El pasado cuatro de julio la Comisión Europea anunció un plan de ayuda a Italia para reducir lo que se denominó “presión migratoria”, a través de las rutas del Mediterráneo Central.
La iniciativa fue una respuesta a la solicitud de apoyo a los socios europeos por parte del gobierno italiano. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 83.650 personas arribaron a las costas de Italia por mar entre enero y junio de este año, lo que supone un aumento del 20% respecto al mismo periodo de 2016.
La agencia de la ONU agregó que las cerca de 200.000 plazas de acogidas habilitadas para inmigrantes y refugiados en Italia estaban casi al completo. Circunstancia particularmente grave es la de los menores inmigrantes o refugiados que viajan solos, 25.846 a finales del año 2016. ACNUR señaló asimismo que 2.030 personas perdieron la vida en el Mediterráneo entre enero y junio de 2017, cuando intentaban llegar a Europa.
El plan de la Comisión Europea establece, entre otras medidas, que Italia elabore un Código de Conducta para las ONG que participen en actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo Central. El ministro del Interior del gobierno español, Juan Ignacio Zoido, realizó unas declaraciones respecto a esta iniciativa, recogidas por la Agencia Efe: “Se debe concienciar a las ONG de que se está para ayudar, y no para favorecer la inmigración irregular”. En un comunicado conjunto, las organizaciones Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), CEAR, Elin y Sos Racismo respondieron que se estaba tratando de “criminalizar” a las organizaciones de rescate, “en un contexto en el que la extrema derecha italiana ha lanzado una campaña contra las ONG que despliegan estas operaciones”. Además, las cinco entidades critican que el documento europeo haga hincapié en los “retornos” y la aplicación de procedimientos de “devolución urgente” desde Italia; rechazan asimismo la “externalización de fronteras” a países como Libia, Níger o Mali, que actuarán como “gendarmes” de Europa para la expulsión de inmigrantes y refugiados a sus países de origen. Por último, denuncian la política de la UE destinada a “taponar rutas”, que implica la apertura de itinerarios “más peligrosos y mortíferos”.
Publicado en junio de 2017, el Informe del Centre Delàs d’Estudis per a la Pau “Armas europeas que alimentan conflictos” apunta a la responsabilidad de los estados: “Existe la evidencia de que las exportaciones de armas europeas han podido generar un empeoramiento o perpetuación de la violencia armada, que genera nuevas personas refugiadas o desplazadas”. El documento obra de Jordi Calvo, Ainhoa Ruiz y Edgard Vega adopta como punto de partida el valor total de las exportaciones de armas autorizadas por la UE en la década 2003-2014, que suma 427.000 millones de euros. De esta cifra, las exportaciones efectivamente realizadas alcanzaron los 119.000 millones de euros. El 29% de las ventas autorizadas (cerca de 122.000 millones) y el 31% de las realizadas (en torno a 37.000 millones) se dirigieron a 63 países en situación de conflicto armado o tensión.
El documento pone el foco en 26 países, que concentran en torno al 7% de las exportaciones de armamento europeo. Se trata de países en los que durante la década de ventas analizada, empeoró la situación de violencia, sostienen los autores del informe. Son, además, “destinos especialmente delicados para la seguridad de la población civil”, lo que se pone de manifiesto en el incremento de la población desplazada y refugiada. Por ejemplo fue a peor la situación en Siria, con un promedio de 5,9 millones de refugiados y desplazados en el periodo 2003-2014; durante esa década las exportaciones europeas autorizadas a Siria sumaron 25,6 millones de euros, de las que se realizaron 3,4 millones. Italia firmó la mayor venta (2,7 millones de euros), por conceptos no precisados. “Aun con cifras oficiales reducidas, la UE ha mantenido la venta de armas a Sira”, señala el informe. En 2012, un año después que se iniciara el conflicto, se autorizó la venta más alta de la década a este país: 6,9 millones de euros, principalmente en tanques y vehículos militares (Reino Unido y Alemania).
