El controvertido operativo, que tiene al fiscal estadunidense Eric Holder en un enfrentamiento con el Congreso, tuvo su origen en 2009.
El miércoles, el legislativo emitió un voto para que el pleno considere remitir el caso a la Fiscalía en Washington, para que inicie el proceso de desacato.
La operación denominada ‘Rápido y Furioso’, fue iniciada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para vender armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera mexicana con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente van a dar a manos de narcotraficantes.
La ATF permitió que 2,500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con las autoridades por el control de las calles desde hace varios años
El miércoles 20 de junio, el mandatario estadunidense, Barack Obama, utilizó, por primera vez en su mandato, el llamado ‘privilegio ejecutivo’ para impedir que el fiscal general, Eric Holder, entregara una serie de documentos a la comisión de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, que investiga el operativo que dio luz verde a la entrega de armas a cárteles mexicanos de la droga.
Pero no es esta la primera vez que el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen un enfrentamiento acerca de documentos requeridos por los legisladores en sus investigaciones sobre la acción de un presidente.
Desde 1980 la Casa Blanca ha utilizado el ‘privilegio ejecutivo’ para bloquear información, y quien más veces recurrió a ese derecho fue el presidente Bill Clinton, quien invocó 14 veces sus atribuciones para clasificar documentos de la Casa Blanca.
La controversia por ‘Rápido y Furioso’ surgió en diciembre de 2010, después de que dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa fueron utilizados en un tiroteo en Arizona donde murió el agente fronterizo Brian Terry en diciembre de 2010.
Febrero de 2011: El 15 de febrero, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente norteamericano Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se trasladaba del Distrito Federal a la ciudad de Monterrey. Su compañero, Víctor Ávila, resultó gravemente herido. La muerte de Zapata arrojó más datos de la operación al comprabarse que había sido muerto por un arma que formaba parte de ‘Rápido y Furioso’.
Lanny Breuer, funcionario del Departamento de Justicia de EU, informó a investigadores legislativos, que la ATF había permitido el ingreso a México de cientos de armas adquiridas ilícitamente en la operación, la cual era una polémica táctica llamada “dejar que caminen las armas”. Los documentos que presentó Breuer se encuentran entre las 486 páginas entregadas a la comisión legislativa, presidida por Darrell Issa, representante republicano por California.
Incluso, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México, Alejandro Poiré, aseguró el 27 de julio que Estados Unidos había presentado el operativo como una tarea de combate al narcotráfico:
Octubre de 2011-El Comité de Supervisión emitió un citatorio al procurador estadunidense, Eric Holder, para la entrega de documentos relacionados con la controvertida operación.
8 noviembre 2011: el procurador Holder aseguró que al entregarse los documentos, se tendrían que revelar una serie de informes relacionados con el operativo, lo que según el fiscal sacaría a la luz información que vulneraría la seguridad de Estados Unidos.
Ante el Comité Judicial del Senado, Eric Holder reconoció que el operativo fue defectuosa en su concepción, “así como en su ejecución”, según fragmentos del testimonio que rindió ante el Comité Judicial del Senado
16 noviembre 2011: La titular de la Procuraduría General de la Republica en México, Marisela Morales Ibáñez, afirmó que el operativo ‘Rápido y Furioso’ se investigaría hasta las últimas consecuencias y en caso de existir responsables se aplicará todo el peso de la ley.
30 enero 2012: La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, reconoció que se cometieron “serios errores” en la operación Rápido y Furioso pero se comprometió a evitar su repetición.
Mayo 2012: Ante el Comité Judicial del Senado, Holder ofreció reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, o el titular del Comité de Supervisión, Darrell Issa, en busca de un arreglo que evite el proceso de desacato que se tenía previsto para el martes 20 de junio.
Holder, compareció ante el Comité Judicial del Senado, con lo cual se pudo haber sometido al desacato por parte de los republicanos a pesar que entregó 7,600 páginas de materiales al Congreso sobre el polémico operativo.
3 mayo 2012: Tras más de un año de investigaciones, el titular del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Darrell Issa, inició el procedimiento de desacato en contradel procurador Eric Holder por el supuesto rechazo a cooperar en la investigación del operativo.
Bajo el citatorio, Holder debía entregar toda información relativa al operativo que involucre comunicaciones entre su oficina y las de los subprocuradores relacionados con el caso.
A principios del mes de junio, el mismo Comité de Supervisión acusó al Departamento de Justicia estadunidense de mentir sobre ‘Rápido y Furioso’ luego que descubrió la autorización de seis operativos de intervención telefónica.
12 junio 2012: La Casa Blanca calificó como “espectáculo político” la propuesta republicana en el Congreso para declarar en desacato al procurador general Eric Holder, por su supuesta negativa a entregar documentos sobre el operativo ‘Rápido y Furioso’.
13 junio 2012: El procurador de Estados Unidos rechazó cualquier posibilidad de renunciar al puesto para evadir la entrega de documentos.
20 junio 2012: El mandatario estadunidense, Barack Obama, utilizó este miércoles, por primera vez en su mandato, el llamado ‘privilegio ejecutivo’ para impedir que el fiscal general, Eric Holder, entregara una serie de documentos a la comisión de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, que investiga el operativo que dio luz verde a la entrega de armas a cárteles mexicanos de la droga.
(Con información de Apro, CBS News, Notimex y politico.com)
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