El rechazo de los militares y la oposición a una reforma constitucional terminó con el secuestro del presidente Manuel Zelaya y su posterior deportación a Costa Rica. El mandatario fue sacado de su casa durante la madrugada y llegó a la ciudad de San José aún en pijama.
Eran las 5 de la mañana del domingo 28 de junio de 2009 cuando unos 200 efectivos militares irrumpieron en la casa de la colonia Tres Arroyos, en Tegucigalpa, en la que vivía Manuel Zelaya, hasta ese día presidente de la República de Honduras.
"Me están dando un golpe", pensó Zelaya apenas despertó como consecuencia de los golpes y los disparos que ya se escuchaban desde la puerta.
Tiempo después, y al ser interrogada para un relevamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las hijas de Zelaya contó que su padre fue amarrado y sacado a la fuerza aún en pijama.
"Cállate, tú ya no sos nadie", le dijo uno de los militares que participó del secuestro del entonces presidente constitucional.
Manuel Zelaya había asumido la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2006.
Había accedido al poder en las elecciones generales del 27 de noviembre de 2005, como candidato por el Partido Liberal de Honduras. Zelaya ganó los comicios con el 49,9% de los votos, derrotando a Porfirio Lobo, del Partido Nacional, que obtuvo el 46,17%.
El Gobierno de Zelaya comenzó con la aprobación de la 'Ley de participación ciudadana', que establecía nuevas condiciones para la convocatoria de plebiscitos y referéndums.
La norma habilitaba, por ejemplo, al presidente de la República a convocar a un plebiscito.
En 2009, Zelaya anunció la convocatoria a un plebiscito fijado para el 28 de junio de 2009.
Ese día los hondureños deberían decidir si aceptaban la creación de una Asamblea Nacional Constituyente.
En caso de resultar afirmativo, el plebiscito sumaría una nueva elección a los comicios de noviembre de ese año, que ya servirían para elegir tres niveles de representantes: presidente, legisladores y representantes municipales.
Por ese motivo, la propuesta de Zelaya fue conocida como 'cuarta urna', ya que añadía una nueva elección a los comicios.
La propuesta del presidente fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, quienes alegaban que la propuesta de reforma era ilegal.
Zelaya mantuvo la convocatoria y el 24 de junio ordenó la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez Velázquez, luego de que se negara a custodiar las urnas que serían utilizadas en la consulta popular del domingo 28.
El ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana, renunció ese mismo día.
El diferendo entre Zelaya y la cúpula de las Fuerzas Armadas desató una serie de movilizaciones de militares sobre las calles de Tegucigalpa.
Los militares exigían la restitución de Vázquez Velázquez, cuya remoción también había sido rechazada por el Poder Judicial.
El 26 de junio, el Tribunal Supremo Electoral, declaró ilegal la consulta y ordenó decomisar las papeletas y todo el material que se utilizaría el domingo 28 y custodiarlo en dependencias de las Fuerzas Armadas. Zelaya no aceptó la resolución y se presentó en el lugar para llevarse el material, apoyado por la Policía Nacional.
Sin embargo, un tribunal de lo Contencioso Administrativo volvió a ordenar la incautación del material que se utilizaría para la consulta.
El Ejército se encargó de la incautación al mismo tiempo que irrumpía en la residencia de Zelaya para llevarlo detenido.
La operación de detención de Zelaya se realizó antes del amanecer, sin una orden de detención ni de allanamiento.
Luego del secuestro, el derrocado presidente fue trasladado por los militares a la base Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea y desde allí 'deportado' hacia Costa Rica.
Una vez en San José, Zelaya brindó una entrevista televisiva en la que remarcó que había sido "secuestrado" por las Fuerzas Armadas, al tiempo que su familia se mantenía "asilada en algunas casas privadas por la persecución en Tegucigalpa".
"El país está militarizado", advirtió el mandatario derrocado en esa oportunidad. Y agregó: "Yo he sido el presidente que más ha apoyado a las Fuerzas Armadas en estos tres años y medio y me pagan con esta traición".
En las horas siguientes, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como Naciones Unidas emitieron declaraciones condenando el golpes de Estado. Mientras tanto, los militares detenían también a la ministra de Relaciones Exteriores de Zelaya, Patricia Rodas.
El Congreso, por su parte, designaba como nuevo encargado del Gobierno Roberto Micheletti, quien se mantendría como presidente de facto hasta la asunción de Porfirio Lobo en 2010.
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