Después de una larga agonía, ha llegado el final del gobierno de Dilma Roussef, cesada definitivamente tras la votación del proceso de impeachment en el senado brasileño por una amplía mayoría de 61 votos contra 20 a favor de la destitución.
Después de años de mucha euforia y propaganda de que el país había mejorado, sin tocar las viejas estructuras de la desigualdad, la interrupción de 14 años de gobiernos petistas es traumática.
Objetivamente el gobierno nació muerto.
Se puede decir que Dilma no gobernó ni un mes. Su segunda candidatura presidencial se disputó apostando de forma exacerbada en la cuarta disputa consecutiva contra el tucanato (nombre con el que se designa al equipo dirigente del PSDB. NT), representado en la figura de Aécio Neves, como forma de apartar a Marina Silva, lo que privó al país de ser testigo por primera vez en la historia de una segunda vuelta electoral entre dos mujeres salidas de las luchas sociales.
Desgastado ya por el inicio de las investigaciones de la operación Lava Jato (operación anticorrupción. NdT), además de fustigado por un antipetismo que atrajo todas las formas de odio reaccionario a lo largo de los años, el PT vio cómo se mantenía una polarización provocada después de las elecciones. Cuando Dilma anunció que aplicaría el programa de austeridad, contra el cual había derramado mucha labia en los debates, se dio la señal.
No habría ningún guiño a la izquierda, como se había preconizado en un exhaustivo proceso de campaña electoral, capaz de despertar, en la última recta, a una militancia que desde hacía años no ocupaba las calles para hacer política. Después de tanto empeño en elegir a Dilma, el anuncio de que la política económica tendría el sello Bradesco (segundo mayor banco de Brasil. NdT) fue un golpe desmoralizante.
Y si era para aplicar un ajuste fiscal de corte conservador aumentando tarifas y precios en general y congelando los instrumentos que marcaron el ciclo positivo del lulismo como el crédito y la revalorización del salario mínimo por encima de la inflación, quizás no era más necesaria la mediación del partido que ya no contaba con el apoyo entusiasta de las masas.
Ilusión desproporcionada
El soñado cambio de orientación no se produciría en el segundo mandato de Dilma. La racionalidad política interiorizada por el partido se mostraba invariablemente insensible a una serie de demandas de sus bases tradicionales, por no hablar de una generación que empezó a vivir la política y la vida adulta cuando el otrora partido movimiento ya gobernaba basándose en la conciliación de los polos sociales.
Mientras una parte del exgobernismo insiste en asociar las jornadas de junio con la salida a la calle de la derecha a partir de 2015, merece la pena recordar la postura del gobierno durante las movilizaciones de 2013 con toda su diversidad y descontrol.
Además de ver al alcalde de São Paulo, Fernando Haddad (PT), alineado con el gobernador Alckim (PSDB), inclusive a remolque del tucano en algunos momentos, el entonces Ministro de Justicia, Eduardo Cardozo, no solo mostró conformidad con la exagerada represión militar que había ayudado a los manifestantes a ganarse a la opinión pública, sino que sugirió la entrada en escena de la Fuerza Nacional de Seguridad.
Después de que millones de brasileños ocuparan las calles de las principales capitales y centenares de ciudades, en una insurrección que rodeó ayuntamientos y palacios de gobierno de diferentes Estados y transmitía un mensaje de deslegitimación de la clase política, Dilma finalmente se manifestó. Y los llamados "cinco pactos" anunciados por la mandataria no eran más que la reafirmación de los acuerdos sellados anteriormente.
Merece la pena recordarlos: responsabilidad fiscal, un plebiscito para consultar a la población sobre la reforma política, combate a la corrupción, inversiones en salud y un posible paquete de 50 000 millones de reales para obras de movilidad urbana.
"Fue lamentable que la presidenta presentara propuestas que no tenían nada que ver" comentó el Movimiento del Pase Libre (MPL) (Transporte público gratuito. NdT) tras ser recibido por la presidenta en Brasilia.
En resumen: una respuesta considerablemente conservadora, por no decir alienada, en relación a los anhelos de la calle marcados por un fuerte sentimiento de rechazo a las reglas de una juego alejado de la población. Además de eso, se pedía más eficiencia estatal en los servicios públicos, plataforma tradicional de los brasileños que dependen del empleo y del salario para acabar el mes.
Si había algún atisbo para un poco de osadía y "giro hacia la izquierda" en las propuestas petistas, la última oportunidad era aquella.
Pero lo que se vio fue la reanimación de los acuerdos de los que la gente se había cansado, seguida de un proceso de militarización de la política y de la llamada seguridad pública, bajo la coartada de la actuación de los llamados black blocs, que históricamente no tenía nada de inédita salvo la denominación que se convirtió en un taco en los corrillos políticos.
