El recorte de los haberes jubilatorios fue aprobado con 128 votos a favor. En contra votaron 116 diputados y dos se abstuvieron.
Terminó así el duro debate que había comenzado ayer en medio de la masiva movilización de protesta y los violentos choques entre policías y manifestantes, que dejaron más de 60 heridos y centenares de detenidos.
Durante hubo carolazos en distintos barrios porteños y el conurbano que confluyeron en el Congreso.
La alianza Cambiemos –acompañada por diputados peronistas que responden a gobernadores “dialoguistas”– convertió en ley la reforma previsional que rebaja la actualización de los haberes de jubilados, pensionados por discapacidad, ex combatientes de Malvinas y los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y embarazo.
Con la presión sobre los gobernadores, que llegaron hasta el Congreso para respaldar el pacto con el Gobierno central, el oficialismo se aseguró el quórum y despejó el camino para imponer en una embestida legislativa la reforma más resistida del paquete económico, que ayer se tradujo en otra multitudinaria manifestación de rechazo frente al Congreso, acompañada por un paro general decretado por la CGT.
La protesta derivó en una nueva represión de las fuerzas de seguridad, que chocaron con grupos de izquierda, dejando un saldo de cientos de detenidos y unos 60 heridos.
Por la noche, se multiplicaron los ruidazos de protesta por todo el país, incluyendo frente a la quinta de Olivos, Plaza de Mayo y de nuevo en el Congreso, mientras los diputados seguían con el debate que cerró con 128 votos a favor del ajuste, 116 en contra y dos abstenciones.
La oposición expresó su rechazo a la reforma y al bono “compensador” que sólo restituye unos 4 mil de los 100 mil millones anuales que quitarán a jubilados y pensionados para tapar los agujeros económicos del Gobierno nacional y las provincias.
Tras casi cinco horas de discusiones que rondaron la continuidad o no de la sesión en medio de la represión desatada afuera del Congreso, el oficialismo logró arrancar el debate pasadas las 19. Una larga lista de 80 oradores iniciales, la sesión –que también tiene en su temario la reforma tributaria– amenazaba con extenderse hasta avanzada la madrugada.
Apurado por los tiempos, Eduardo Amadeo, como presidente de la comisión de Previsión Social, defendió el proyecto del Gobierno leyendo su discurso –en medio de los abucheos opositores–, lo que no le evitó fallidos sobre los objetivos de la iniciativa.
“El Estado cumplirá sus obligaciones con los jubilados y los demás pobres”, afirmó Amadeo, quien pretendía convencer que la nueva fórmula no representaba un recorte a los sectores más castigados por las políticas económica del Gobierno macrista.
“Llegamos al recinto en medio de una enorme campaña de falsedades, pero a fin de año los jubilados no sólo van a estar mejor, sino que van a tener una fórmula que los va a proteger por décadas”, insistió, para luego afirmar no tener culpa por el recorte. “Tenemos la conciencia tranquila”, se justificó y rechazó los cuestionamientos opositores. “Estamos orgullosos del enorme compromiso social de nuestro gobierno”, afirmó. Desde la oposición no se mostraron muy de acuerdo.
La massista Mirta Tundis y la kirchnerista Luana Volnovich compartieron su turno luego de unificar el dictamen opositor de rechazo. “Vamos a rechazar este proyecto porque lo consideramos inviable”, arrancó Tundis y agregó: “Dicen que la ley no vulnera ni afecta los derechos de los mayores, sin embargo afecta los derechos humanos del sector alcanzado por esta reforma, que en realidad es un ajuste, es un recorte”.
“Esta ley es inconstitucional porque viola tratados, convenciones, como la del derecho del niño, fallos de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a ir a la justicia pero sólo se van a poder defender los jubilados con haberes más altos, el que gana 7600 pesos no va a poder contratar un profesional para defenderse”, añadió.
