Los y las ciudadanas nicaragüenses, tenemos el derecho y el deber de elegir a los cargos de elección popular establecidos en la Constitución y de acuerdo con lo regulado en la Ley Electoral en elecciones libres, directas, secretas y universales que se verifican cada cinco años.
Sentada esta premisa, y vistos los artículos pertinentes de la Ley Suprema y las leyes de aplicación, el proceso electoral del próximo mes de noviembre, como nicaragüenses estamos llamados a votar a nuestras autoridades desde el presidente de la república, al vice-presidente, a nuestros diputados nacionales y departamentales y los del Parlamento Centroamericano, con la novedad de, por imperativo de la equidad de género, ahora el 50% de los candidatos -a excepción de la fórmula presidencial- son femeninos y otro 50% lo integran personas del género masculino.
Tenemos que tener en cuenta que para que podamos ejercer nuestro derecho al ejercicio del voto el ciudadano debe tener al menos dieciséis años y ser portador del documento que le avale su personalidad ya sea cédula de identidad y/o documento supletorio en su caso, y por supuesto presentarse ante su respectiva Junta Electoral y comprobar que se encuentra en la lista respectiva de la mesa.
Por tanto, nuestro derecho debemos ejercerlo en las condiciones antes dichas sin nada que nos restrinja o condicionen el voto, es así pues que nuestro voto es absolutamente libre y tomado en conciencia sin injerencias exteriores que le disminuyan su libre ejercicio.
En torno a las próximas elecciones se han producido hechos relacionados con el PLI, el que, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, debido a la litis que existía entre varias facciones del mismo se disputaban la titularidad de su personalidad jurídica y le fue despojada de la misma a la que tutelaba Eduardo Montealegre y adjudicada a la regentaba Pedro Reyes Vallejos, no pudiendo pues este grupo presentarse a las alecciones bajo la bandera del PLI.
Los elementos que propiciaron esta sentencia, son de todos conocidas, y no voy a entrar en los mismos porque desconozco el fondo del asunto, lo que sí creo con respecto al desafuero de los diputados que fueron electos en las anteriores elecciones, éstos tenían el pleno y absoluto derecho para terminar su periodo en la fecha que les correspondía.
La lástima es que en nuestro sistema electoral no existen recursos contra las decisiones que toma el CSE, y una vez tomadas pasan a ser cosa juzgada sin derecho a ulterior revisión interna, ya que este poder del estado es la máxima autoridad en materia electoral.
También en relación directa con este desafortunado e ilegal procedimiento hay que decir, porque es conocido de todos, que no todos los diputados que pertenecían a la bancada del PLI, desoyeron el llamado del nuevo presidente del PLI y se pasaron a su obediencia, por lo que no fueron desaforados y siguen ostentando su condición de diputados ya sea como propietarios o suplentes, está claro aquel famoso dicho que inmortalizó en la política nacional un magistrado del CSE, que se pasó de bando y dijo que la calle estaba dura.
Hechas estas reflexiones, volvamos al objetivo de nuestro artículo que es como decía al principio el derecho y el deber de los nicaragüenses a votar sin obstáculos y que hay otros miles de compatriotas que quieren ejercer su derecho a votar por quien les guste o convenza según sus programas o la personalidad de los candidatos que presentan los otros partidos que compiten en esta liza electoral.
Parece que el universo del voto solo lo tuvieran el FSLN y el antiguo PLI de Montealegre. No señores, hay otras opciones por las que votar y cada quién lo hará de acuerdo a sus convicciones, o sus intereses personales, de allí que no estamos por la labor de quienes pretenden arrogarse el derecho a ser los únicos que podían desde la oposición derrotar al FSLN, esto como muchas otras cosas que se dicen no es verdad.
Nadie, óigase bien, nadie, me puede impedir que yo vote por el candidato de mis preferencias, ya sea Maximino Rodríguez, el Rvdo. Cerrato, o cualquiera de los otros seleccionados por el PLC, por el APRE, por el ALN, por el partido Conservador o por cualquiera de las alianzas que presentaron sus candidatos en tiempo y forma.
Por otro lado, tampoco nadie me puede llamar a abstenerme de votar, porque aparte de estar prohibido legalmente de acuerdo con la Ley electoral, soy el dueño de mi voto, y tampoco nadie me puede llamar “sucio” porque ejerza mi derecho-deber, ya que esto se podría calificar como un chantaje y porque puede significar un daño a la integridad de los candidatos.
Si yo fuera candidato a algún cargo de elección popular, me querellaría contra quien pretenda causar un daño a mi imagen o a mi integridad personal, o es que acaso sólo los seguidores de Montealegre son los únicos limpios para oponerse al FSLN, creo que esto no es así, ya que pensarlo de esta manera, sería ser excluyente y exclusivista lo que nos lleva a derivar en autoritarismo, que es lo que ellos dicen combatir.
Buena prueba de que los eduardistas van o iban por la senda equivocada es que la sociedad civil, los gremios más importantes del país como el COSEP, ANCHAM, la Conferencia Episcopal y otros, están haciendo un llamado a votar en las próximas elecciones de noviembre en varios pronunciamientos al respecto.
Y por último tanto que se ha hablado de injerencia extranjera en los asuntos del país supuestamente hecha por los países del llamado bloque del socialismo del Siglo XXI, acaso no es lo mismo que hace Montealegre y su camarilla cuando van a Washington a llorar y pedir que intervengan en nuestros asuntos internos e incluso hacen lobby en contra de la Sra. Embajadora de USA en Managua, porque quieren que se pronuncie sobre asuntos que solo nos conciernen a nosotros los nicaragüenses.
Así que compatriotas nuestro derecho a votar no puede ser impedido de ninguna forma, sí somos nicaragüenses es hora que lo demostremos y votemos por quien sea el candidato de nuestra querencia, lo demás es cuento.
Por Dr. Armando Mena Cuadra*
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