Ha transcurrido casi un mes desde la gran victoria obtenida por el sandinismo contra el plan golpista de la derecha vendepatria.
Durante este tiempo han surgido algunos temas que considero necesario abordar, y estos son: el uso de términos tales como paramilitarismo y golpe de Estado; la justicia, la reconciliación y ciertas políticas a seguir al respecto; el diálogo nacional; el 6% para las universidades; y finalmente, un tema que no ha sido bien analizado y que es incluso, prácticamente desconocido, pero cuyo análisis es importante retomar, y es el de la reforma a la seguridad social, que fue usada por la derecha como pretexto para dar inicio a sus planes golpistas; reformas que incluso, debido a la desinformación que aún existe sobre ellas, algunos sandinistas piensan que eran incorrectas o al menos, que eran un mal necesario, pero aquí demostraré que no es así y que por el contrario, eran beneficiosas para el pueblo nicaragüense.
Los “paramilitares” y el golpe de Estado.
La derecha golpista y terrorista nos acusa de haber usado fuerzas “paramilitares” contra la población civil que se manifestaba pacíficamente.
El término “paramilitar” se usa para fuerzas militares irregulares afines al gobierno y por tanto, paralelas a las fuerzas armadas y policiales legalmente constituidas, o sea que no actúan subordinadas a esas fuerzas institucionales para la defensa militar, el orden y la seguridad, ya que si lo hicieran, no serían fuerzas paralelas, sino auxiliares de las fuerzas armadas y policiales, como era el caso de los Batallones de Infantería de Reserva en la década de los ochenta, integrados por combatientes voluntarios, y que sostuvieron el peso de la guerra hasta 1984, cuando comenzó a implementarse el Servicio Militar Patriótico, integrado por tropas de combatientes reclutados del mismo modo que se reclutan las fuerzas armadas en muchos países donde existe el servicio militar, y que así como los reservistas, no eran militares profesionales, sino gente del pueblo que era organizada y armada por el Estado para la defensa militar del país en el marco de una guerra de agresión impuesta por el imperialismo norteamericano.
Los combatientes que acompañaron a las fuerzas policiales en la ofensiva de la caravana de la libertad para la liberación de las ciudades secuestradas por el terrorismo golpista y fascista de la extrema derecha, son por tanto una fuerza auxiliar de la Policía Nacional, subordinada a ésta y por tanto, parte orgánica de esta institución. Esa fuerza auxiliar, legítima y orgánica, es la que era conocida en los años ochenta como la Policía Voluntaria, a la cual – al igual que a los Batallones de Reserva – tuve el honor de pertenecer. Sin embargo, las fuerzas militares organizadas por la derecha en este intento de derrocamiento de nuestro gobierno sí pueden ser consideradas como paramilitares, ya que a diferencia de lo que sucede con los movimientos armados antigubernamentales en otras circunstancias, estas fuerzas estuvieron dirigidas por ex militares sandinistas, traidores a la causa revolucionaria al igual que muchos ex dirigentes políticos del sandinismo en los años ochenta y que como ellos, forman parte de esa especie de cofradía ideológica que comenzó como reformismo socialdemócrata y terminó como ultraderecha, llamada Movimiento Renovador Sandinista.
Digo que en este caso sí es válido referirse a fuerzas paramilitares, porque aunque son fuerzas opuestas al gobierno, la idea de reclutar a sus integrantes, su organización, entrenamiento y dirección han estado a cargo de un personal cuya formación militar proviene de las fuerzas armadas y policiales constituidas como tales, razón por la cual también es legítimo llamar golpe de Estado a este intento de derrocamiento del gobierno sandinista, ya que por golpe de Estado se entiende el derrocamiento de un gobierno usando para ello una parte de las fuerzas institucionales del mismo Estado al que pertenece ese gobierno, ya sean militares (fuerzas armadas, policía, a través de sus integrantes activos o en retiro; en este caso fueron algunos en retiro) o políticas (poder legislativo, poder judicial).
