Las organizaciones nucleadas en la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa reclaman una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social. Harán medidas durante tres semanas.
Los movimientos sociales nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa comienzan hoy un plan de lucha para reclamarle al Gobierno una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social.
Los dirigentes del sector señalan que para cubrir las demandas en los comedores son necesarios 10 mil millones anuales extra, y una política de fortalecimiento de la producción de la agricultura familiar.
El proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria fue presentado al Congreso en agosto, pero su tratamiento no tuvo avances. Las organizaciones acusan a Cambiemos de carecer de la voluntad de darle sanción.
Tras el anuncio de la protesta, desde la Casa Rosada hicieron saber que este diciembre no habrá bono de fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ni para los jubilados y estatales; en definitiva, los únicos que recibirán la suma fija serán los trabajadores de la economía popular, en un gesto del Gobierno hacia las tres organizaciones sociales que mantienen una mesa de negociaciones permanente con el Ejecutivo, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Desde la CTEP ratificaron que pese a este anuncio mantendrán las movilizaciones. Aclararon que el aguinaldo para los trabajadores de la economía social ya estaba acordado desde septiembre, por lo que no hay para ellos ninguna novedad, y que su plan de lucha tiene que ver con el reclamo de medidas de fondo para el sector.
La jornada de hoy incluirá con movilizaciones a las dependencias de Desarrollo Social y ollas populares. En la Ciudad de Buenos Aires, va a haber una en el Obelisco y están previstas otras cientos en el conurbano, en las que van a juntar firmas para reimpulsar el proyecto de emergencia alimentaria.
La jornada es también continuidad de la protesta que las organizaciones hicieron frente al Centro Cultural Kirchner hace quince días, cuando el presidente Mauricio Macri anunció el plan de reformas tributaria, previsional y laboral.
“A nosotros la reforma laboral no nos deja afuera: ya nos dejó fuera la del ‘90 y nunca pudimos volver a entrar.
Sin embargo, es claro que las reformas van a tener un impacto de ajuste en toda la estructura económica y como trabajadores de la economía popular vamos a acompañar el rechazo el día que se marche al Congreso.
Por otro lado, vemos que el Gobierno, al anunciar las reformas, tampoco tuvo la capacidad de pensar una agenda social, y en este marco queremos reclamar un paquete de leyes para nuestro sector.
A fines de noviembre o principios de diciembre vamos a hacer una marcha masiva del conjunto de los movimientos sociales”, dijo a PáginaI12 Gildo Onorato, dirigente de CTEP y secretario de políticas sociales del Movimiento Evita.
Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, aseguró que para esa movilización –la fecha exacta va a ser anunciada hoy– aspiran a reunir “a más de 100 mil trabajadores para instalar una agenda propia”.
El plan de lucha prevé tres semanas de movilizaciones.
A las protestas de hoy seguirán el miércoles próximo marchas de los productores de la Agricultura Familiar al Ministerio de Agroindustria.
Después, la movilización por leyes destinadas a promover el empleo en la economía social.
El paquete de normas reclamado incluye la sanción de un instrumento para crear trabajo en la construcción de infraestructura social y la urbanización de villas, con obras para el acceso a la electricidad, gas, agua y mejoramiento del transporte público.
También presentarán una propuesta de fortalecimiento de la agricultura familiar, destinada a la creación de chacras, y la creación de una suerte de PAMI social para los sectores vulnerables e indigentes.
El proyecto tiene una cuarta pata relacionada con la educación, que busca que en las escuelas de zonas de riesgo social se trabaje con dos docentes por aula -la llamada pareja pedagógica- y se sostengan estrategias de permanencia de los alumnos.
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