La periodista guatemalteca Marielos Monzón, amenazada por sus investigaciones contra la impunidad de los gobiernos genocidas del país, comentó con Caras y Caretas algunos de los principales problemas que asolan actualmente a esta nación centroamericana.
Manuel González Ayestarán
Retrato de un pueblo invisible
Mientras los focos de la opinión pública internacional están prácticamente copados por la realidad venezolana en solidaridad con los intereses de la oligarquía tradicional de este país y de sus aliados extranjeros, Guatemala grita sin ser escuchada.
En realidad, el pueblo guatemalteco lleva décadas gritando por una historia prácticamente ininterrumpida de genocidio, expolio y persecución de quienes cuestionan el (des)orden que rige su realidad sociopolítica y económica. Guatemala es el país más poblado de Centroamérica con casi 16 millones de personas.
De ellas, 60 por ciento aproximadamente es indígena. Su historia reciente es sin duda una de las más crueles e impunes que ha vivido América Latina. Casi 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas por cuerpos de ejército entre 1960 y 1996 bajo el patrocinio de Washington.
Seis años antes del inicio de este proceso, el gobierno de Harry S. Truman, en connivencia con la United Fruit Company y los terratenientes locales, había derrocado mediante un golpe de Estado al presidente socialista Jacobo Árbenz, el cual tenía entre sus planes la realización de una reforma agraria inclusiva con los pueblos originarios.
Así, durante casi cuatro décadas, el país convulsionó en una guerra civil desatada para proteger la estructura económica de “república bananera” impuesta durante la primera mitad del siglo XX, de aquellos que pretendían cambiarla inspirados por el triunfo de la Revolución cubana.
Durante este conflicto tuvieron lugar violaciones extremas de los derechos humanos a cargo de las fuerzas del Estado y escuadrones de la muerte, como empalamientos, mutilaciones, torturas e incluso casos de antropofagia, según recogió en 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) sobre Guatemala de la ONU.
“Los de la inteligencia eran los encargados de sacarle la verdad a la gente. Les ponían una capucha con gamezán [agresivo químico], les sacaban los ojos con cuchara, les cortaban la lengua, les colgaban de los testículos […] Yo les arranqué las uñas de los pies y después los ahorqué… les picaba el pecho a los hombres con bayoneta, la gente […] me suplicaba que no le hiciera daño, pero llegaban el teniente y el comisionado… y me obligaban cuando veían que yo me compadecía de la gente”.
Esta es una de las declaraciones recogidas por la CEH, reseñada en el diario español El País en 2005.
Según el integrante de esta comisión Prudencio García, la violencia durante este conflicto estuvo “dirigida fundamentalmente desde el Estado en contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya” con el fin de mantener “una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos”.
Este historial reciente se hace visible hoy cual cáncer que consume a la sociedad guatemalteca. Actualmente, el mermado colectivo indígena, aún mayoritario en el país, está siendo desplazado y perseguido por empresas mineras e hidroeléctricas asociadas y protegidas por el gobierno.
Según el IV Informe de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Guatemala fracasó en el cumplimiento de todas las metas planteadas para 2015. Según el texto, el país ha sufrido una importante involución en el principal objetivo que inspiró la declaración del milenio, el combate de la pobreza.
El índice de pobreza pasó de 18,1 por ciento en 1989 a 23,4 por ciento en 2015.
El texto reflejó igualmente un retroceso en el indicador relativo a la desnutrición crónica: 47 de cada 100 menores de cinco años presentaron hace dos años una talla menor a la usual para su edad. Esto aumenta a 80 por ciento en el caso de los niños indígenas. Según Unicef, cerca de tres millones de guatemaltecos carecen de acceso al agua potable y aproximadamente seis millones no tienen acceso a servicios de saneamiento mejorado.
Guatemala hoy
Para la periodista defensora de los derechos humanos Marielos Monzón, el pueblo guatemalteco tiene actualmente un “frente compuesto por muchos enemigos juntos: los narcotraficantes, los militares vinculados a graves violaciones de derechos humanos, los empresarios que están ahora siendo procesados por violación de impuestos, financiamiento ilegal a los partidos políticos y los políticos corruptos”.
Esta tónica hizo que en enero de 2016 fuera electo presidente el showman, productor y cómico evangélico Jimmy Morales. Según explicó Monzón en entrevista con Caras y Caretas, el triunfo de Morales “es fruto de una coyuntura que tenía que ver con un hartazgo de la población respecto de los partidos políticos tradicionales y sus líderes. Entonces, la población se dejó llevar por este lema de ‘ni corrupto ni ladrón’, entendiendo a Jimmy Morales como una figura que desde fuera de la política podría traer un cambio”.
Sin embargo, a este showman devenido político lo respaldaba el Frente de Convergencia Nacional (FCN), un partido fundado por varios exmilitares de la contrainsurgencia que incluso lo estuvieron acompañando en el inicio de su gobierno. Dos de ellos actualmente están enfrentando investigaciones penales, y uno actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Morales, por su parte, está siendo salpicado por varios escándalos.
El más importante es el derivado de la muerte de 40 niñas en el hogar de resguardo Virgen de la Asunción, el cual puede ser entendido como un crimen de lesa humanidad.
