Un día después de la Navidad, el Gobierno argentino ha publicado en el Boletín Oficial una resolución que establece la emisión de Letras del Tesoro por hasta 86.000 millones de pesos (2.262 millones de dólares).
Estas serán suscriptas directamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses), organismo descentralizado responsable del pago de las jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Es decir, que se tomará el dinero de esa dependencia para garantizar fondos al Ejecutivo que los destinará, tal como informan diversos medios locales, a pagar servicios de deuda y resolver gastos operativos.
Estos títulos públicos tienen como fecha de emisión el 26 de diciembre de 2018 y vencen dentro de un año, días después de que asuma un nuevo Gobierno. A su vez, pagarán un interés trimestral equivalente al promedio que abonen las Letras Capitalizables en Pesos (Lecap), que actualmente oscilan entre el 40% y el 52%.
Las nuevas letras serán intransferibles por lo que la Anses tendrá que conservarlas hasta su vencimiento. Además, no podrán cotizarse en los mercados de valores locales e internacionales.
Esta iniciativa generó repercusión y críticas en las redes sociales ya que durante el año la situación económica de los jubilados se deterioró y, en lugar de resolver esta situación, las autoridades decidieron desviar esos fondos y emitir más deuda.
Tal como informó el portal El Destape, todo el dinero destinado a la seguridad social, desde las jubilaciones hasta la Asignación Universal por Hijo, aumentó un 28,47%, según dispuso la ley de Reforma Previsional aprobada en diciembre de 2017. Sin embargo, la inflación superará a fin de año el 45%, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo real de 17 puntos.
Asimismo, el presidente argentino, Mauricio Macri, criticó durante su campaña electoral en 2015 que se utilizara el dinero de Anses para otros gastos estatales como el programa 'Fútbol para Todos' o 'Conectar Igualdad'.
Más allá de esto, la resolución gubernamental se inscribe en los marcos del Presupuesto 2018 aprobado por el Congreso argentino. Esta ley autoriza a entes públicos a realizar operaciones de crédito público por alrededor de 220.000 millones de pesos.