Vale aclarar aquí que aunque ese grupo de ex militares traicionaron al sandinismo organizando esas fuerzas paramilitares en contra de nuestro gobierno revolucionario, las fuerzas armadas y policiales de Nicaragua han demostrado su apego a la legalidad y un elevadísimo nivel de conciencia patriótica, popular y revolucionaria, en correspondencia con su origen y con el carácter del poder revolucionario como poder del pueblo.
Justicia y Reconciliación.
Es irónico que quienes pretenden presentarse como fuerzas cívicas que protestan pacíficamente, tengan “comandantes” en sus filas, como es cínico el hecho de que la derecha golpista y terrorista se queje y nos condene por acusaciones y órdenes de captura contra sus “comandantes” autoconvocados y autonombrados, porque… ¿cómo vas a querer ser “comandante” de un intento fallido de derrocamiento de un gobierno y después esperar que no te echen preso, si además asumís que te estás enfrentando a una “dictadura”?
Es igual a lo que sucede con los supuestos “presos políticos”, como le llaman ahora a los violadores de derechos humanos, torturadores y agresores de la población civil en la etapa de los tranques golpistas, que actualmente están detenidos y siendo procesados legalmente por los crímenes que cometieron, y cuya peligrosidad ante la sociedad hace que su puesta en libertad sea inadmisible.
A propósito de esto, es importante reiterar el llamado al diálogo y la reconciliación en el seno del pueblo, entre familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que estuvieron en bandos opuestos durante la crisis recién vivida, ya que la gran mayoría de quienes estuvieron en el bando opuesto al sandinismo fueron personas manipuladas por la guerra psicológica que forma parte del diseño de estos planes de derrocamiento de gobiernos no afines a los intereses del imperialismo norteamericano y por tanto, son víctimas de la derecha golpista; pero sabiendo distinguir entre manipulados y manipuladores, y entre simples participantes en actividades pacíficas en contra del gobierno y quienes cometieron crímenes, ya que la reconciliación no puede ser sinónimo de impunidad, pues la libertad de estos criminales, aparte de ser un peligro para la sociedad sería un precedente funesto en la necesaria aplicación de las leyes a quienes las transgreden, además de que entre quienes cometieron crímenes en el bando golpista, hay también delincuentes que ya desde antes formaban parte del crimen organizado, por lo cual tienen en su contra también otra cantidad de delitos graves en su trayectoria de malhechores.
En el caso de los funcionarios del Estado, es absolutamente legítimo que quienes hayan participado en acciones violentas en contra del gobierno o se hayan manifestado contra lo que consideran una dictadura, sean excluidos de las instituciones de este gobierno y del Estado en general, ya que de no hacerse esto, el gobierno y el Estado estarían aceptando en sus instituciones a funcionarios cuya actuación va en contra de sus políticas, además de ser evidentemente, potenciales boicoteadores en el desempeño de las instituciones públicas, lo cual perjudica principalmente al pueblo.
En el caso de los médicos despedidos, por ejemplo, esto no se debió a que curaran heridos en las marchas, como ellos y sus defensores alegan, sino a que eran los médicos de las tropas contrarrevolucionarias del terrorismo golpista, organizando puestos médicos que formaban parte de la estructura militar de las acciones violentas contra el Estado y el pueblo nicaragüense, de lo cual hay evidencia gráfica en abundancia.
Sería incorrecto, sin embargo, excluir a funcionarios de las instituciones públicas por el solo hecho de no ser sandinistas, siempre que sean buenos trabajadores, pues a los malos trabajadores se les debe corregir o en casos extremos, excluir de las instituciones, pero independientemente de que sean o no sandinistas, pues hay casos en los que compañeros sandinistas hacen mal su trabajo por falta de mística revolucionaria, amor al pueblo, sentimiento del deber y amparados en la incorrecta idea de que por ser sandinistas son intocables.
