Los muros construidos pueden ser muy altos y las políticas migratorias demasiado estrictas, pero la desigualdad, la pobreza y la violencia que no están siendo atendidas, tienen el poder de hacer que una persona prefiera pasar por una ruta migratoria complicada y riesgos dos o hasta tres veces, porque en Guatemala hay lugares donde no se puede vivir.
La migración en Guatemala no es nueva, permanentemente las condiciones de vida de cientos de personas van incorporando transformaciones a este fenómeno.
Moverse de un lugar a otro para encontrar una vida mejor ha sido una constante en las dinámicas humanas. Sea por razones políticas, económicas, o sobreviviencia por violencia la migración es una opción que implica cambios en la sobrevivencia de cientos de miles de hombres y mujeres en Guatemala.
Fue en la segunda parte del siglo XX, cuando la migración hacia Estados Unidos se empezó a incrementar. Por ejemplo, el terremoto de 1976 y la violencia provocada por el conflicto armado interno (1960-1996) fueron dos hechos históricos que obligaron a muchas personas a movilizarse hacía otros lugares, adentro y fuera del país, para escapar de la pobreza y la violencia.
Desde el siglo XIX, la población indígena se movía, y lo continúa haciendo, para trabajar en el corte de café en las fincas del altiplano occidental y en las plantaciones de caña de azucar en los departamentos ubicados al sur del territorio guatemalteco.
Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landivar, divide los procesos de la migración actual hacia Estados Unidos en 5 fases, la época violenta del conflicto (1977-1985), la reforma migratoria en Estados Unidos (1986-1988), la consolidación de guatemaltecos en Estados Unidos (1989-1991), el aumento de la migración irregular de hombres jóvenes (1992-2003) y la más reciente, incrementada por la violencia y el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas que, como un resorte, inpulsan la migración de mujeres y niños (2004-2015).
Este último proceso, el de la migración femenina y sobretodo la infantil fueron los tema más destacados en los medios de comunicación internacional, pero no hubiese sido noticia sino hubiesen ocurrido la muerte de cinco niños guatemaltecos, todas bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza y la inhumana política migratoria de Donald Trump.
Según datos de la autoridad fronteriza norteamericana, solo en los primeros cuatro meses de 2019 más de 700 mil migrantes fueron detenidos, con esa cantidad los centros de detención colapsaron.
Pero existe todo un mundo casi desconocido, o más bien ignorado, que está conformado por las causas que impulsan a un niño a huir con sus padres o en solitario, los esfuerzos y sacrificios que hay de tras del pago a un coyote, los peligros del camino, es como jugar a la ruleta rusa, no hay garantías de éxito pero para muchos quedarse ya no es una opción.
Comunidades olvidadas
Silencio y abandono. Caminos inhóspitos de tierra, poco o nulo acceso a servicios básicos, altos niveles de desnutrición y pobreza, son pocos aquellos que logran estudiar, niños caminando largos tramos para llegar a las escuelas, pocos se gradúan y aun así eso no es garantía de acceder a una mejor vida.
En contraste, en medio de la pobreza se construyen grandes casas con estilos norteamericanos, por las polvorientas calles circulan automóviles, en su mayoría de modelos agricolas y junto a ellos nuevos comercios. Estan condiciones pertenecen a aquellos que emprendido el viaje con destino a los Estados Unidos y que como efecto secundario motiva a los otros a imitar esos pasos.
En lugares donde pasa de todo, pero casi nunca se cuenta nada y nadie escucha, la migración se muestra como la alternativa para sobrevivir, así se podría describir un panorama general de las comunidades rurales de donde partieron los niños guatemaltecos indígenas que migraron, pero murieron en el intento de una mejor vida al lado de su familia y bajo la responsabilidad de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
El viaje: coyotes, mordidas, crimen organizado y el desierto
El viaje solitario que realizan menores no siempre se debe a la misma razón, aquellos que viajan en un rago de edad de 1 a 9 años, regularmente son enviados a Estados Unidos por reunificación familiar.
