha establecido a lo largo de los años, algunas de las cuales son el esquema de auditorías al sistema automatizado de votación; poner a disposición de los partidos elementos técnicos tales como los cuadernos de votación, el registro de incidencias registradas en el sistema el día de la elección, el catastro de los centros de votación y las hojas complementarias de totalización; la publicación de los resultado por mesa y centro de votación.
A partir de allí, pareciera que la Unión Europea bajó el perfil de lo vocería, pues tres días después, el cinco de septiembre, fue un portavoz, Peter Stano, el que habló del tema al asegurar que estudiaban “cuidadosamente” la invitación de Venezuela y que el organismo “espera que más medidas positivas le sigan para asegurarse de que las elecciones son libres y justas”.
Hasta este 11 de septiembre, cuando la única información sobre Venezuela de los últimos días, correspondió a una vocera que ni siquiera fue identificada.
La última vez que una misión electoral de la Unión Europea estuvo en Venezuela fue durante la elección presidencial de 2006, último proceso electoral en el que se aceptaron misiones de observación.
(Taynem Hernández / LaIguanaTV)
https://www.laiguana.tv/articulos/801201-union-europea-condiciones-elecciones-6d-taynem/