Los sandinistas no somos una cofradía politiquera al acecho del poder para repartírnoslo a título personal, sino un movimiento revolucionario que lucha por el poder y su preservación en manos del pueblo, como un medio para la transformación revolucionaria de la sociedad y con ello, alcanzar el bienestar material y espiritual de todos los seres humanos.
Finalmente, hay que estar alerta frente a la posibilidad de que haya ciertos oportunistas y malos dirigentes que pretendan aprovechar la situación actual para excluir a compañeros sandinistas – o incluso, a trabajadores del Estado no sandinistas –, motivados por razones de índole personal y en ocasiones, para que no haya quienes los señalen por sus malos actos.
En ese sentido, y también en general para velar por el uso de criterios adecuados en todas las decisiones, y por una conducta consecuente con los principios revolucionarios, es fundamental el correcto funcionamiento de las estructuras orgánicas de base del FSLN, que no deben ser sólo para el activismo, sino para velar por el buen desempeño de las instituciones en el caso de las estructuras organizadas en este ámbito, y para promover la participación popular en la gestión de gobierno, en el caso de las estructuras organizadas en el ámbito territorial, para lo cual es indispensable practicar la crítica y la autocrítica, que requiere criterios cuya existencia y puesta en práctica sólo es posible con formación ideológica y estudio político, que debe ser otro de los contenidos fundamentales de trabajo de nuestras estructuras a todos los niveles.
El Diálogo.
La misma derecha que boicoteaba el diálogo, utilizándolo como tribuna de su discurso político radicalizado por las ambiciones de poder de sus voceros autonombrados como tales, o suspendiéndolo sus mediadores parcializados cada vez que querían, ahora pide diálogo, y está bien, porque es la manera civilizada de resolver las diferencias de cualquier tipo, y por eso mismo hemos sido los sandinistas sus principales impulsores. Pero hay dos problemitas.
Uno de ellos es la idoneidad de los mediadores y otro, la representatividad de los interlocutores o contraparte del gobierno. Como todo el mundo sabe, los obispos como mediadores – salvo honrosas excepciones – han estado explícita y activamente a favor del plan de derrocamiento del gobierno. Por su parte, los representantes del golpismo en el diálogo han sido cúpulas autonombradas:
Los dueños de los caramancheles ideológicos llamados ONGs, dirigidos por las mismas personas desde su fundación – en algunos casos desde hace casi treinta años, como el CENIDH –, a las que nadie ha electo en muchos casos ni siquiera a lo interno de esos organismos, ni mucho menos como representantes de los nicaragüenses que están en desacuerdo con el sandinismo, aunque ellos se presenten a sí mismos como representantes de la “sociedad civil”.
Los “representantes estudiantiles” no electos por los estudiantes y a quienes casi nadie conocía ni en las universidades hasta antes de esta crisis; 3) Los representantes de la empresa privada que sólo representan a una parte de los grandes propietarios individuales, pero cuyo peso en la economía, aún si los representaran a todos, es de cerca de un 30% del Producto Interno Bruto, pues el resto está distribuido entre pequeños y medianos empresarios e inversionistas extranjeros.
Cuando en el diálogo se les demandaba el levantamiento de los tranques, estos representantes ilegítimos y fraudulentos se oponían, pero por no sólo porque no les convenía que los tranques se levantaran, sino porque aún en caso de haber estado de acuerdo o de haber tenido la voluntad de hacerlo como un aporte a la paz, no habrían podido, porque la gente que estaba en los tranques – como la inmensa mayoría de las personas que de alguna manera participaron en las acciones violentas o en las protestas en contra del gobierno – no les iban a hacer el más mínimo caso. Por el contrario, fueron y son abundantes las manifestaciones de rechazo a esta falsa cúpula por parte de la misma gente movilizada, convencida o manipulada por la derecha.