Estas niñas estaban allí bajo la protección y el ALBERGUE del Estado por haber sido víctimas de abusos sexuales o por afrontar situaciones que las separaron de sus hogares. Sin embargo, desde hacía varios años habían denunciado torturas, malos tratos y violaciones a cargo de los funcionarios que supuestamente debían cuidar de ellas.
Tras ser ignoradas por las autoridades en repetidas ocasiones, las víctimas decidieron fugarse del hogar, pero fueron devueltas y encerradas bajo custodia policial en una habitación. Ese día, una de ellas prendió fuego un colchón en protesta por la situación que estaban atravesando.
Al día de hoy se hace evidente que los policías y los funcionarios custodios dejaron que las menores se calcinasen vivas, sin hacer nada por sacarlas de esa habitación y sin permitir el acceso del personal de bomberos.
Para colmo de males, las autoridades máximas de la Secretaría de Bienestar Social, responsables de estos centros de internamiento, es decir, quienes desoyeron todas las denuncias previas de la situación inhumana que viven las personas recluidas en este ALBERGUE, fueron nombradas por el mismo Jimmy Morales. Una de ellas era Anahy Keller, exproductora de canales televisivos asociada al mandatario.
El día del incendio, 8 de marzo, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer recordando cómo en 1908 en Nueva York, un grupo de mujeres obreras entraron en huelga para reclamar sus derechos laborales y como respuesta fueron quemadas en una fábrica. “109 años después, 41 niñas y jovencitas mueren quemadas en un albergue de resguardo del Estado en Guatemala, luego de haber escapado por las malas condiciones y crueles tratos que recibían y haberlos denunciado.
Esto recuerda al pasado que vuelve y vuelve a este país, o quizá nunca se fue”, reflexiona Marielos Monzón en diálogo con esta revista. Este caso, lejos de ser un hecho aislado, es un síntoma más del machismo estructural que viven las mujeres en Guatemala.
En 2016 se registraron 2.504 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años de edad, todos ellos producto de una violación sexual. De ellos, 10 bebés fueron de niñas de 10 años; 30 de niñas de 11; 98 de niñas de 12; 464 de adolescentes de 13; y 1.902 de madres de 14 años, según señaló Monzón en su columna del 17 de marzo.
Por otro lado, la corrupción ha llegado a Jimmy Morales a través de su familia. Su hermano Samuel y su hijo José Manuel están afrontando juicios por fraude y lavado de dinero. Los familiares del mandatario crearon eventos falsos para lucrar a partir de fondos del Estado en el caso conocido como“Botín registro de la propiedad”.
Amenazas e intimidaciones
Marielos Monzón es conocida por haber desarrollado investigaciones acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Por ello recientemente ha visto aparecer su nombre junto a los de otros periodistas y defensores de los derechos humanos en una lista intimidatoria que fue difundida en un diario nacional, y que a su vez ha sido entregada a personas acusadas de narcotráfico. Los difusores de estas listas indicaron a los delincuentes que quienes integraban el mencionado registro son responsables de su persecución a cargo de las autoridades.
Este listado coincide con otro que fue empleado en 2011 como recurso intimidatorio contra las mismas personas. Entonces, los allí referenciados fueron acusados ante el Ministerio Público de crímenes cometidos durante la guerra civil, asociándolos con grupos guerrilleros.
Esta acusación fue realizada por un empresario guatemalteco junto a un abogado vinculado a asociaciones de apoyo a los militares genocidas.
En el caso de Marielos Monzón, el citado ministerio desestimó las demandas contra ella por carecer de fundamento, ya que, en palabras de la periodista, “la gran mayoría de delitos que ahí se denunciaban, como asesinatos, se produjeron en unos años en los que yo ni siquiera había nacido”. Sin embargo, el 11 de junio de este año volvió a difundirse el mismo repertorio de nombres, señalándoles ante grupos criminales.
Para la periodista, “esto tiene que ver con una estrategia de intimidación para silenciar a aquellas voces que estamos en la investigación periodística exigiendo memoria, verdad, y justicia. Hay una intención muy clara de criminalizar el trabajo de periodista, el ejercicio de derechos humanos y una intención muy clara de acallarnos […]
Las listas en Guatemala tienen un valor simbólico, ya que en los años 70, y sobre todo en los 80, los escuadrones de la muerte, como Jaguar Justiciero o la Mano Blanca, publicaban listas de este tipo y las personas que estaban en esas listas o se iban al exilio o eran secuestradas, desaparecidas y asesinadas.
Entonces, en este momento, que aparezcan de nuevo tiene un componente evocador de lo que fueron en el pasado”, añadió.
Este tipo de mecanismos de intimidación no es nuevo para Monzón. En 2002, tras publicar una investigación sobre el hijo de una mujer asesinada durante la dictadura, recibió una amenaza de un colectivo ultraderechista.
Según narró en una de sus columnas en el medio Prensa Libre, “algunos meses después de esa amenaza, un grupo de hombres armados y encapuchados entró a mi casa, se llevó mi computadora, diskettes y algunos documentos, disparó contra mi automóvil y destruyó un par de muebles. La visita se repitió algunas semanas más tarde y encañonaron a uno de mis hijos, de apenas 9 años, dejando muy claro que corríamos peligro.
El fondo del asunto: hacerme callar”. Sin embargo, Monzón asegura que “ni las amenazas, las calumnias o la incitación a la violencia me van a silenciar, no porque no tenga temor, sino porque me niego a aceptar que tengamos que seguir siendo rehenes del miedo”.
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