La rebelión es un derecho constitucional en la Carta Magna de ciertos países, pero lo que ocurrió en Nicaragua en abril del año 2018 fue una asonada violenta que destruyó bienes materiales, culturales, públicos, privados. Causó conmoción psicológica en la población, además de la muerte de 300 ciudadanos afines al sandinismo.
¿Por qué decir que fue una asonada golpista? Porque las compañías aseguradoras del modelo neoliberal no reconocieron el seguro por la destrucción de los bienes materiales.
Por lo tanto queda descartada como una rebelión legítima. Contó con el apoyo de Estados Unidos EEUU) que persigue intereses propios, y no de la nación nicaragüense.
La Revolución Popular Sandinista triunfó el 19 de julio 1979, inmediatamente se formó una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, formada por partidos políticos y agrupaciones sociales. En ese momento Daniel Ortega era Coordinador de ésta, por acuerdos entre los miembros de este modelo de transición.
Pasado este periodo de transición, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional convocó a las primeras elecciones libres en Nicaragua para el 6 de noviembre de 1984, en ellas iría como candidato Daniel Ortega, siendo electo y juramentado para un periodo de 5 años que sería de 1985-90.
Los partidos de la Coalición de la Derecha se aliaron con los Estados Unidos, para financiar una contrarrevolución armada que se inició paulatinamente hasta consolidarse en 1989.
La cual obligó a un «proceso de paz» en el que intervinieron países de América del Sur y Centroamérica (Grupo Contadora, Acuerdos de Sapoá). Daniel Ortega entrega el poder en 1990, con lo cual se cumple 5 años gobernando hasta ese momento.
El día 16 de abril del 2018, mediante decreto presidencial N#04-2018. “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial se aprobó una reforma favorable a la mayoría social.
Ciertos sectores empresariales que no querían pagar impuestos para sostener el Sistema Público de Pensiones, se incomodaron sobre esta iniciativa. Armaron pequeños disturbios.
Aprovechando esto la Derecha asesinó a un agente policial de nombre Hilton Manzanares, quién estaba dando vía en las inmediaciones de la Universidad Politécnica (UPOLI).
A la vez la oposición difundió la noticia falsa de la muerte de un estudiante en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), para hacer efervescencia en la sociedad, logrando su objetivo que derivó en la muerte de algunos civiles que se unieron a una falsa lucha.
Porque el decreto de la Seguridad Social, el día 21 de abril había sido derogado por el presidente Daniel Ortega.
Haciéndose pasar como estudiantes universitarios, delincuentes tomaron las instalaciones de varios recintos universitarios, estatales y subvencionados, con el objetivo de hacer nuevas demandas.
Ya no era por la Seguridad Social, ahora era por los jóvenes asesinados en el contexto de las “protestas”.
Todos esos asesinados tenían impactos de balas en la cabeza muy oportunamente, la claridad era que había que fabricar muertos y así fue.
Estuvieron acuartelados durante tres meses. Desde allí comandaban actos de saqueo, extorsión, robos, asesinatos, torturas, y secuestros a los ciudadanos que vivían en esas zonas.
Desde que el Gobierno sandinista llegó al poder en el año 2007, implementó espacios para todos los sectores de la sociedad: económico, religioso, cultural, empresarial, obreros y campesinos, todos incluidos en uno solo ente de participación ciudadana.
En él estuvieron desarrollando proyectos de gran envergadura para cada uno de los rubros, entre los cuales se encuentra el Modelo de Diálogo Alianzas y Consensos con la Empresa Privada, sindicatos y trabajadores.
Lo que desmiente que se haya producido un descontento de todos estos en abril de 2018, todos llevaban 11 años trabajando de la mano con el ejecutivo.
Las ciudades paralizadas fueron las de la zonas del Pacífico y centro del país, a causa de los denominados “tranques de la muerte”, los cuales consistían en obstáculos a base de piedras, muebles, vehículos, ramas de árboles, bloques, chatarra en general, adoquines que arrancaron de las calles.
Los que los habían levantado eran delincuentes pertrechados con armas blancas, de fuego y arrojadizas.
Estos tranqueros eran delincuentes y mareros contratados y financiados por la derecha, los mismos que cometieron toda clase de actos criminales en estos “tranques de la muerte” como robar, asesinar, violar, extorsionar e intimidar a las familias que son sandinistas, así como a la población en general, apoyados en su mayoría por la iglesia católica, cuyas sedes servían como cuartel para la logística y abastecimiento paramilitar.