La aceptación de estos interlocutores y la propuesta a la Conferencia Episcopal de ejercer mediación no fue más que una muestra de buena voluntad de parte del gobierno sandinista para superar la crisis por la vía del diálogo, que transportistas, estudiantes, entre otros, incluso el COSEP, pero sin arrogarse la representación de toda la empresa privada.
En cuanto a la mediación, y sólo para poner un ejemplo que tome en cuenta la importancia que tendría mantener en ella la presencia de la Iglesia Católica – puesta en peligro por los mediadores principales de la Conferencia Episcopal –, un posible buen mediador podría ser el Vaticano a través del Nuncio, quien tiene a su favor haber actuado con la prudencia que debía ser propia de los mediadores en la reciente crisis, aunque para el fortalecimiento de esta difícil labor sería lo mejor que estuviera acompañado de otros actores con la legitimidad y el prestigio suficientes, pero dejando fuera a los ya fracasados obispos golpistas, que han fracasado también como mediadores, provocando además una verdadera y silenciosa estampida de feligreses.
El presupuesto universitario.
Sin duda y sobre todo al comienzo de la crisis recién pasada, muchos estudiantes universitarios fueron manipulados por la guerra psicológica emprendida por la derecha como parte de su plan golpista. Ahora sólo una minoría del estudiantado universitario persiste en su rechazo al gobierno sandinista, pero se trata de un sector que siempre ha estado opuesto a nosotros por razones ideológicas, pues la mayoría de los estudiantes han logrado darse cuenta de la realidad.
Esto se debe entre otras cosas, a que sólo el sandinismo ha hecho posible en Nicaragua el acceso a la educación superior para los sectores populares, lo cual se manifiesta en el 6% del Presupuesto General de la República, destinado a las universidades por iniciativa del FSLN desde hace ya muchos años, y que siempre les fue negado cuando gobernaba esa misma derecha que pretende continuar manipulando a los estudiantes, razón por la cual en determinado momento y de la manera más cínica, se quiso poner como defensora del 6% que supuestamente se le estaba negando a la UCA, bandera que se le cayó al momento mismo de ser levantada, pues las autoridades correspondientes han dejado claro que el 6% está garantizado para todas las universidades incluidas previamente en el mismo, a pesar de las grandes pérdidas económicas causadas al país por esa misma derecha que ahora se quiere presentar como defensora de los intereses estudiantiles, y que fue respaldada también por las autoridades de las universidades privadas.
O sea, destruyen la UNAN-Managua y después reivindican el 6% para la UCA – que se le dará, como ha quedado claro –, universidad que como las demás privadas, no fue tocada por los golpistas, a excepción de la UPOLI.
Esta reivindicación demagógica surgió de la interpretación que hizo la derecha de ciertas declaraciones tendenciosas de las autoridades de esa universidad cuando declararon que no reanudarían aún las clases como consecuencia de atrasos en los desembolsos del gobierno, totalmente comprensible en vista de los daños acusados a la economía por el intento de golpe.
Hemos sabido que la UNAN-Managua no podrá reanudar las clases este año debido al alto nivel de destrucción ocasionado en sus instalaciones por la derecha golpista, que por otra parte, si hubiera llegado al poder les negaría el 6% a las universidades. Este es el resultado de la acción de algunos grupos estudiantiles, entre los cuales hay muchos que ya han logrado comprender qué intereses se han movido detrás del intento de derrocamiento del gobierno sandinista.
En otras palabras, sólo la derecha es quien ha perjudicado siempre al estudiantado universitario, mientras el sandinismo es la única fuerza política que ha revindicado y garantizado la universidad para los nicaragüenses de escasos recursos, defendiendo y poniendo en práctica el carácter gratuito de la educación y asegurando la entrega del 6% a las universidades públicas y a las parcialmente subvencionadas con dicha partida presupuesta.