Más preocupado con la propaganda del éxito para ser refrendado por los megaeventos deportivos, el petismo se quedó al lado de los sectores que proponían aumentar el blindaje de una estructura puesta la desnudo por la revuelta popular más espontánea desde la que tomó las calles después del suicidio de Getúlio Vargas (Presidente de Brasil muerto en 1954 cercado por militares golpistas. NdT).
De esta manera, en vez de profundizar en la democracia, llegamos a su militarización. Primero la ley "antienmascarados" (veto al anonimato en las manifestaciones), aprobado por el gobierno de Rio de Janeiro, amparado en la muerte del cámara Santiago Andrade, de la TV Bandeirantes hasta hoy no aclarada por la policía pero que fue atribuida inmediatamente a los "vándalos".
A continuación, el Decreto de Garantía de la ley y el orden, que legalizaba la actuación de las fuerzas armadas en la fase de preparación y un poco más allá de la Copa del Mundo, para garantizar los intereses corporativos de la FIFA e intimidar a los manifestantes que marcaron la Copa de las Confederaciones.
La orden era evitar algo parecido a las jornadas que sacaron 10 millones de personas a la calle entre los días 17 y 30 de junio de 2013. Añádase que todo el paquete de medidas tuvo un amplio apoyo de los partidos que apoyan el gobierno.
Cuando ya se caía de podrido, el gobierno de Dilma aún ofreció un arma al gobierno ahora entronizado: sancionó la Ley Antiterrorista, cuya aprobación se produjo en el marco del aumento de atentados en el mundo y en el ascenso del Estado Islámico. Sin embargo, nada que no pudiera ser combatido de acuerdo con la legislación penal ya existente y los acuerdos internacionales firmados por el país, como recordó la abogada Camila Marques, de la ONG Artículo 19, en entrevista con este Correo.
Sin precedentes históricos como objetivo del terrorismo internacional, en vísperas de las Olimpiadas, vimos una operación de captura de oscuros ciudadanos brasileños sospechosos de asociarse con el grupo extremista.
Hasta ahora las autoridades no han presentado nada concreto. Sin embargo, militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ya han sido encuadrados en esta Ley de Seguridad Nacional, ahora factible de ser aplicada por un Ministro de Justicia que, en São Paulo, es recordado por liberar de la violación de derechos y protocolos a la Policía Militar. Su nombre está asociado a la reciente escalada armamentista y homicida el brazo armado del Estado.
El guiño es neoliberal
Mientras aplicaba el ajuste, los sectores gubernamentales mostraban la pérdida de toda su aura. Cuando Joaquim Levy anunciaba su paquete de recortes en las áreas sociales y laborales, las centrales sindicales respondían con un apático acto en la Avenida Paulista, en febrero de 2015. La resistencia fuerte y prepositiva pasaba a manos del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), liderado por Guilherme Boulos.
La CUT (Central Única de Trabajadores), incapaz de mover a sus bases insatisfechas que hacían diversas huelgas por todo el país, llamó para participar en actos convocados por el movimiento a favor la vivienda para colocar sus Scanias en la calle y cosa no rara, robando el programa. La conducta se repetiría en otras ocasiones como el 8 de marzo de este año cuando el fuerte rechazo de las mujeres a la agenda simbolizada por el ex aliado del gobierno Eduardo Cunha fue oscurecido por el "Quédate Dilma" impuesto, incluso con agresiones, por los sectores gubernamentales.
Faltaba muy poco. Galvanizadas por la saña de los medios de comunicación comerciales, las manifestaciones de corte conservador llevaron mucha más gente a las calles. Había días en las que la marca de la "rebeldía" era la camiseta de la selección nacional de fútbol de Brasil (CBF) fabricada por Nike con innumerables señales de rencor social e ideológico de los peores tiempos.
Al lado de esto, la Lava Jato había destruido cualquier resquicio de gobernabilidad y después de la llamativa conducción de Lula a la policía Federal y su oscuro episodio en el Aeropuerto de Congonhas, el gobierno se dirigía hacia sus últimos momentos. La frustrada nominación del expresidente para la Casa Civil el 17 de marzo, rápidamente bloqueada por el activismo del juez Gilmar Mendes en el STF (Supremo Tribunal Federal) y el bajo respaldo popular en la Explanada (espacio delante del Palacio de gobierno en Brasilia.NT): cerca de 5000 personas apoyando a Lula por un lado y en torno al mismo número de los llamados "coxinhas" de otro, mostraban que el romance con las masas estaba definitivamente acabado.
