En una reunión de veteranos el cantor empuñó la guitarra para entonar A desalambrar. El auditorio lo siguió a destiempo, desafinando y con emoción forzada.
La escena era patética; cuanto más abandonaba este grupo sus sueños de juventud, más se aferraba a un símbolo del pasado.
No los culpemos, el hombre suele enterrar sus sueños bajo los escombros que arroja, día a día, la experiencia.
Ahora bien, y este es el quid del presente artículo, lo triste es que llamemos experiencia a la suma de nuestros fracasos.
Antes de abordar las causas de este fracaso nacional, y en suma, antes de analizar qué ha impedido erradicar el cáncer del latifundio, debemos señalar un hecho singularmente irónico.
Aquellos veteranos desconocían que, precisamente, el partido que habían votado con entusiasmo o bajo la consigna lo otro es peor, hoy lleva a cabo un proceso de desalambramiento de los campos comenzado con la apertura democrática.
Expliquemos esto con mayor detalle.
En los tiempos de Latorre, en la década del 70 del siglo XIX, se alambraba para controlar el ganado, para impedir que un toro de raza regara su semen por otros lares y para apropiarse de tierras ajenas.
Si el medianero no podía pagar el alambramiento forzoso, forzosamente perdía su campo.
Como no hubo necesidad de llevar a cabo una mensura, los latifundistas echaron mano a una masa indeterminada de tierra, incluyendo caminos fiscales.
Para aproximar al lector a la entidad de este pillaje, hacia 1836, dos tercios de las tierras laborables del país eran terrenos fiscales.
La ley del más fuerte determinó que los latifundistas arrojaron a cuarenta mil personas a los caminos, el 10% de la población rural.
La génesis del latifundio en nuestro país, desde la colonia, está asociada al robo y a innumerables maniobras que rara vez incluyeron el desembolso de dinero, o al menos, eso dicen TODOS y cada uno de los textos que estudian su origen y no hay uno que diga lo contrario, pues a los guardianes del latifundio no les conviene siquiera mentar la infancia de la criatura.
Prefieren, y hacen bien, correr un denso velo sobre el pasado ante los ojos de la República.
Cien años después, a partir de las exoneraciones impositivas y demás estímulos a la forestación que desembocaron, misteriosamente, en la instalación de tres pasteras (pues estas gentes planifican las cosas) llegamos a que los monocultivos de eucaliptus y pinos ocupan un millón y fracción de las 16 millones de hectáreas laborables de nuestro país.
Por su cuenta, la soja, la planta sagrada de Mujica, alcanza una superficie similar.
Ocurre que estos cultivos no siempre precisan de alambrado (1) pues molestan a las grandes cosechadoras, por lo que, sin mentar a Viglietti, y a la sordina, se viene desalambrando a piacere.
Desde la colonia hasta ahora habrá variado esto o lo otro, pero hay algo que se mantiene intacto: el latifundio que no para de crecer.
Como normalmente aquello que se extiende lo hace a costa de otra cosa, año a año pierden sus campos mil cien productores rurales, cuyos terrenos caen en las bocas abisales del latifundio.
En 1963 un 19% de la población vivía en el campo; en 1985 un 13%; para el 2004 bajamos al 8% y en el 2011 descendimos al 5%.
Habida cuenta que no hay un pujante sector industrial que absorba esta mano de obra, con toda evidencia queda medrando en actividades no directamente productivas, en tanto en el medio rural se deteriora el tejido económico y social.
La situación es un poco más funesta si pensamos que un porcentaje considerable de esas tierras está en manos de extranjeros.
Digamos, un 25% (según fuente interna de una de las mayores empresas agrícolas que operan en Uruguay, el porcentaje es de un 40%).
No podemos saber este porcentaje con precisión, cada vez que opera en la compra una sociedad anónima o un testaferro
¿Pero un gobierno, sea de izquierda o derecha, no se preocupa por la pérdida de soberanía que significa entregar el 25% o quién sabe cuánto del territorio a quién sabe quién?
Se preocupa, sí señor.
Hizo una ley que impide que las sociedades anónimas compren tierras. La ley fue redactada.
El problema es que aguarda, en un cajón, y entre las polillas, a ser sancionada ¿Cómo es eso?
Eso mismo le pregunto al lector, pero sigamos, que hay mucha cáscara para rascar sobre la llaga del latifundio.
Si alguien duda de la magnitud de la entrega, que atienda a este dato aportado por el Instituto Nacional de Colonización: durante el 2010, el 83% de las hectáreas compradas en el país quedaron en manos de extranjeros.
En el 2011, y considérese que estas cifras ya quedaron atrás, ocho empresas forestales poseían 720.000 hectáreas: Montes del Plata 250.000 y UPM 200.000.
Es de suponer que en un radio de 200 kilómetros de la tercera pastera, UPM haya comprado ahora considerables territorios.
Montes del Plata y UPM controlaban el 50% de la superficie forestada y esta característica se extendía al resto de los principales rubros agrícolas.
Mas, si la concentración de la tierra en manos de extranjeros es escandalosa ¿qué decir de la industrialización de los productos agrarios y su exportación?
En el 2011 el 87% del procesamiento del arroz estaba en manos de brasileros.
Los 10 frigoríficos más grandes concentraban el 70% de la faena y al menos 8 de ellos eran propiedad de extranjeros.