En el “polvorín” de Oriente Medio asume un rol capital Arabia Saudí; la UE autorizó la exportación de armamento a la potencia árabe por 32.109 millones de euros entre 2003 y 2014, de las que se materializaron 9.466 millones. Los bombardeos liderados por la casa de Saud pusieron la diana, desde 2014, en la República del Yemen, país que analiza la investigación del Centre Delàs. Yemén sumó cerca de 255.000 desplazados y refugiados entre 2003 y 2014. La Unión Europea autorizó la venta de armamento con destino a este país por 357 millones de euros, durante la década mencionada; se exportaron armas finalmente por valor de 196 millones. El inicio de los enfrentamientos en Yemen se produjo en 2004, etapa en la que resaltan los buques de guerra y aeronaves exportados por Francia. La ratio que “cruza” refugiados y venta de armas sitúa en las primeras posiciones a Afganistán (2,7 millones de refugiados y desplazados en la década analizada); a este país la UE autorizó que se exportaran armas por un monto de 1.355 millones de euros, de las que se realizaron efectivamente 353 millones.
En el caso de Afganistán, el informe subraya las operaciones realizadas por Bulgaria, Rumanía y la República Checa. Explosivos, armas menudas, municiones y aeronaves militares llegaron a este país después que Estados Unidos iniciara, en 2001, la “guerra contra el terror”. El informe puntea uno de los periodos más cruentos de la guerra, entre 2009 y 2010, coyuntura en la que Francia, Alemania y Reino Unido autorizaron el suministro a Afganistán de armas de fuego, municiones, vehículos militares, tanques, aeronaves y tecnología.
A partir de la ocupación militar de Irak en 2003 y hasta 2014, los refugiados y desplazados en este país superaron los 2,8 millones. La investigación califica de “muy alto” el volumen de exportaciones armamentísticas a este país: más de 2.200 millones autorizadas y 484 millones ejecutadas durante 2003 y 2014. Menciona los ejemplos de Polonia (armas menudas, vehículos, tanques y aeronaves); Italia, Bulgaria (explosivos, armas ligeras, artillería, tanques y vehículos) y España (municiones, explosivos, vehículos y tanques).
En Colombia el informe del Centre Delàs recoge un promedio de refugiados y desplazados de 3,6 millones en la década analizada. Se sitúa como segundo país de la ratio, tras Siria. En el año con más exportaciones de armamento europeo autorizadas, 2010, destacan los 70 millones de euros en armas ligeras y artillería; y otros 62 millones en buques de guerra.
Pese a la magnitud del conflicto, prolongado durante más de cinco décadas y con 8,4 millones de víctimas registradas, el armamento europeo no dejó de llegar a Colombia: más de 817 millones de euros en exportaciones de armas autorizadas, entre 2003 y 2014; y materializadas por valor de 401 millones.
En dirección a Pakistán, que sumó cerca de un millón de refugiados y desplazados en una década, Europa autorizó exportaciones de armas (cerca de 8.000 millones de euros) y las ejecutó por un valor de 2.600 millones. El informe destaca las operaciones promovidas por Suecia, Francia e Italia. En la lista de países receptores de armas europeas, sobresalen tres del continente africano: la República Democrática del Congo, Sudán (ambos con más de dos millones de refugiados y desplazados en la década investigada) y Nigeria (1,2 millones).
Llama la atención el volumen de exportaciones de armas a Nigeria: (autorizaciones que suman 917.000 millones de euros; y cerca de 185.000 millones ejecutadas). El informe del Centre Delàs pone el acento en 2009, cuando el conflicto con la organización terrorista Boko Haram se acrecentó; ese año “Francia, Reino Unido y Bulgaria aumentaron sus autorizaciones de armamento a NIgeria; e Italia se convirtió en el principal exportador”, subraya la investigación.
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