La noche del pasado 15 de julio, un grupo de militares del Ejército turco trató de tomar el poder en Turquía.
Las ciudades de Ankara y Estambul fueron los principales escenarios de este intento de golpe de Estado que, según el último balance del ministerio del Interior, se cobró la vida de 246 personas y dejó más de 2.185 heridos.
Desde entonces, el presidente de país, Recep Tayyip Erdogan, y su Gobierno han ordenado la detención de casi 11.000 personas y el despido de aproximadamente 60.000.
A las purgas iniciales en el Ejército y el poder judicial, así como en varios ministerios públicos, se han sumado el estado de emergencia, la suspensión del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cierre de instituciones educativas y un fuerte control de los medios de comunicación.
El círculo del clérigo Fetulá Gulen, objeto de intensas purgas
Desde las primeras horas del golpe, las autoridades turcas apuntaron al clérigo Fetulá Gulen, enemigo político de Erdogan que actualmente reside en Estados Unidos, como el "cerebro" de la sublevación militar. Ankara ha solicitado de formal oficial a Washington su extradición, pese a que Gulen ha negado cualquier implicación en la intentona golpista.
Reuters
El Gobierno turco le acusa de ser el máximo responsable de la creación de una "estructura paralela" de poder dentro de las propias instituciones estatales con influencia en los tribunales, la policía y otros organismos que han sido objeto de intensas purgas siguiendo las órdenes del mandatario turco, quien prometió una limpieza profunda de las estructuras del Estado durante el entierro de las víctimas.
El estado de emergencia, la confirmación de la deriva autoritaria
A las purgas iniciales en sectores del Ejército, la policía y el poder judicial, así como en varios ministerios públicos, e incluso, el sector privado, se sumó, cinco días después del golpe, la declaración del estado de emergencia en todo el país durante tres meses. La decisión fue anunciada por Erdogan el 20 de julio y aprobada por el Parlamento turco un día después. Según la propia Constitución turca, esta cámara, además, puede prorrogar esta medida de excepción todas las veces que lo juzgue necesario, cada vez por un máximo de cuatro meses.
El estado de emergencia permite a las autoridades turcas, entre otras medidas:
Imponer el toque de queda.
Limitar la libertad de movimiento y circulación de los ciudadanos.
Hacer registros sin autorización judicial previa.
Prolongar el periodo de detención preventiva, que hasta el estado de emergencia era de 48 horas.
Cancelar la libertad de reunión: prohibir o posponer concentraciones y marchas.
Suspender las actividades de las organizaciones no gubernamentales
Suspender contratos laborales.
Prohibir o censurar publicaciones de prensa, radio y televisión.
Controlar y prohibir discursos públicos, guiones, películas, imágenes, obras de teatro, así como grabaciones de audio y video
Someter la importación de publicaciones extranjeras a autorización previa.
Instituciones educativas y las ONG, las más afectadas
Las purgas y el estado de emergencia han sumido a Turquía en una aparente deriva autoritaria por parte de su presidente, que quiere acabar con todo el movimiento educativo, cultural y religioso que el clérigo Fetulá Gulen tiene en el país en forma de centros educativos, organizaciones y otras instituciones benéficas.
Hasta el momento, el Gobierno ha ordenado el cierre de 1.043 escuelas privadas, 1.229 organizaciones benéficas y fundaciones, 19 sindicatos, 15 universidades y 35 instituciones médicas. Además, al menos 21.000 maestros de enseñanza privada han sido despedidos, 1.600 decanos universitarios forzados a dimitir y 15.200 funcionarios del ministerio de Educación han perdido su trabajo, según las diferentes informaciones recogidas por los medios turcos, entre ellos, la Agencia semiestatal Anadolu.
Despidos masivos en el Ejército, el poder judicial y varios ministerios, entre otros
Las instituciones educativas y las ONG no son las únicas afectadas por la oleada de despidos ordenadas por Erdogan. En total, unas 60.000 personas han sido cesadas, despedidas y apartadas de sus cargos desde el fallido golpe militar.
Más de 8.500 trabajadores del ministerio de Interior han sido suspendidos, la mayoría de ellos policías. A esta alarmante cifra, hay que sumar 5.000 empleados del sistema sanitario turco que han perdido su trabajo, 3.000 jueces y fiscales cesados de su cargo, así como los 1.500 empleados del ministerio de Finanzas que han sido despedidos.