Harvin Padilla es el nombre del cura cómplice de asesinato y quema del oficial del agente de policía en Masaya, Gabriel de Jesús Vado Ruíz. El religioso expresó en un audio difundido en redes sociales: “busquen como amarrarlo y esconderlo en un escusado (letrina) a ese jodido”.
Fueron las directrices que diera para la ejecución del joven agente de 23 años, quién fue brutalmente golpeado y torturado, antes de quemarlo vivo en las inmediaciones del tranque de Mebasa en Masaya el 15 de julio del 2018.
La Policía Nacional durante tres meses estuvo acuartelada por órdenes del mandatario Daniel Ortega. Con ello la delincuencia se acrecentó en las ciudades más grandes del país, como en la capital Managua.
La derecha golpista y terrorista está organizada en ONGs. Desde las que afirman que fueron paramilitares o parapoliciales los que hicieron la limpieza de los “tranques de la muerte”.
Siendo totalmente falso, ya que quienes se unieron en esta tarea eran civiles y algunos miembros del Sandinismo Histórico, que valiéndose del coraje que les caracterizó en las montañas durante la Guerra de Agresión de los 80, y en la Liberación en los 70, apostaron sus vidas tratando de devolver la paz social al país centroamericano.
Luego mediante una minuciosa investigación que realizaron autoridades en Nicaragua, se pudo conocer que ciertas empresas con personería jurídica de Organismos no Gubernamentales, estaban detrás del intento de golpe de estado. Estados Unidos anunció públicamente su financiamiento a la “lucha democrática” mediante estas ONG diez días antes al intento de golpista.
Algunas de estas ONG no habían renovado sus personerías jurídicas, a otras se les había vencido el tiempo de operación, más la ilegalidad en la que incurrieron según la Ley 147 sobre la ONG, aprobada en 1992 por el gobierno liberal y conservador de Violeta Chamorro, para regular la actividad de las empresas que reciben fondos internacionales.
Los que eran dueños de estos negocios que triangularon fondos destinados al pago de paramilitares, maras, y crimen organizado durante la asonada golpista huyeron a Costa Rica y EEUU en lo que ellos llamaron “exilio”, porque desde ahí la USAID y la NED les garantizaría seguir depositando a sus cuentas fuertes sumas de dinero.
Todo ello con tal de que hicieran parecer ante el mundo que en Nicaragua había una crisis humanitaria, algo que es solo una cortina de humo para desviar la atención sobre sus verdaderos intereses golpistas.
Después de un año en el que los llamados “exiliados” cumplieron con su contrato de tergiversar información desde medios de comunicación y redes sociales, haciendo llamados a la apología del delito, decidieron volver absolutamente todos a Nicaragua, aduciendo que venían con “miedo” pero nada les ha pasado.
Porque todo se trataba de la puesta en marcha del golpe de estado a nivel internacional, desde donde se hicieron infinitos lobbys con la mafia cubano-americana para que al país los sancionaran con medidas unilaterales y coercitivas.
Lo único que ha demostrado la derecha con toda esta propaganda negativa en el exterior, es que la población que en algún momento les dio el beneficio de la duda, hoy se haya puesto en contra.
La última medición de opinión pública presentada por M&R Consultores en febrero de este año muestra que el 84% de la población rechaza la injerencia de países u organizaciones internacionales en asuntos internos de Nicaragua.
Además la población expresó en esta misma encuesta en febrero de M&R, que la mayoría de los nicaragüenses se muestran insatisfechos con el comportamiento de naciones poderosas en el mundo actual porque:
No respetan a países débiles (67.3%).
No respetan el derecho internacional (66.7%.).
No respetan la libre determinación de los pueblos (66.8%).
No se preocupan por el bienestar de países débiles (65.9%).
Resuelven por la fuerza diferencias con países débiles (66.1%).
Actualmente el Gobierno de Nicaragua mantiene diálogo abierto con el motor económico mayoritario del país, el cual está representado por las Mipymes agremiadas en el Consejo Nicaragüense de Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME).
Desde donde además surge una nueva alternativa de empresarial contraparte del COSEP, cuyo nombre es Asociacion de Promocion al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (APRODESNI), e integra a más de 350 empresas.
Nicaragua es el país en la región centroamericana que presenta hasta este dia 9 casos positivos de COVID-19 y un fallecido. No hay contagio local, además el gobierno ha dispuesto del Modelo de Salud Comunitaria para enfrentar la pandemia con medidas preventivas, brigadistas y personal de salud en todo el país.
https://elestado.net/desarticulando-relato-mediatico-nicaragua-ii/