Las reformas a la seguridad social.
El tema de las reformas a la seguridad social ha sido ignorado en los análisis con respecto a la reciente crisis, debido a su derogación inmediata al comienzo de ésta, pero su necesidad misma, así como su papel como pretexto de la derecha para llevar a cabo las acciones que dieron inicio al frustrado proceso de derrocamiento del gobierno, hace que este tema sea relevante y deba ser retomado.
Una de las causas fundamentales de la crisis financiera del INSS es que la seguridad social en Nicaragua, a partir del regreso del sandinismo al poder en 2007, cubre una mayor cantidad de sujetos beneficiarios y de beneficios para los asegurados.
Entre los sujetos asegurados que antes no lo estaban, están las víctimas de guerra y los beneficiarios de la pensión reducida, que fue creada por el gobierno sandinista para beneficiar a quienes habiendo llegado a la edad de jubilación (60 años), no hubieran completado las 750 semanas establecidas para recibir su pensión de jubilación, bastando con 250 semanas para recibir este beneficio, que ha salvado de la miseria a muchos nicaragüenses que por ser sandinistas, fueron despedidos en los gobiernos de esa misma derecha que ahora pretende representarlos.
Entre los beneficios que antes no recibían y ahora sí reciben los beneficiarios de la seguridad social están: exámenes de tomografía y resonancia magnética, hemodiálisis, quimioterapia, exámenes radiológicos, atención en el extranjero, medicamentos antes no incluidos, entre otros.
Pero hay otro factor en la crisis financiera del INSS, que es el fraude habitualmente cometido contra esta institución por los grandes empresarios privados, el cual consiste en autonombrarse o nombrar a familiares y testaferros, en cargos fantasmas donde ganan sueldos ficticios, con el objetivo de beneficiarse de la seguridad social.
Pero esto no sería negocio si no fuera porque el actual sistema incluye un techo salarial de C$82,953.22, a partir del cual el asegurado no debe pagar más, pero sí recibe más beneficios, lo que obviamente, beneficia a los que ganan más.
Una de las reformas consistía precisamente, en eliminar este techo salarial para las cotizaciones, con lo que ya los grandes empresarios no podrían seguir defraudando al INSS y contribuyendo así a su crisis financiera. Las otras reformas eran aumentos en las cotizaciones a trabajadores y en mayor medida, a empresarios, además del establecimiento de la cotización para los jubilados.
El aumento de las cotizaciones de los empresarios (del 19% al 22.5%, para un aumento del 3.5%) era bastante mayor que el aumento de las cotizaciones de los trabajadores (del 6.25% al 7%, para un aumento del 0.75%), pero algo que no se dice en la reforma y que sus detractores ocultan es que el aumento en las cotizaciones de los trabajadores y el establecimiento de las cotizaciones a los jubilados (del 5%, las menores de todas) eran muy inferiores a los beneficios adicionales que ambos grupos de beneficiarios (trabajadores y jubilados) reciben de la seguridad social en comparación con los que recibían antes del regreso al poder por parte del FSLN, y sobre todo en el caso de las personas de la tercera edad que reciben la pensión reducida, dado que ésta no existía en la época neoliberal.
Es decir, para trabajadores y jubilados el resultado era a su favor, ya que seguían recibiendo mucho más que antes y a la vez, se salvaba al INSS de la crisis financiera actual, lo que garantizaba la continuidad de dichos beneficios; no así en el caso de los empresarios, a quienes se les subía la cotización, y en el caso de los que ganan altos salarios, a quienes ya no se les iba a permitir recibir más y aportar menos, medida con la que también se terminaba el negocio fraudulento de los empresarios que saquean la seguridad social.
Esto explica por qué fue el COSEP y no los sindicatos quienes se manifestaron en contra de las reformas, y es esto lo que resuelve la gran incógnita que correctamente veían tanto dentro como fuera de Nicaragua, y aún desinformados, quienes no se tragaban el cuento de la derecha, debido a que estaban conscientes de la imposibilidad de que los empresarios defendieran los intereses de los trabajadores y los jubilados.