Esta modalidad es posible por el trabajo del padre o la madre, que, con la ayuda de familiares en la comunidad de origen pueden llegar a pagar hasta Q 85 mil, para que un coyote de la comunidad los lleve hasta el lado estadounidense del desierto.
Los que van de 10 a 17 años, regularmente salen de sus hogares huyendo de la pobreza y en busca de medios para subsistir, pero algunos se van huyendo de la violencia intrafamiliar aunque son pocos los que cuentan sobre los abusos que los obligaron a migrar, según cuenta José Hurtado, director de la Asociación Pop Noj, quien ha trabajado desde hace 10 años, en una red de apoyo a niños retornados. Hurtado agrega que actualmente atienden casos en el área sur de Huehuetenango con poblaciones mam, popti’ y mestizos.
En muchas ocaciones para poder pagar el costo de un coyote, las familias recurren a préstamos en bancos, cooperativas o a familiares con mayor capacidad económica, en cada sector al que se acercan los intereses son altos y los acuerdos pueden variar. La primera preocupación que tendrá un migrante al llegar a Estados Unidos si lo logra, será pagar la deuda, luego podrá ahorrar e invertir.
En muchos casos los préstamos demandan como garantía la escritura de terrenos y casas, un caso que resulta ilustrativo de este extremo fue el de Felipe Gómez Alonzo, padre del niño Chuj de Huehuetenango, que falleció el 24 de diciembre de 2018 bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.
Su padre tuvo que dejar como garantía el terreno familiar para pagar los Q75 mil al coyote, actualmente se encuentra trabajando en el estado de Arizona, con un permiso que obtuvo posteriormente a la muerte de su hijo.
Los costos actuales de los coyotes están a la medida de las políticas de seguridad fronteriza de la región del presidente Donald Trump. Viajar en grupos más pequeños, buscar nuevas rutas rodeando los puestos de control y pasando más días en el camino, son algunas de las estrategias para alcanzar llegar a Estados Unidos. “Nosotros no perdemos, siempre hay formas de migrar, el problema es para los migrantes, la cosa se hace más dura”, dijo en una conversación un coyote en Huehuetenango a mediados de 2019.
Trump no ha logrado que la gente deje de migrar, sus políticas solo han convertido el trayecto más caro, a beneficio de la industria migratoria, que incluye una compleja red de coyotes, prestamistas y policías que reciben sobornos.
Pobladores del municipio froterizo de La Mesilla en Huehuetenango, han indicado que en los últimos meses de este año algunos agentes de la Policia Nacional Civil (PNC) han sobornado a muchos migrantes por cantidades que podrían ir desde $100 hasta $200 para dejarlos pasar cuando llegan los buses con centroamericanos que buscan cruzar a México.
Agentes de migración, crimen organizado e incluso las empresas estadounidenses que administran algunos de los albergues donde terminan los niños que son detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, también forman parte de un industria que de alguna forma se beneficia de quienes que migran sin papeles.
Hasta noviembre de este año, durante las diferentes rutas migratorias en el trayecto del territorio mexicano, han muerto más de 600 personas, en su mayoría guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el caso de la niñez, resalta el caso de la guatemalteca de 10 años que murió el 16 de mayo debido a problemas respiratorios cuando era trasladada desde Chihuahua a la Ciudad de México. Mientras que entre los casos violentos documentados, está el del niño de 9 años que sobrevivió a una herida de cuchillo en el cuello que le propinó el crimen organizado en el estado de Morelos, su padre fue asesinado en el mismo lugar, el 6 de julio.
Además de estos casos, están las muertes silenciosas en la frontera entre México y Estados Unidos, aquí los migrantes fallecen normalmente debido a las largas horas expuestos al calor, deshidratación y por el complicado camino que incluye cruzar ríos, como el caso de la migrante guatemalteca de 20 años que junto a dos bebés y un niño, fallecieron al intentar cruzar el Río Bravo, en Texas, el 24 de junio.