Osman OrsalReuters
Esta oleada de despidos ha llegado, incluso, a la compañía aérea Turkish Airlines, que ha cesado a más de 200 empleados, entre ellos miembros de la tripulación y cargos directivos.
El resto de destituciones afectan a clérigos y maestros religiosos, trabajadores de la oficina del primer ministro y miembros de los servicios de inteligencia.
Más de 10.000 detenidos, la mayoría militares
La última cifra oficial de detenidos la ofreció el propio presidente Erdogan, el pasado miércoles, durante una entrevista con la televisión árabe Al Jazeera, en la que confirmó que un total de 10.937 personas habían sido arrestadas en Turquía desde la sublevación militar.
Más de la mitad de los detenidos son militares, aunque también hay numerosos policías, jueces y fiscales.
Umit BektasReuters
Esta es la misma cifra de detenidos que baraja la organización internacional Amnistía Internacional, que este domingo ha acusado a las autoridades turcas de graves vulneraciones de los derechos de las personas detenidas.
La ONG asegura haber recibido "pruebas creíbles" de que la policía turca en Ankara y Estambul mantiene a los arrestados en situación de estrés "durante un máximo de 48 horas", negándoles alimentos, agua y tratamiento médico, y amenazándoles.
"En los peores casos algunos han sido sometidos a golpes y torturas graves, como la violación", afirma la organización en un comunicado.
Por otro lado, las autoridades turcas también confirmaron este fin de semana que Halis Hanci y Muhammet Said Gulen, el asistente principal y el sobrino del clérigo Fetulá Gulen, respectivamente, han sido detenidos por su implicación en el golpe.
Además, anunciaron la disolución de la guardia presidencial tras la detención de casi 300 miembros de esta institución. Este cuerpo está constituido por 2.500 miembros y el Gobierno turco considera que, de ellos, 283 estuvieron implicados en la intentona y, concretamente, en la toma de control de la cadena estatal TRT para obligar a su presentadora a leer el comunicado que anunciaba la ley marcial y el toque de queda en todo el país.
Purga en los medios de comunicación
Los medios de comunicación también se han convertido en un objetivo del Gobierno turco. La fiscalía del paísordenó el domingo el arresto de 42 periodistas que "pertenecen a la rama de medios de comunicación" del imperio económico vinculado a Gulen.
Entre ellos se encuentra la periodista Nazli Ilicak, figura destacada de la profesión, despedida del diario progubernamental Sabah en 2013 por haber criticado a ministros implicados en un escándalo de corrupción.
Osman OrsalReuters
Además, la policía confiscó, el pasado 20 de julio, las tiradas de los periódicos 'Meydan' y la revista satírica 'Leman', según la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), que denuncia en un comunicado que más de 300 empleados de medios públicos están siendo investigados, en concreto los del canal nacional TRT y la Agencia Anatolia.
Por otra parte, el Consejo Supremo Autodiovisual Turco (RTÜK) ha revocado la licencia de al menos 24 empresas de radio y televisión vinculadas a la oposición.
Destaca también la decisión del Gobierno de Erdogan de restringir el acceso a los casi 30.000 mails y documentos institucionales publicados por WikiLeaks. Los correos provienen del dominio adjudicado al partido AKP, que lidera el Ejecutivo, y se remontan al año 2010.
Restablecer la pena de muerte, ¿próxima medida del Gobierno turco?
Una de las decisiones del Gobierno turco que más controversia ha provocado en el exterior es el anuncio, el 21 de julio, de que Turquía suspenderá temporalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Este marco internacional garantiza derechos como la libertad de expresión, la prohibición de la pena de muerte, los tratos degradantes y la tortura, entre otros.
Así, con esta medida, el Gobierno turco podrá restablecer la pena capital, abolida en 2002, aunque debería hacer cambios en la Constitución turca.
El propio presidente, tres días después de la intentona, afirmó en una entrevista al canal estadounidense CNN, que los ciudadanos turcos quieren que se aplique la pena de muerte a los organizadores del golpe.
"El pueblo ahora, tras tantos incidentes terroristas, cree que estos terroristas deberían morir", afirmó el presidente turco, añadiendo: "¿Por qué tengo que mantenerlos y alimentarlos en cárceles durante años?”.
No obstante, tendremos que esperar para ver si la aparente deriva autoritaria que sufre Turquía acaba en un restablecimiento de la pena capital.
María Jesús Vigo Pastur
