La oscura noche del paramilitarismo y el narcotráfico que se hicieron evidentes como prácticas constantes de políticos, empresarios y comerciantes, cuya máxima expresión llego a la cúspide durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, le demostraron a la Colombia de las mayorías, que la clase en el poder recurre de manera histórica […]
La oscura noche del paramilitarismo y el narcotráfico que se hicieron evidentes como prácticas constantes de políticos, empresarios y comerciantes, cuya máxima expresión llego a la cúspide durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, le demostraron a la Colombia de las mayorías, que la clase en el poder recurre de manera histórica a la más rampante ilegalidad con tal de mantenerse en el poder como lo hizo cuando asesinó a Gaitán e impuso luego el mal llamado Frente Nacional que declaró ilegal a la oposición política cuando comenzaba la década de los años 60s del siglo pasado.
Cuando tal ilegalidad bañaba de sangre a la Colombia humilde en los campos y barrios pobres de las ciudades, muchos dirigentes y defensores de Derechos Humanos tomaron partido a favor de quienes morían por millares a manos de los agentes estatales y paraestatales.
Pero también pagaron con su vida, con la cárcel, la desaparición o el exilio.
El telón de fondo de todo este accionar criminal tuvo por justificación acabar con la rebeldía insurgente, que ha contado con el respaldo popular. Por ello destruir ese respaldo popular justificaba el baño de sangre y demás violencia.
Cuando la situación del país no aguantaba más y la presión internacional exigía salir de tal situación, apareció la mano “bondadosa” del presidente Uribe, que al igual que sus antecesores en los años 50 del siglo XX, legalizó a más de 30 mil paramilitares, extendiendo así un manto de impunidad para los autores intelectuales y materiales de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, políticos, empresarios, comerciantes y de él mismo y buena parte de sus familiares.
Pero todo ello no era suficiente. La oligarquía buscaba alejarse más de esta conducta criminal de su propia clase, y se plantea desmovilizar a las guerrillas que considera debilitadas luego de la gigantesca ofensiva de los 10 años anteriores. Aparece entonces el Liderazgo de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del gobierno Uribe, quien, paradójicamente compitiendo con el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, se hace, por segunda vez de la presidencia de Colombia en 2014.
Santos asume la presidencia en 2008 anunciándole al país y a la insurgencia que tiene en su bolsillo la llave de la paz.
En efecto, el gobierno Santos inicia diálogos con las FARC primero y con el ELN después, al final de su primer mandato, logrando hacer acuerdos con las FARC que están llevando hoy a su legalización para convertirse en partido político, aunque aparecen graves dificultades para implementarlos y los coloca en vilo. Esto es particularmente grave para las FARC si se tiene en cuenta que ya están en las llamadas “Zonas Veredales Transitorias de Normalización” e iniciando la dejación de armas.
Tanto en el revés del plebiscito, como en el momento en que el Congreso no aprueba tales acuerdos, ni lo hace la Corte Constitucional, influye bastante la extrema derecha encabezada por Uribe que se ha opuesto a ellos, sumada a la improvisación del gobierno en la implementación de tales acuerdos.
Cuando el país asiste a esta compleja realidad en el proceso de paz con las FARC y cuando recién se abre la fase pública del proceso de paz Gobierno -ELN, una nueva tormenta sacude la clase política colombiana debido a los altísimos niveles de corrupción y descomposición de sus instituciones, evidentes en la existencia de un gigantesco carrusel de sobornos en la contratación de obras públicas y la amañada contienda electoral, ya que gran parte de la financiación de las campañas para la presidencia del Uribismo, como las del actual presidente Santos se hicieron con dineros ilegales entregados por la empresa brasileña Odebrecht.
Ante esta difícil realidad que enfrenta la gobernabilidad de Colombia, cuando la marca del paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción son hoy inseparables de la clase gobernante, nos preocupa la falta de garantías para la marcha exitosa de los procesos de paz.
En ese sentido hacemos un llamado a la sociedad colombiana a rodear el proceso, participar activamente y convertirse en la más alta garantía para el cumplimiento de lo acordado.
Fuente: https://www.eln-voces.com/index.php/editorial-insu/1018-una-marca-de-clase