La Patrulla Fronteriza y el limbo migratorio
Los casos de los 5 menores que fallecieron en manos de la Patrulla Fronteriza mostró que superar los riesgos del trayecto por México y el desierto no asegura un final feliz. Desde la muerte de la niña Q’eqchi Jakelin Caal, de 7 años, el 8 de diciembre, se comenzó a cuestionar las condiciones que Estados Unidos ofrece a los niños detenidos, durante las 72 horas que según la ley, pueden pasar en estos centros fronterizos.
Fue hasta mediados de junio, despues de conocerse la muerte de 5 niños guatemaltecos, cuando un grupo de abogados estadounidenses que visitaban centros de detención, denunciaron que los niños estaban en cuartos fríos, les daban comida de mala calidad, muchos estaban enfermos de gripe, incluso los juristas que visitaron el centro de detención de El Paso, Texas, declararon a la Associated Press (AP) que más de 60 niños habían pasado hasta 27 días en este lugar sin ser trasladados ni atendidos por un juez de migración.
Los datos que el Ministerio de Relaciones Exteriones (Minex), entregó durante una citación del Congreso en junio, detalló que habían más de 5 mil niños guatemaltecos en 19 albergues de diferentes partes de Estados Unidos.
No obstante, estos albergues no son lo mismo que los centro de detención, pues estos, son casas temporales administradas por empresas de aquel país con fines de lucro, como el caso de Homested, un albergue que fue cerrado el 5 de agosto pasado, en medio de críticas por el trato que recibían los más de 2 mil menores que estaban ahí.
Además, la empresa Caliburn habría lucrado más de $40 millones del Estado por estos servicios según la investigación de Forbes.
La reacción del Estado guatemalteco ante las 5 muertes siguió un patrón que pudo ser observado al visitar los hogares de los fallecidos, acompañaron el proceso burocrático de repatriación de los cuerpos, cubrieron los costos del retorno hasta su comunidad de origen, no entregaron ningún tipo de ayuda económica, según declararon las familias en su momento.
Además no se registró ninguna acción legal o un pronunciamiento público de los consulados, de la canciller Sandra Jovel o de Jimmy Morales denunciando alguna de estas muertes.
Los deportados intentan irse de nuevo
El problema no termina con las detenciones de las autoridades norteamericanas. Le sigue la deportación, el proceso es complejo e incluso puede llegar a ser traumático, según datos de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), el 99% de los menores vuelven a su hogar, el 1% son casos que se judicializan y los niños quedan bajo el resguardo del Estado.
Del 1 de enero al 11 de diciembre de 2019, Estados Unidos ha enviado de vuelta a Guatemala vía aérea a 2 mil 754 menores, de esa cifra 1 mil 132 son niñas. Un crecimiento colosal en comparación a los deportados de hace 5 años, en el 2015, cuando solo fueron deportados 149 niños.
Las medidas drásticas del Gobierno de Trump tendrían mucho que ver pues durante este año fiscal (noviembre 2018, noviembre 2019) fueron detenidos más de 30 mil niños guatemaltecos, la cifra más alta de Centroamérica.
Estas son las cifras de niños deportados acompañados y no acompañados, enviados desde Estados Unidos y México durante los últimos 5 años.
Los niños seguirán yéndose. Hurtado de Pop Noj, dice que en la mayoría de los 52 casos que ha atendido este año en Huehuetenango, los menores intentan nuevamente la travesía a Estados Unidos, unos porque quieren estar con su familia y otros porque simplemente en Guatemala no hay condiciones para vivir y crecer dignamente en sus comunidades de origen.
Los muros construidos pueden ser muy altos y las políticas migratorias demasiado estrictas, pero la desigualdad, la pobreza y la violencia que no están siendo atendidas, tienen el poder de hacer que una persona prefiera pasar por una ruta migratoria complicada y riesgos dos o hasta tres veces, porque en Guatemala hay lugares donde no se puede vivir.
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