Este 11 de marzo son las elecciones parlamentarias en Colombia.
Cerca de 36 millones de colombianos podrán acudir a las urnas para elegir 102 senadores y 167 representantes a la Cámara.
Se han presentado cerca de 3000 candidatos que aspiran a llenar estas plazas. Es una campaña en que por primera vez en 56 años han desaparecido como grupo armado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que se han desmovilizado y ahora también ellas concurren a las elecciones como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC.
Persiste el enfrentamiento armado con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en medio de una frágil negociación suspendida de hecho por las acciones armadas que esta guerrilla ha protagonizado al finalizar una tregua bilateral el pasado nueve de enero.
La incertidumbre ronda a esa mesa de negociaciones que no da signos inequívocos de avance pues el ELN aún no ha definido su abandono a las armas como forma de ejercicio de la política. Esa es la realidad de fondo de la persistencia de la confrontación armada.
También persisten las acciones armadas de los grupos paramilitares que sufren una arremetida de la Fuerza Pública en regiones en las que ejercen dominio territorial, apoyadas en poderes políticos locales que el Estado central no ha logrado desmantelar por la connivencia de sectores de la fuerza pública y actores políticos locales con esas organizaciones criminales.
Una parte importante de los líderes sociales asesinados, 205 hasta comienzos de este mes de febrero, desde que se pactó la desmovilización de las FARC el 26 de noviembre del año 2106, han sido asesinados por estas organizaciones paramilitares.
En medio de esta realidad nos acercamos a las elecciones parlamentarias en las cuales además se llevaran a cabo dos consultas para que los ciudadanos elijan los candidatos de los dos extremos de la contienda política.
La extrema derecha escogerá candidato presidencial entre Iván Duque candidato del Centro democrático apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, Martha Lucía Ramírez apoyada por el expresidente Andrés Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordoñez. En las más recientes encuestas el favorito para alzarse con la candidatura de la extrema derecha es Iván Duque.
La izquierda también se presenta a consulta para que los electores decidan el candidato presidencial entre Gustavo Petro candidato por firmas del movimiento Progresistas y Carlos Caicedo, también candidato por firmas de Fuerza Ciudadana.
En esta consulta el favorito es el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En una época equívocamente llamada de postconflicto se esperaba en teoría que la campaña se desarrollara en relativa calma y que los electores finalmente podríamos, sin las FARC en la confrontación armada, elegir entre los programas ofrecidos por los diversos candidatos y fuerzas políticas.
Algo de eso ha habido pero obnubilado por varios hechos violentos y por la polarización ya no alrededor de la revisión de los acuerdos con las FARC, que han pasado a un segundo plano por la polarización entre la derecha y los candidatos del establecimiento que intentan por todos los medios convencer a los electores que los candidatos del Centro y de la izquierda son afines al llamado castrochavismo y que lo que persiguen es la venezolanización de Colombia.
Es decir el centro del debate no está puesto en las propuestas para afrontar problemas como el modelo de desarrollo, los estragos ambientales de la megaminería y extractivismo que es el centro del actual modelo de desarrollo económico, tampoco la pobreza y la exclusión social o la desigualdad e inequidad en el segundo país más desigual de las Américas, la reforma a la salud, la educación y la crisis de cerca de 10 millones de familias campesinas golpeadas por los tratados de libre comercio que viven en condiciones de pobreza.
No, el centro de la discusión en los grandes medios de comunicación es que los candidatos del centro y de la izquierda que ofrecen cambios y reformas nos conducen a la pobreza y al modelo fracasado de Venezuela. Allí quieren instalar el debate.
Una propaganda en televisión del candidato Germán Vargas Lleras muestra la imagen de Gustavo Petro y la voz de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela para convencernos que Petro es el candidato castrochavista.
Esa propaganda basura y estigmatizadora se pasa por los principales canales de televisión sin que la autoridad electoral intervenga y no lo hace porque los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, son elegidos por los partidos y están en ese politiquero organismo en representación de esos mismos partidos y candidatos del régimen.