Además, si por un lado la característica de las manifestaciones conservadoras mediatizadas era ser de clase media blanca, con un nivel de renta superior a la media general y en la franja de 40-45 años, lo mismo se vio en las manifestaciones de desagravio a Lula en los días posteriores a su casi encarcelamiento. Y es conveniente remarcar que el ambiente era mucho más de solidaridad y nostalgia que de combatividad. En otras palabras, nada de "ojos inyectados de sangre" de quien exige cambios inmediatos. Cada uno a su manera, lulistas y conservadores cerraban las puertas a la juventud y a sus reivindicaciones directamente ligadas a la vida cotidiana.
"El capitalismo necesariamente tendrá que inventar algo nuevo. A medio y largo plazo, la aplicación de las medidas neoliberales puede generar procesos mucho más recesivos. Es muy difícil visibilidad las posibles alternativas.
En todas partes, el dominio del capital financiero sigue imbatible. El bloque del poder no ha cambiado en el mundo.
Por otro lado, hay una continuidad de las políticas neoliberales bajo una gran incapacidad de retomar el crecimiento. De ese modo, podemos especular con salidas aún más conservadoras" señaló el analista político Jose Correia Leite en una entrevista reciente con Correo.
Mucho que temer
La constatación es que el lulismo domesticó a sus bases más allá de lo recomendable.
El partido y sus seguidores no salieron de la casilla de defensa del "estado democrático de derecho", algo cuestionado por sectores militantes y ficticio en las periferias urbanas donde vive el llamado "subproletariado" que en los años de bonanza garantizó el apoyo dedicado al proyecto llevado a cabo por el gobierno Lula.
"O avanzamos en la democratización del sistema de representación y de la sociedad brasileña, o retrocederemos de forma muy acelerada a una dictadura más o menos velada. Eso ya ha ocurrido en el mundo. Regímenes políticos dictatoriales tiene apariencia democrática porque cohabitan con elecciones o algo por el estilo. La Turquía de Erdogan es un ejemplo. Aparentemente democrática, pero de hecho, una dictadura que impone un orden muy duro a los trabajadores. Y ese es el futuro que nos espera" alertó el sociólogo Ruy Braga.
Sin embargo, después de "una especie de Marcha de la Desfachatez, en la que los diputados se iban sucediendo en la tribuna y, en cada voto a favor del impeachment, se veía la maquinación de un sistema degenerado que buscó en todo momento salvar la propia piel del abismo", como dice Braga, el partido pedía calma a sus filas, que se respetasen los ritos y las formalidades y que el juego se desarrollara dentro de las normas preestablecidas por las instituciones y el STF.
Desarmada la resistencia de los sectores históricamente organizados, el impeachment llegó y un gobierno que no tiene proyecto de reelección toma posesión para hacer aquello que el petismo dudaba en hacer a partir de la dimisión de Joaquim Levy.
"El PMDB asume la centralidad delante de la impotencia del PT en ser, de hecho, un partido de izquierda y del PSDB de ser algo más que la expresión regional de una cierta burguesía, enclaustrada en São Paulo, Minas Gerais y una parte e Paraná, mientras que las burguesías brasileñas son más amplias. Nos estamos dirigiendo hacia un gobierno capitaneado por un grupo chantajista que va a implementar un programa de gran rapiña" analizó la historiadora Virginia Fontes.
¿Tiempos de rebeldía?
Recordando a las noches de junio, esta semana registró protestas en la Avenida Paulista (São Paulo) mientras avanzaba el proceso de impeachment en el Senado.
Eso mientras se estrenaba la película Acquarius, cuyo elenco hizo una famosa protesta en Cannes contra el "golpe de Estado" lo que le valió las represalias el Ministerio de Justicia que clasificó la película para mayores de 18 años. Ahora, con el Ministerio de Cultura marcado con la sumisión a las ideas de Temer, los directores Gabriel Mascaro y Anne Muylaert anuncian la retirada de sus películas en la disputa para la selección de las películas extranjeras de los Oscar.
Como también se vio en las calles de São Paulo en decenas de show en la Virada Cultural en mayo, el rechazo al gobierno de Temer y sus representantes deberá extenderse a la parte de la sociedad que no comparte los valores de quienes votaron el impeachment "por dios" , "por la familia", "por los nietos", "por la moralidad", "por los militares del 64".
Mientras la izquierda tradicional se da de cabezadas y busca nuevos discursos, diversos sectores de la clase media progresista, de las mujeres, de las personas LGBT, de la juventud de las periferias, de las artes y de la cultura, reforzados por algunos movimientos autónomos deben despuntar como baluartes de la contestación al nuevo gobierno.