La otra opción para salvar al INSS es la propuesta del FMI y la empresa privada, que consiste en aumentar la edad de jubilación, aumentar la cantidad de semanas cotizadas, eliminar la pensión reducida y excluir a las víctimas de guerra, y de remate manteniendo el techo salarial del que se aprovechan fraudulentamente los grandes empresarios.
Debido a las características neoliberales de esta otra propuesta, nuestro gobierno la consideró inaceptable – sobre todo en lo concerniente a eliminar la pensión reducida y excluir a las víctimas de guerra –, optando por aplicar las reformas ya conocidas, y esto explica por qué, si las reformas aplicadas por el gobierno eran neoliberales – como muchos decían –, Estados Unidos – promotor del neoliberalismo a través del FMI y el Banco Mundial – se mostraba tan benevolente con la falsa reivindicación en contra de las mismas, asumiendo luego un papel tan beligerante en la campaña contra nuestro gobierno, además de financiar a los golpistas a través de los ONGs que viven del presupuesto asignado por la USAID y la NED.
Pero independientemente de todo, sigue siendo necesario – y ahora más que nunca, por el deterioro de la situación económica causado por la derecha golpista – hacer algo para salvar la seguridad social en nuestro país, de modo que en algún momento deberá plantearse este tema en el marco de la búsqueda de consenso que siempre ha caracterizado a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, o bien como parte de un eventual relanzamiento del diálogo, incierto a estas alturas debido al autoritarismo de la derecha y a lo fallido de su estrategia.
A la derecha le fue fácil manipular las reformas con el cuento de que se les estaba quitando dinero a los trabajadores y a los ancianos, cuando era todo lo contrario, tal como acabo de demostrar, pero esa manipulación fue posible por la desinformación en el estudiantado y pueblo en general acerca de lo beneficiosas que eran en realidad esas reformas para ambos sectores de la sociedad (trabajadores y jubilados), y esa desinformación se debe al debilitamiento tanto de la participación popular en las decisiones gubernamentales como del trabajo político de las estructuras orgánicas del FSLN, sobre todo a nivel territorial, lo cual sin embargo, no se debe a fallas de nuestras estructuras como tales, sino a ciertos estilos de trabajo y métodos de conducción política que deben ser corregidos.
En consecuencia, el gran reto que tenemos como sandinistas es fortalecer nuestro modelo político de protagonismo popular en la gestión pública y mejorar el contenido de trabajo de las estructuras políticas del FSLN como vanguardia revolucionaria del pueblo nicaragüense, además de asegurar organizativamente todo lo que fortalezca ese carácter de vanguardia, incluyendo nuestra institucionalidad como organización política, haciendo que funcionen organismos de dirección tales como el Congreso y la Asamblea Sandinista Nacional, retomando la importancia de nuestro Programa y Estatutos – que deben ser analizados, reformados en caso necesario y aplicados – y asegurando el carácter colectivo de la dirección revolucionaria a la vez que fortaleciendo el liderazgo sandinista a todos los niveles, además de fortalecer el trabajo político y retomar la formación ideológica, el estudio político, la crítica y la autocrítica como prácticas cotidianas en nuestras estructuras, que deben garantizar el buen desempeño de las instituciones públicas y la participación popular en las tomas de decisiones del gobierno y en la definición de las políticas públicas, para de esa manera tener, como decía Germán Pomares, “el campo sembrado y la libertad asegurada” que nos permitirán, como decía Ricardo Morales Avilés, “cambiar tantas cosas… primero el poder, la propiedad, nosotros; después: aire fresco y maíz para todos, aire y flores para todos”
Por: Carlos Fonseca Terán
Voz Joven | 16Ago18
