En el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones que el gobierno español quiere que sustituya a la Ley de Telecomunicaciones vigente, se introduce un artículo que constituye un ataque directo a la privacidad de los españoles, y que contempla la posibilidad de intervenir las redes sociales y las comunicaciones de los ciudadanos, no sólo en teléfonos sino también en redes que no tengan un número asociado.
El anteproyecto está publicado en la página del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y puede descargarse desde este enlace, en formato PDF.
Una nota publicada el 11 de septiembre por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, describe así el anteproyecto:
“La tramitación y aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones es uno de los compromisos de la estrategia ‘España Digital 2025’ en el ámbito de la conectividad, piedra angular de la transformación digital.
El anteproyecto incluye la regulación no solo de los servicios de comunicaciones electrónicas, sino también aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los usos del dominio público radioeléctrico.
Como novedad, por primera vez se regulan los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería. Se imponen obligaciones de carácter administrativo, como la inscripción en el Registro de Operadores y la obligación de observar medidas de seguridad de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza diferenciada respecto a los servicios tradicionales.”
La mención a la estrategia “España Digital 2025” es significativa, pues según registros del Banco Mundial, el 31 de marzo de 2025 es la fecha de finalización del “Programa de Preparación y Respuesta Estratégica COVID-19”.
Según expertos en criptopolítica, los años 2024 y 2025 definen el final rango de tiempo contemplado para la instauración del Sexto Paradigma Tecnológico que el orden mundial angloamericano busca instaurar a través del “Gran Reseteo”, del Foro Económico Mundial, para el cual la crisis de coronavirus sirvió como catalizador; es decir, que les facilitó el plan.
El problema, dice el abogado Aitor Guisasola Paredes, es el riesgo que surge a partir de la ambigüedad del artículo 4º (inciso 6) del anteproyecto de ley, pues contiene “conceptos jurídicos indeterminados que pueden conducir a la arbitrariedad de los poderes públicos”:
“6. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.
En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.
Esta facultad sólo se podrá ejercitar respecto de los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.”
Fuentes:
Aitor Guisasola Paredes / Un abogado contra la demagogia — El gobierno podrá intervenir tu WhatsApp o redes según la nueva Ley de Telecomunicaciones.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital — El Gobierno presenta a audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
Mente Alternativa — Programa de respuesta al Covid-19 aparece en registros del Banco Mundial de 2017 y 2018, 2 años antes que la OMS acuñara el termino.
Daniel Estulin — El coronavirus como arma de pasaje al sexto paradigma tecnológico.