Por supuesto no se habla ni se debate la necesidad de una reforma política para, entre otras cosas, conformar un poder electoral transparente y que dé garantías reales a los ciudadanos.
Pero el fenómeno más preocupante ahora es el de la violencia aún por encima de las falsas noticias que se divulgan en los grandes medios de comunicación y en las redes sociales. Las dos cosas cabalgan al mismo tiempo y se refuerzan mutuamente.
En esta recta final de la campaña el boicot y el saboteo a las campañas comenzó en forma el pasado 2 de febrero cuando en la ciudad de Armenia el candidato presidencial Rodrigo Londoño, Timochenko, de la FARC, iniciaba su recorrido como candidato presidencial.
Timochenko fue agredido con piedras y tomates y la camioneta en que viajaba fue objeto de ataques que fueron promovidos como hoy se sabe por integrantes del Centro Democrático como lo hicieron en ese mismo fin de semana en las Ciudades de Pereira, Cali y Florencia.
En Cali un candidato a la Cámara por este partido megáfono en mano estaba en el boicot. Las condenas fueron muy tibias y algunas fueron patéticas. Buscaron justificar en vez de condenar.
Los hechos más graves sucedieron este pasado fin de semana y el hecho más grave sucedió en Cúcuta ciudad de cerca de un millón de habitantes en la frontera con Venezuela. Gustavo Petro había programado para el viernes 2 de marzo a las 4 de la tarde una manifestación en el Parque Santander. Petro venía de llenar plazas en distintas ciudades del país.
La de Cúcuta era una manifestación con ciertos riesgos por el entorno político de ésta región del país. Allí gobierna una fuerza política afín a grupos paramilitares que ejercen en esa ciudad un poder desmedido.
El Alcalde de la Ciudad, César Rojas, es la ficha política del exalcalde de dicha Ciudad, Ramiro Suárez Corzo, condenado por asesinato y ficha de los grupos paramilitares que operan en dicha región del país.
Este Alcalde en abierta violación de la Constitución había promulgado desde mediados de febrero un decreto que prohibía las manifestaciones públicas en dicho Parque hasta el 12 de marzo.
El Gobierno Nacional lo sabía y en vez de actuar con diligencia para garantizar el ejercicio del derecho de reunión consagrado en la constitución y en las leyes de la República se limitó a informar que había buscado infructuosamente al Alcalde pero que no lo había logrado.
El carro en que se desplazaba Petro fue objeto de un ataque con objetos contundentes según la Fiscalía y con bala según la campaña y el propio candidato.
La respuesta del gobierno ha sido tímida y ha dejado en manos de la Fiscalía las investigaciones que tardíamente aún no muestran resultados.
El Alcalde Rojas y su mentor y jefe Ramiro Suárez, son parte de la campaña de Germán Vargas Lleras. El Fiscal General Néstor Humberto Martínez ha sido militante activo de Cambio Radical partido de Vargas Lleras y ha sido acusado por Petro de intentar montar una causa criminal en su contra para impedir que fuera candidato presidencial.
No hay pues garantías de imparcialidad en las investigaciones. Aún a estas alturas la fiscalía contando con todos los medios técnicos no ha dicho que tipo de objetos contundentes se utilizaron para atacar el vehículo en que se movilizaba Petro. Las condenas a este hecho también han sido tímidas.
El Gobierno las ha rechazado pero no ha pedido que se investigue al Alcalde ni a las fuerzas que promovieron el ataque.
Y las condenas de los actores políticos han sido no solo tibias sino equivocadas en algunos casos. Algunos por ejemplo han señalado al propio Petro como el causante de estos hechos por supuestamente atizar la polarización.
Ese mismo día en la ciudad de Popayán la manifestación del Candidato Iván Duque a quien acompañaba Álvaro Uribe, recibieron una fuerte rechifla por parte de estudiantes de la Universidad del Cauca en el emblemático Puente el Humilladero. Las protestas por la presencia de Uribe y Duque terminaron en disturbios entre la policía y los manifestantes y la sede del Centro Democrático en dicha ciudad fue objeto de ataques por parte de los manifestantes.