“Este bono para los jubilados es como si un delincuente secuestrara a un jubilado, lo llevara a un descampado, le robara todo lo que tiene y después le diera 200 pesos para que vuelva a su casa. Eso es el bono (Pablo) Kosiner”, soltó Volnovich, que le apuntó a los peronistas conciliadores pero también al Gobierno nacional: le dijo a los legisladores oficialistas que son “débiles con los fuertes y fuertes con los débiles”.
Martín Lousteau, que aportó al quórum oficialista, quiso diferenciarse en el recinto.
“Esto que está ocurriendo hoy es la grieta, es la calamidad de la grieta, es el peligro de jugar con la grieta por temas electorales, es el peligro de creer que uno puede ir por todo porque tiene los votos”, dijo tomando distancia de la iniciativa y advirtió sobre la “prepotencia de un proyecto de ley que no se discutió, que quiso ser impuesto, que no se debatió como corresponde”. “Nosotros no estamos a favor del proyecto.
Presentamos un proyecto alternativo y decimos de dónde debe salir el dinero para obtener este fin”, cerró tras allanarle el camino a Cambiemos.
“En este Parlamento tenemos un problema con realidad si no le decimos a la gente de que se trata esto. Esto se trata de sacarle la plata del bolsillo a los jubilados. Tiene ese único nombre, aunque le agrego a los trabajadores, embarazadas, población vulnerable. Es un saqueo no tiene otro nombre”, afirmó el ex ministro de Economía Axel Kicillof (FpV-PJ), que cargó contra la mentira “planteada por el Gobierno y el presidente Macri en campaña, cuando dijeron que no iban a tocar los haberes jubilatorios.
“El ajuste es el ahorro, como le gusta decir a ustedes”, agregó y le piso números al saqueo: 100 mil millones de pesos anuales. “Es una bancarrota de la estafa electoral”, sentenció Kicillof.
“Este es un Gobierno de mamarracho. Como puede enviar al Congreso un decreto para modificar un proyecto que se está debatiendo sin modificaciones”, soltó Leopoldo Moreau sobre el bono que firmó Macri “para compensar lo que dice que no le saca”.
En la esquina Rivadavia y Riobamba, del Congreso aun sitiado por la policía, comenzaron a sonar algunas cacerolas.
El oficialismo evaluaba entonces un cuarto intermedio inmediatamente después de que se sancionara la ley. Querían evitar el desgaste de la tropa propia en medio de la continuidad de los reclamos en la calle.
Hasta el dialoguista Diego Bossio mostró su resistencia al proyecto. “Que una ley como la de movilidad esté tan enraizada en toda la sociedad significa que es buena para la gente. Nunca fue cuestionada esta ley”, dijo el ex titular de la Anses y diputado de Argentina Federal que responde mayoritariamente a los gobernadores peronistas.
“Si el reconocimiento es que con esta ley no se pierde poder adquisitivo, lo que estamos reconociendo es que el haber mínimo jubilatorio actual es bueno, y lo estamos congelando”, se justificó Bossio.
Desde el Movimiento Evita, el jefe de la bancada Leonardo Grosso también cargó contra el “recorte previsional” que “quieren imponer a los tiros”. “Le mienten a la gente y a los jubilados”, insistió. Consideró que “la ley no tiene legitimidad política”.
Los puntanos de Compromiso Federal también adelantaron su rechazo y destacaron que el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fue el único que no se sometió a la presión del Gobierno sobre las provincias.
Nicolás del Caño (FIT) repasó los recortes que sufrieron en estos dos años de gobierno macrista, trabajadores, jubilados y los sectores más pobres de la población mientras que favoreció a los capitales concentrados. “Los recursos para los jubilados están.
Pero se lo lleva un pequeño puñado de grandes empresarios que representan el cinco por ciento de la población”, afirmó el diputado de izquierda.
Las versiones sobre los cacerolazos crecían dentro del recinto. La sesión continuaba y al cierre de esta edición, Cambiemos aseguraba el triunfo y sólo esperaba que transcurrieran los discursos. Afuera del Congreso ya comenzaba a reagruparse la gente y se escuchaban ruidos de cacerolas.
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