Las últimas semanas el gobierno del presidente Trump ha redoblado sus esfuerzos para provocar un “cambio de régimen” en Venezuela.
En el pasado, el propio Trump mencionó que no descartaba la opción militar, pero da la impresión de que estos últimos pasos tienen más probabilidad de ser implementados, y algunos de ellos ya son claramente operativos.
Según fuentes con conocimiento de causa, funcionarios de Estados Unidos informaron al principal aspirante de la oposición a las próximas elecciones presidenciales, Henri Falcón, de que la Administración estadounidense podría adoptar sanciones financieras contra él si se presentaba como candidato (El Departamento de Estado no ha respondido a mi solicitud de corroborar esta información).
Estados Unidos ha manifestado su respaldo a la decisión de la principal coalición opositora de boicotear la elección.
Falcón es oficial retirado del ejército y exgobernador (del estado de Lara).
Falcón lidera las últimas encuestas de opción de voto y, según Datanalisis, la encuestadora opositora más fiable, derrotaría a Maduro por un margen de casi 7 puntos.
¿Qué motivos tiene la Administración Trump para evitar que un líder opositor con grandes posibilidades de ganar se presente a la elección?
No hay manera de saberlo, claro está, pero fuentes de alto nivel de la propia Administración han afirmado que el senador por Florida Marco Rubio es quien dicta la política estadounidense hacia Venezuela. Rubio, un partidario de la línea dura, no parece interesado en una solución electoral o negociada para la crisis política de Venezuela.
El 9 de febrero parecía respaldar un golpe militar cuando tuiteó: “El mundo apoyaría a las fuerzas armadas venezolanas si decidieran proteger al pueblo y restaurar la democracia derrocando a un dictador”.
En pleno siglo XXI, un respaldo tan descarado de Washington a un golpe militar contra un gobierno elegido –antes de que se produzca el golpe– es, cuando menos, inusual. Pero el equipo de Trump no se limita a esperar sentado a que algo así ocurra.
La estrategia de Rubio-Trump parece ser intentar empeorar la situación económica e incrementar el sufrimiento hasta que, bien el ejército, bien los elementos insurreccionales de la oposición, se levanten y derriben al gobierno.
Ese parece ser el objetivo final de las sanciones financieras que Trump ordenó poner en marcha el 24 de agosto de 2017.
Dichas sanciones bloquean la posibilidad de que Venezuela acceda a miles de millones de dólares de préstamos potenciales, así como a los ingresos procedentes de su propia compañía petrolera en Estados Unidos, Citgo.
También han acentuado la escasez de medicamentos y comida en una economía que ya está sufriendo una inflación en torno al 3.000 % anual y una depresión que ha costado en torno al 38 % del PIB.
Estas sanciones son ilegales según el estatuto de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las convenciones internacionales de las que EE.UU. es signatario.
Ahora, las autoridades estadounidenses están planteándose un castigo colectivo aún más severo: el bloqueo de las ventas de petróleo venezolano.
Esta medida todavía no se había puesto en marcha porque perjudicaría los intereses de las empresas de refinado estadounidenses que importan petróleo venezolano.
Pero la Administración ha propuesto la idea de abrir el grifo de las reservas estratégicas de petróleo nacional para suavizar el golpe.
Todo esto con el fin de derribar un gobierno que nadie puede afirmar que suponga amenaza alguna para Estados Unidos.
Nadie puede pretender que a la Administración Trump le preocupe la limpieza de las elecciones en América Latina.
La celebrada en Honduras del pasado 26 de noviembre fue robada casi con total certeza, hasta el punto de que incluso el gran aliado de Washington que preside la OEA, su secretario general Luis Almagro, hizo un llamamiento para que se repitiera la votación.
Pero la Administración Trump apoyaba al presidente en funciones hondureño, Juan Orlando Hernández, un político cuyo hermano y ministro de seguridad ha sido relacionado con el narcotráfico y a quien el jefe de personal de Trump, John Kelly, antiguo jefe del Comando Sur, ha descrito como “un gran chico” y “un buen amigo”.
La Administración Trump tampoco puso pegas a los asesinatos de manifestantes desarmados que tuvieron lugar tras la elección ni a otros abusos de derechos humanos.
De hecho, el Departamento de Estado certificó pocos días después de la elección que el gobierno de Honduras está cumpliendo con su obligación de respetar los derechos humanos.
Es verdad que existen quejas justificadas sobre la próxima elección venezolana.
Algunos candidatos de la oposición han sido excluidos y el gobierno la aplazó respecto a la fecha inicialmente planificada, de diciembre a abril.
La oposición quería aplazarla todavía más y el pasado jueves la agencia Reuters anunció que se había alcanzado un acuerdo entre el consejo electoral venezolano y algunos partidos de la oposición para celebrarla a finales de mayo.
Las negociaciones entre gobierno y oposición por estos y otros problemas se rompieron el mes pasado, aunque el gobierno accedió a permitir observadores de la ONU en el proceso electoral. Respecto a la credibilidad del dicho proceso electoral, en las últimas dos décadas no ha habido prácticamente ninguna duda respecto al recuento de votos, pues funciona con un sistema muy seguro.
(Las únicas excepciones han sido la elección a la Asamblea Constituyente del pasado 30 de julio, que fue boicoteada por la oposición y se cuestionó el número de personas que votó; y una de las 23 elecciones a gobernador de octubre de 2015, en la que el conteo local del voto no resultó creíble).
En cuanto a las negociaciones actuales, no podemos saber si habrían resuelto otros desacuerdos si la Administración Trump no hubiera presionado tanto para que no se celebraran animando a la oposición a adoptar una estrategia ilegal de “cambio de régimen”.
La principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha decidido a partir de ahora boicotear las elecciones.
Pero no está claro que los votantes vayan a seguir esa directriz.
Según las encuestas más fiables y recientes (realizadas por Torino Capital y Datanalisis), el 77,6% de los electores piensa votar en la próxima convocatoria electoral y tan solo el 12,3% piensa abstenerse.
Deberían poder tener esa oportunidad y la Administración Trump no debería intentar arrebatársela.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=238785