En la madera, los extranjeros concentran la virtual totalidad de los dos procesos. En la soja, de la que sólo industrializamos un 5% (contra un 52 y un 71% que industrializan Brasil y Argentina) cinco empresas extranjeras concentran el 77% de las exportaciones.
¿Cuáles son los problemas derivados de la extranjerización de la tierra, la producción industrial y la exportación de los productos agrícolas?
El primero de todos es la fuga de capitales. La renta resultante no necesariamente se reinvierte en el país, por lo cual podemos asistir a un crecimiento de "nuestras" exportaciones, pero ese crecimiento no significa desarrollo (dejemos de lado el problemita de las exoneraciones impositivas).
Habría desarrollo si ese crecimiento generara un encadenamiento productivo, si ese crecimiento fuera dinamizador de nuestra economía.
En síntesis, se produce aquello que es rentable para otros y no necesariamente lo que nos beneficia.
La ganancia de esa producción vuela y además el productor extranjero no se preocupa por la erosión del suelo a largo plazo (menos aún si arrienda, algo común en la soja).
Los países que han dado un salto desde una economía agrícola a una economía industrializada, han reinvertido su renta agropecuaria.
Esos países no cargan la tara del latifundio, que en los países atrasados, como en latinoamerica, es resultado, por un lado, del proceso de colonización de las potencias ibéricas, y por el otro, de la propia dinámica de la relación entre los países imperiales y los países dependientes, relación que fortalece al latifundista y le permite acrecentar su poder político.
Los países imperiales nos venden productos industrializados, inclusive nos venden la soja procesada, y nosotros les vendemos bienes primarios, que constituyen el 75% de nuestras exportaciones.
Pero al problema de la extranjerización de la tierra y su producción y exportación de bienes, agreguemos los propios problemas emanados del latifundio a secas.
"La propiedad [de la tierra], en realidad, no debe ser de nadie; o más bien dicho, debe ser de todos, y la entidad que representa a todos es la sociedad".
Acaso el lector se sorprenda si le digo que esta frase no fue lanzada al mundo por Vladimiro Lenin en la Rusia revolucionaria, sino por el Pepe Batlle en el país del latifundio. Basta comparar esta consigna de un colorado de principios del siglo XX con el actual discurso de la izquierda del siglo XXI, para medir el retroceso ideológico en nuestro país.
La idea de la tierra como un bien público (así como el aire y el sol) la debemos tomar en un doble sentido.
Primero, por lo que significa ante la inaguantable división de la riqueza, y segundo, en el sentido de considerar la tierra como un bien dinamizador de nuestra economía y de nuestra vida política.
Un inteligente reparto de este recurso vital permitiría reinvertir la renta agropecuaria, alentaría la producción industrial reincorporando rubros abandonados y agregando nuevos, atenuaría la inflación galopante, poblaría el campo y restablecería su tejido social, crearía más y mejores puestos de trabajo, permitiría cultivos más orgánicos y menos dañinos para el agua y la tierra y la gente, aumentaría un mercado interno necesario para el desarrollo inicial de cualquier actividad industrial, brindaría más ingresos al Estado, volcaría a la Universidad a la necesaria tarea de aliarse con los productores rurales para mayor beneficio del país y al convertirse todo esto en una tarea nacional, activaría la dinámica republicana, y aquí llegamos a lo que apuntábamos en el principio del artículo: las causas de la derrota de aquella generación que luchó, con riesgo de su vida, por la reforma agraria.
Aunque el FA haya erradicado de su discurso la imprescindible reforma agraria, hay algo todavía más grave: el tema no está a la orden del día; a la orden del día está esperar que todo este proceso de extranjerización de nuestras riquezas y ruina de nuestra soberanía en todos los sentidos, redunde en desarrollo, supongamos que para el día en que le crezcan pelos a los huevos.
Los gobiernos responden, también, al orden de ideas que impera en una sociedad.
El problema es el orden de ideas que impera en la nuestra; el problema es que no advertimos las consecuencias funestas del latifundio.
Sin generar una masa crítica no saldremos nunca del pozo, y viviremos al vaivén del precio de las commodities.
Poco importa quién acceda al gobierno; la clave está en la creación, primero, de esa masa crítica, tarea que superó a aquellos militantes por varios motivos, sea por una dictadura atroz, sea por la incapacidad de analizar con cabeza propia la realidad.
Cuando uno no puede analizar los hechos, los hechos te sepultan como escombros que arrojan los días a modo de experiencia.
Ya todos sabemos que en cuanto a ineficiencia y corrupción, nada separa al actual partido de gobierno de los anteriores (sin mentar el futuro gran papelón de la regasificadora, que superará a todos los demás).
Ya todos sabemos que en cuanto a pensar un nuevo modelo educativo, nada separa al actual partido de gobierno de los anteriores.
Lo mismo sucede con el problema de la seguridad y con la clave de las claves, emprender un modelo de desarrollo viable.
Si el funcionario, o quien fuere, no está armado con un arsenal teórico independiente, se convierte en administrador de las teorías pensadas por otros.
Si no elaboramos un modelo nacional, el modelo será impuesto desde afuera por las trasnacionales, que marcan el compás mientras se adueñan de nuestras riquezas.
Si no transformamos estos escombros diarios en material de pensamiento de nuevas realidades, seguiremos vegetando a la sombra del latifundio.
(1) ¿Quién va a entrar a robar ganado o a cazar una mulita allí donde, entre los eucaliptus y pinos, sólo habitan cotorras y serpientes?