El sábado 3 de marzo fue detonado un artefacto explosivo artesanal en el municipio de Segovia en el departamento de Antioquia durante el cierre de la campaña de Olga Suárez Mira y de Horacio Gallón, ambos candidatos al Congreso por el Partido Conservador.
La Policía informó que la explosión dejó nueve personas heridas, entre ellas dos policías que estaban de servicio en el lugar. El llamado Clan del Golfo, grupo paramilitar se responsabilizó de esta atentado sin que tampoco allí hayan avanzado las investigaciones para esclarecer los hechos.
Jugando con fuego
Escribió Gianfranco Pasquino en su libro La Oposición que todos los regímenes políticos tienen la oposición que ellos mismos han contribuido a crear.
Así en regímenes democráticos se cuenta con una oposición democrática respetuosa de las normas y de las reglas que norman las campañas políticas. Se respetan los resultados y las decisiones de las autoridades electorales que gozan de prestigio por ser transparentes y diligentes al momento de garantizar los resultados sean cuales fueren.
Nosotros estamos muy lejos en Colombia de esta realidad descrita por Pasquino. Recientemente el Consejo de Estado reconoció en sentencia que entregó tres renglones en el Senado de la República al Partido Político Mira que en las elecciones de 2014 hubo fraude contra dicho partido que tesoneramente lo demostró.
El CNE cerró la investigación en contra de la campaña electoral del Candidato uribista Oscar Iván Zuluaga por financiamiento ilegal de la multinacional de la corrupción brasilera Odebrecht a pesar de las pruebas que circulan en los medios de comunicación y está a punto de prescribir en ese mismo organismo politiquero la investigación en contra de la campaña de Juan Manuel Santos por el mismo delito de financiamiento ilegal de su campaña.
Los hechos señalados contra la campaña y en contra del candidato Gustavo Petro en Cúcuta muestran que el Estado central ejerce un poder limitado en vastas regiones del país. T
ambién lo demuestran los hechos de Segovia en contra de la campaña conservadora en este municipio antioqueño.
El régimen central ha permitido el poder de las mafias y del paramilitarismo en diversas regiones del país en donde se han conformado alianzas entre poderes políticos locales en las Alcaldías y grupos armados del paramilitarismo y bandas de narcotraficantes.
Estas alianzas cuentan con la connivencia de sectores de la Fuerza Pública en dichas regiones y con la anuencia del poder central.
Esta realidad se vive hoy también en las regiones que fueron abandonadas por las FARC como producto de su desmovilización en las cuales el Estado no ocupó estos territorios en lo que las FARC ejercían dominio militar.
Allí han sido asesinados el 56% del total de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz.
La violencia política se profundizó en Colombia, no debemos olvidarlo, a raíz del asesinato nunca aclarado del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Allí en el despojo de sus tierras a los campesinos y en la exclusión política tuvieron origen las guerrillas revolucionarias que aún hoy persisten.
Sobre 200 mil cadáveres que arrojó esta guerra se legitimó la confrontación armada que aún persiste pese a la desmovilización de las FARC la guerrilla militarmente más poderosa y más numerosa.
Por ello la condena sin dudas y de manera contundente por parte de la sociedad y de los diversos actores políticos acompañada de las reformas sociales y políticas que nos conduzcan a una sociedad más justa, deben ser las banderas de los demócratas.
Hay que condenar los hechos de violencia en la campaña en curso. Todos los saboteos a todas las campañas deben ser condenados sin ambigüedades. Hay que persistir en la necesidad de un pacto nacional para sacar las armas y la violencia de la política.
Bogotá marzo 8 de 2108, día internacional de las mujeres
Pedro Santana Rodríguez
Director de la Revista Sur
https://www.alainet.org/es/articulo/191518
