Al menos 2.000 denuncias, 300 de ellas de menores de edad, registra un reporte de la AP. El informe revela que en Haití existió una red de abuso infantil perpetrada por los cascos azules.
La primera misión de los cascos azules llegó a Haití en los años 90 del siglo pasado luego de una intervención militar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para restituir al presidente Jean Bertrand Aristide.
Sin embargo, la participación de esta fuerza multinacional ha sido cuestionada en varias oportunidades. Este miércoles un informe publicado por la agencia de noticias Associated Press (AP) ha dado a conocer la compleja red de violación de derechos que rodea al cuerpo militar.
Son más de 2.000 denuncias contra cascos azules y otro personal de la ONU por abuso y explotación sexual en todo el mundo. El informe asegura que en más de 300 de las denuncias las víctimas eran menores.
En el reporte recogen los testimonios de decenas de mujeres, niñas y niños que denuncian haber sido víctimas de abusos sexuales de parte de miembros de la organización.
“Los actos sexuales descritos por nueve víctimas son simplemente demasiados para ser presentados exhaustivamente en este informe, en especial en virtud de que cada una afirma haber tenido múltiples acompañantes sexuales en diversos lugares donde los contingentes de Sri Lanka estuvieron instalados durante años en diversas partes de Haití”, expone el informe de la AP.
La evidencia muestra que al menos 134 miembros del contingente de Sri Lanka participaron entre 2004 y 2007 de violaciones, explotación y abuso. Luego de una investigación de parte de la ONU estos fueron retirados de la fuerza, pero ninguno cumplió condena por sus actos. No se tratan de los únicos. Cascos Azules de Bangladesh, Brasil, Jordania, Nigeria, Pakistán y Uruguay también tienen denuncias en su contra.
La ONU se encuentra en muchas ocasiones de manos cruzadas en contra de estas violaciones puesto a que no posee jurisdicción directa sobre los cascos azules. Algunas investigaciones se han conducido, pero la sanción penal contra los culpables corresponde a los países que aportan a los efectivos militares de la fuerza. AP solicitó información a 23 países para su investigación. Muchos negaron la existencia de denuncias, a pesar de los testimonios de las víctimas, y otros pocos admitieron que no han hecho lo suficiente para identificar y castigar a los responsables.
Los problemas no se limitan a los abusos. Muchas veces las secuelas del abuso se mantienen tiempo después de que los victimarios se han ido. Embarazos no deseados, infecciones de enfermedades de transmisión sexual como el VIH y epidemias de cólera son algunas de las secuelas con las que deben luego lidiar una población que, además, es considerada la más pobre del mundo, donde dos de cada tres haitianos vive con menos de dos dólares al día.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ya se había manifestado en 2015 sobre estos abusos: “Digámoslo con una sola voz: No toleraremos que nadie cometa o consienta la explotación ni el abuso sexual. No permitiremos que nadie tape estos delitos con la bandera de la ONU”. Sin embargo, estos reclamos han caído en oídos sordos.
La organización continúa su presencia en la isla y las denuncias siguen apilándose, empeoradas por la falta de información.
La organización no gubernamental Blue Code ha comenzado en los últimos años a mantener estadísticas de los abusos, pero en muchas ocasiones la ONU desconoce los nombres de los oficiales que participan en los contingentes de los cascos azules. La organización registró 145 denuncias solo en 2016.
La alarma ha sido reconocida por la ONU. Atul Khare, jefe de apoyo de campo de la ONU y encargado de supervisar la conducta y disciplina de los efectivos de las fuerzas de paz, reconoció que existe un problema y que hace falta hacer más para ayudar a las víctimas. Es necesario un mejor seguimiento de los efectivos y mantener información precisa de las denuncias.
Actualmente, los cascos azules cuentan con más de cinco mil efectivos que participan en misiones de paz en todo el mundo. Sus labores suponen el adiestramiento a contingentes policiales, proveer seguridad durante elecciones y apoyo al sistema judicial, así como trabajos de rescate en desastres naturales y trabajos de reconstrucción y orden público luego de crisis nacionales.
Sin embargo, las denuncias que han salido a la luz pública ponen en tela de juicio cualquier beneficio derivado de su participación. Se espera que para octubre su número se reduzca significativamente y que la misión de Haití se retire permanentemente luego de 13 años continuos de presencia en la isla.
AP | EFE | Telesur
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