La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, sostiene que el presidente del país centroamericano, Jimmy Morales, no es un ‘aliado contra la corrupción’ y lamenta su decisión de modificar el acuerdo de instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Yo no veo al presidente de la República (Jimmy Morales) como un aliado en la lucha contra la corrupción. Me parece que el discurso va más allá de la realidad”, aseveró el lunes, antes de participar en la primera reunión de fiscales regionales, de sección y municipales del Ministerio Público.
En sus declaraciones urgió al mandatario a hacer un “mejor esfuerzo” en la lucha contra la corrupción y la arbitrariedad, un tema que en su criterio es “irreversible” y requiere mucho para hacer. “Es necesario que quien dirige la nación esté de verdad comprometido con actos y no con discursos en esta lucha contra la corrupción”, apostilló.
Aldana denunció, además, la posibilidad de una revisión que el Ejecutivo realizaría sobre la aplicación del acuerdo de la formación de la CICIG, tal como informó Morales el pasado septiembre, luego de la escalada de tensiones entre el jefe del Estado y el organismo, una medida que cuestiona la función de la CICIG tras 10 años de trabajo, según señaló la fiscal guatemalteca.
“Sería lamentable para el país, dado que la CICIG ha sido una herramienta fundamental para el fortalecimiento del sistema de Justicia y del Ministerio Público”, concluyó.
Morales, quien asumió la Presidencia el 14 de enero de 2016 para un periodo de 4 años, aseguró el domingo que su Gobierno ha sido de “tolerancia cero” a la corrupción, aunque en agosto pasado sumió al país en una crisis al intentar expulsar al jefe de la CICIG, de las Naciones Unidas, que pedía, junto con la Fiscalía, investigarlo por una supuesta trama de finanzas ilegales de su campaña electoral en 2015.
La Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza las finanzas públicas, reveló en septiembre de que el mandatario recibió un bono de 60 000 dólares del Ejército adicional a su salario como presidente, un monto que devolvió a las arcas castrenses ante las críticas y denuncias penales.
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