Colombia bloquea la entrada de 15 contenedores con 25 mil 210 cajas CLAP a Venezuela, en un operativo realizado en Cartagena de Indias por la Policía Fiscal y Aduanera colombiana y que fue anunciado por el presidente Juan Manuel Santos.
Se confirma, así, la decisión tomada por el Ministerio de Hacienda colombiano y Departamento del Tesoro estadounidense, luego de la celebración de la última Cumbre de las Américas en Perú, de impedir el acceso de alimentos a Venezuela bajo la fachada de la lucha anticorrupción.
Santos, en su declaración, vincula la adquisición internacional de alimentos por parte de Venezuela con supuestos delitos de lavado de dinero y actividades ilícitas, lo que forma parte de la narrativa de una supuesta trama de corrupción en el marco del complot mediático contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El expediente económico, creado con base a acusaciones sin pruebas y sanciones a figuras políticas, ha sido tomado por el presidente colombiano, quien asume el liderazgo antivenezolano en la región y apunta hacia el sabotaje de la comercialización de alimentos entre Venezuela y empresas de países vecinos.
Dos datos políticos son clave para comprender el contexto de la medida tomada por Juan Manuel Santos. En primer lugar: el día miércoles en una videoconferencia entre el presidente Nicolás Maduro y el primer mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se anunció el envío de 160 contenedores, contentivos de alimentos, medicinas y productos automotores, en el marco de un conjunto de acciones que el Gobierno venezolano emprende para reanimar los flujos comerciales del país por fuera del sistema financiero occidental.
La detención arbitraria de estos alimentos, a tan solo pocas horas de acordarse este envío, emite un mensaje donde se reafirma la decisión de Washington y sus aliados regionales de bloquear comercial y financieramente al Gobierno venezolano, en su búsqueda de vías alternativas para sostener la entrega de alimentos a bajo costo para una población con problemas crecientes.
En segundo lugar: la justificación narrativa utilizada por el Estado colombiano se basó en el expediente anticorrupción elaborado por el ala medática de la Open Society Foundations en Venezuela, el medio Armando Info.
Este grupo que se autodenomina de "investigación", responde a la organización del inversor George Soros, quien ha organizado y financiado proyectos de revolución de colores en países de Europa del Este.
El involucramiento de esta organización con tentáculos en Venezuela viene a consolidar el speech público no sólo del gobierno colombiano, sino de una agenda transnacional que utiliza la anticorrupción como un arma política para socavar Estados y que en tiempos recientes se ha enfilado con fuerza contra Venezuela.
Más que un aspecto accesorio, la inclusión de la subsidiaria de Open Society pone en evidencia que los cárteles políticos del globalismo, tendencia que dentro de la élite mundial persigue la instalación de un gobierno global dominado por las corporaciones transnacionales, también operan a lo interno de los engranajes de la guerra contra Venezuela.
De igual forma, el gobierno colombiano se vale de un instrumento institucionalizado en este tópico para criminalizar a cualquier actor económico que decida negociar con Venezuela, como lo han hecho México y Brasil, de donde proviene parte de los productos que integran las cajas de alimentos CLAP, y que son mencionados en las presuntas investigaciones de la policía y fiscalía general colombiana al identificar a empresas que participan en la importación de alimentos.
AL PARECER ESA FUE LA ESTRATEGIA "CONSENSUADA" CONTRA VENEZUELA EN EL MARCO DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Expresiones de esta intención se han acumulado en los últimos meses. En noviembre del año pasado, Colombia prohibió al laboratorio BSN Medical la venta de vacunas contra la malaria y el paludismo al Estado venezolano, obligando a maniobrar una solución adquiriendo este insumo desde la India. Un mes más tarde, el acoso fronterizo contra cargamentos con destino a Venezuela impidió la entrada del pernil navideño que iba a ser distribuido por los CLAP a las comunidades, siendo que estos habían sido debidamente pagados por el Gobierno venezolano, como lo denunció Nicolás Maduro en reunión con países del ALBA.
La asfixia financiera internacional que la banca occidental ha infligido para obstaculizar los pagos venezolanos en las importaciones, como por ejemplo el caso Euroclear que secuestró 1 mil 650 millones de dólares destinados a la compra de medicinas y alimentos, condujo a que el ejecutivo venezolano profundizara en la innovación tecnológica, generando mecanismos para evadir las sanciones financieras y adquirir los bienes necesarios, como es el caso de la implementación del Petro, esfuerzo que se replica en otros países aliados sancionados como Rusia, por su efectividad en la anulación del cerco financiero y que ha generado preocupación en el gobierno estadounidense.
De modo que, para fortalecer las agresiones económicas y consolidarlas como política de Estado, Colombia da un paso al frente en la región y ofrece su estructura estatal para lograr esos objetivos.
El gobierno de Santos poco o nada ha hecho en función de combatir el narcotráfico, que en declaraciones de la propia DEA aumentó la producción de cocaína en un 35% entre los años de 2015 y 2016, llegando a 710 toneladas, siendo los niveles más altos reportados. Tampoco ha hecho nada para eliminar el contrabando de productos elaborados en Venezuela y la extracción del cono monetario en los límites fronterizos, con los cuales mafias paraeconómicas hacen negocios mientras alterando la estabilidad financiera del país.
El más reciente de los actos para deteriorar la calidad de vida venezolana se expresó con la incautación de 16 mil unidades medicamentos de alto costo y dispositivos médicos en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá que provenían del contrabando en Venezuela.
La eficiencia con la que organismos estatales colombianos selectivamente hallan "irregularidades" en importaciones de bienes primordiales para el Estado venezolano se ajusta a los planes internacionales de aislamiento regional, presionando a que otros países del continente se sumen a operaciones similares o utilizándolo, también, como mecanismo de presión y chantaje contra países que dentro del Grupo de Lima mantienen ágiles relaciones comerciales con Venezuela, tratando con ello de cerrar cualquier posibilidad de maniobra para que Venezuela pueda recuperar su orden económico y financiero en el corto plazo y mediano plazo.
Al parecer esa fue la estrategia "consensuada" contra Venezuela en el marco de la Cumbre de las Américas, ya que acciones similares que atenten contra la seguridad alimentaria y sanitaria del país tendrán el aval ideológico y narrativa de la regionalizada (y peligrosa) "lucha contra corrupción".
http://misionverdad.com/La-guerra-en-venezuela/santos-ordena-bloqueo-de-alimentos-hacia-venezuela-por-orden-estadounidense?fbclid=IwAR2-TEvtFcpp1_hb24uc1wEKaEuINQq1T1VLp2DbmZb9LudAwNT2mDF-tmQ
